lunes, 14 de diciembre de 2015

La mordaza de género: prohibido criticar a una ideología que demoniza a los hombres

Elentir analiza la nueva mordaza de género, en la que está prohibido criticar a una ideología que demoniza a los hombres, y que viola la igualdad ante la ley y el derecho a la presunción de inocencia amparados (en teoría) por la Constitución (pero es lo que ocurre cuando la Justicia está designado por el poder político).

Significante importancia (por vergonzosa) es la cuestión de la ocultación de cifras que no interesan a la causa.

Que esto pase en un país que se dice democrático y no totalitario es para hacer reflexionar a mucha gente.


Artículo de Contando Estrelas:




Ayer mi paisana Marta Rivera de la Cruz fue víctima de un linchamiento por decir que “es tan grave que un hijo vea cómo su padre mata a su madre que que vea cómo su madre mata a su padre”.

Una ley que vulnera la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia

Significativamente, en ese linchamiento participó también el PP, abrazando otra vez los dictados ideológicos de la izquierda, en este caso a una ideología de género cuyos orígenes totalitarios están en la izquierda más extrema. En esto, al menos, el PP es coherente con su acción de gobierno: Rajoy ha mantenido las leyes ideológicas del PSOE, también la que discrimina a los acusados de violencia doméstica si son hombres. Aprobada en 2004 y llamada Ley de Violencia de Género, es una norma injusta y discriminatoria que aplica a los hombres una presunción de culpabilidad puramente totalitaria, según la cual la palabra de una mujer al poner una denuncia por violencia doméstica basta para obligar al denunciado a probar su inocencia. Además, la ley establece penas distintas en función del sexo del maltratador, con independencia de cuáles sean las circunstancias del caso o las aptitudes físicas del agresor o agresora. Esto viola la igualdad ante la ley y el derecho a la presunción de inocencia amparados por la Constitución.

Así bendijo la ley un TC presidido por una magistrada designada por el PSOE

En 2008 el Tribunal Constitucional bendijo esa ley injusta por siete votos a favor y cinco en contra, y partiendo de este planteamiento: “una agresión supone un daño mayor en la víctima cuando el agresor actúa conforme a una pauta cultural —la desigualdad en el ámbito de la pareja— generadora de gravísimos daños a sus víctimas”. Con esta afirmación el TC prejuzgó todos los casos de violencia doméstica como fruto de una “pauta cultural”. El TC honraba así su condición de órgano político, que no judicial, al dar por hecho que las mujeres que son víctimas de un acto de maltrato lo son, en realidad, de una cultura machista. La presidenta del TC era entonces la progresista María Emilia Casas, propuesta por el PSOE, el mismo partido que había aprobado esa ley.

La Ley de Violencia de Género disparó las denuncias falsas

Hay que señalar que en los siete primeros años de la aplicación de esa ley los Juzgados de Violencia sobre la Mujer recibieron 1.034.613 denuncias. Éstas dieron lugar a 328.045 sentencias, 207.997 de las cuales fueron condenatorias (el 20,10%) y 120.048 absolutorias (el 11,6%). En 706.568 casos (el 68,29%), los hechos no llegaron a juzgarse. En esos siete años resultaron exculpados el 79,89% de los denunciados en aplicación de esta ley, un total de 826.616 casos, una cifra que deja en evidencia la enorme cantidad de denuncias injustificadas, cuando no falsas, a las que ha dado pie esa ley. Hay que señalar que en 2006 y tras constatar que las denuncias falsas habían aumentado, el Ministro socialista que promovió la ley las consideró un “coste soportable”. El Ministro era Juan Fernando López Aguilar. El coste ya no le debió parecer “soportable” cuando en 2015 él mismo fue víctima de una denuncia por maltraro que él tachó de “denuncia falsa”.

