Juan R. Rallo analiza la leyenda tan extendida (por motivos obvios) de que el PP ha desmantelado el Estado de Bienestar tras su llegada al poder a partir del 2012.
Pero lo que muestran los datos (cifras 2011-2014 de gasto público proporcionadas por la Intervención General de la Administración del Estado), muestra una realidad muy distinta, y de la que se desprenden dos conclusiones obvias.
Artículo de su blog personal:
Cuenta la leyenda que la llegada al poder del Partido Popular supuso un completo desmantelamiento del Estado de Bienestar a partir del año 2012: a saber, que el gasto público en educación, sanidad y protección social sufrió un recorte tan brutal que ha impedido desde entonces la normal prestación de todos estos servicios. Sucede que, en contra de esta extendida narrativa, hemos conocido esta semana las cifras de gasto público proporcionadas por la Intervención General de la Administración del Estado y de ellas se desprende una imagen muy diferente: entre 2011 y 2014, el gasto público en educación cayó un 10%, en sanidad se redujo un 8,5% y en protección social aumentó un 1,8%.
En conjunto, si agregamos el gasto público de estas tres partidas, observamos que en 2011 el llamado “gasto social” totalizó 296.000 millones de euros, mientras que en 2014 se ubicó en 289.000 millones. En otras palabras, el tan cacareado “austericidio” apenas ha consistido en un recorte en el “gasto social” del 2,5% entre 2011 y 2014: debe de ser que un servicio público se desmantela cuando pasamos de gastar 100 a desembolsar sólo 97,5. Acaso los haya quienes consideren que el muy moderado recorte del gasto social se debe al aumento de las prestaciones por desempleo, pero no: las ayudas contra el paro se reducen desde 32.000 millones de euros en 2011 a 26.000 millones en 2014; de hecho, si las excluyéramos de nuestro cómputo agregado, el gasto social apenas habría caído un 0,4% durante esta legislatura. A partir de aquí, dos conclusiones parecen obvias.
La primera, que toda la campaña política construida en torno a la mitología de los “recortes sociales” sólo constituye un eficacísimo ejercicio de propaganda partidista dirigida a captar votos para así acceder a las instituciones. La segunda, que el margen para recortar el gasto público en España —incluidas muchas partidas del “gasto social”— sigue siendo muy considerable: pese a las —en este caso sí— brutales subidas de impuestos de la pasada legislatura, nuestras Administraciones Públicas siguen exhibiendo uno de los déficits públicos más elevados de Europa, disparando el conjunto de la deuda del Estado hasta el 100% del PIB. No nos dejemos engañar por la aparente recuperación: seguimos necesitando de un profundo adelgazamiento del sector público que permita revertir todas las mordidas impositivas recientes. Menos gasto público y menos impuestos: pero no en los pasquines populistas especializados en distorsionar la realidad, sino —de una vez— en el BOE.
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