Los hombres asesinados por sus mujeres ya no existen en las estadísticas

La aprobación de la ley permitió también una manipulación estadística. Hasta entonces el Estado contabilizaba a las víctimas de la violencia doméstica, fuesen hombres o mujeres. En 2004 31 varones fueron asesinados por sus parejas femeninas. En 2005 fueron 56. En 2006 fueron 37. En los seis años siguientes la elaboración de estas estadísticas fue pasando constantemente de manos (del Ministerio del Interior al Servicio de Inspección del CGPJ, de éste al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, y de éste al Ministerio de Sanidad). Entre tanto, en 2007 morían 19 varones, en 2008 fueron 33. Cuando el Observatorio contra la Violencia de Género se hace cargo del recuento, significativamente las cifras caen: 10 hombres muertos en 2009, 7 en 2010 y otros 7 en 2011. Entonces llega el PP al gobierno pero deja intactas las leyes del PSOE. Se hace cargo el Ministerio de Sanidad y cesa el recuento. Desde 2012 a nivel oficial ya no hay hombres muertos por violencia doméstica en España. Para el gobierno no existen. A pesar de ello, se siguen produciendo muertes de varones a manos de sus parejas femeninas. Este año ya han sido asesinados 29 hombres por mujeres en casos de violencia doméstica: tampoco aparecerán en las estadísticas oficiales. Muchos medios no hablan de ellos, y cuando lo hacen se deja un margen a la sospecha sobre el fallecido: si le mató una mujer, entonces “algo habrá hecho”.

Niños, ancianos, discapacitados y homosexuales: los otros olvidados

Pero los varones adultos no son los únicos que han desaparecido de las estadísticas oficiales sobre violencia doméstica (renombrada como “violencia de género” para sólo registrar delitos que tengan a mujeres como víctimas). En 2013 el gobierno hizo una corrección estadística para contabilizar a los niños muertos, pero sólo cuando el autor del crimen es el padre o pareja masculina de sus madres. En el resto de los casos, los muertos no existen. Sin contar el asesinato de Asunta Basterra (por el que han sido condenados recientemente el padre y la madre), en 2013 hubo 17 menores asesinados por sus padres: en 10 de los casos, la autora del crimen fue la madre, y en uno más la madre colaboró en el crimen. Al concluir el año, Sanidad sólo contó 6 de los crímenes en sus estadísticas. Pero los niños no son los únicos que sufren el silencio ideológico impuesto por esta ley. En 2014 UPyD pidió que la ley incluyese la violencia en las parejas del mismo sexo, y la que sufren discapacitados y ancianos en el ámbito doméstico. Las peticiones del partido magenta no sirvieron de nada: el PP y los demás partidos hicieron caso omiso.

El objetivo del linchamiento a Rivera: que sirva de escarmiento a otros

Como podéis ver, hay argumentos de sobra para manifestar serias objeciones a esa ley. Pero su aprobación dio lugar a una auténtica mordaza de género que no admite ninguna crítica hacia esa norma tan discutible. Esa mordaza es la que intentaron ponerle ayer todos los que participaron en el linchamiento político, mediático y tuitero contra Marta Rivera de la Cruz. Ayer la linchada pasaba por el aro de los linchadores, declarándose “arrepentida” y confesando: “quizás no tenía que haber hablado”. Pero este acto de contrición no le servirá de nada. El feminismo de género, que se ha instaurado en España como una doctrina oficial y obligatoria, de la que nadie puede discrepar, no conoce el perdón. Con el linchamiento a Marta Rivera no esperaban su rectificación, sino que sirviese de escarmiento al resto, para que nadie más tenga la osadía de cuestionar una ley tan cuestionable y que, como vemos, ni siquiera ha logrado acabar con las muertes de mujeres, lo cual no es tanto un fracaso de dicha ley -cuyo fin no era otro que usar esas muertes como coartada para imponer ideas- como un hecho difícil de evitar a nivel legislativo, como bien explicaba Alicia Rubio en este artículo: “Antes de la famosa y vergonzante LIVG (Ley Integral de Violencia de Género), la tasa de uxoricidios era una media de 49 en una población de 22.000.000 de mujeres, probablemente tan cerca de la tasa de inevitabilidad y, aunque se hicieran grandes esfuerzos, quizá fuera complicado bajarla por simple imposibilidad de controlar imponderables.” Una ley nunca podrá garantizar la ausencia total de delitos, y menos aún una ley que demoniza a los hombres y que interpreta la sociedad desde una óptica ideológica totalmente ajena a la realidad.

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