Economía y bien común

Gabriela Boragina analiza la cuestión del bien común y su relación con la economía, diferenciando la visión estatista, tan presente e impuesta, de la liberal. 

Artículo del Instituto Mises Cuba:

Es bastante popular la idea de que la economía debe subordinarse al bien común (tema al que nos hemos referido en otras ocasiones). Sin embargo, no hay un concepto univoco en torno a la expresión “bien común”, la que -como tantas otras- es interpretada de manera diferente conforme la óptica de las personas que tratan de definirla. A grandes rasgos -y sin, por supuesto, agotar el tema- podemos decir que hay dos ángulos de visión bien disímiles respecto de lo que se denomina “bien común”. Uno, del lado de los estatistas, y otro del opuesto, representado por los anti-estatistas o no-estatistas. Bajo estos dos últimos rótulos se agrupan los liberales o libertarios (ya sea que estas dos últimas palabras se tomen como sinónimas o no). Veamos algunos ejemplos del empleo de la locución “bien común” en manos de los estatistas. Un caso, en nuestro tema económico, es el que se presenta por el lado del banco central y el manejo de la moneda:

“Se dice que resulta necesario el monopolio del banco central porque brinda poderes reguladores discrecionales, sin los cuales una economía no puede dirigirse hacia el bien común. El Sistema de la Reserva Federal, según su conformación actual, es el resultado de una ideología de esta naturaleza. Los siete directores que dirigen el Sistema son los voceros de los poderes y privilegios del banco central. Pueden discrepar con los miembros del Congreso y la administración respecto de la persona o personas que deben ejercer la autoridad y manejar el poder, pero nadie en el gobierno cuestiona la razón fundamental de su poder monopólico sobre el dinero y la banca. No resulta aconsejable formular preguntas sobre el monopolio del dinero”. [1]

Como se advierte de la cita transcripta, parece desprenderse que, en el caso, los que definen “que es” el “bien común” son los directores de la banca central (el modelo es aplicable no solamente al caso de la banca central estadounidense –FED- sino a cualquier banco central de cualquier país del mundo, ya que hoy en día la enorme mayoría de ellos tienen un banco central o un sistema de monopolización de moneda que haga sus veces). Pero, fácil es de ver que, no existe argumento lógico, jurídico, económico, racional ni moral por el cual pueda justificarse que el gobierno sea el que deba tener el monopolio de definir, establecer o determinar qué cosa sea o no sea el bien común. Tampoco concurren tales argumentos que justifiquen que los gobiernos puedan delegar en otras reparticiones o departamentos de su dependencia definir el tópico en estudio y mucho menos regularlo.

Examinemos ahora la misma noción de bien común, pero desde la visual opuesta, es decir, la de un liberal clásico, que -tomando el tema de los precios- establece relaciones entre ellos y el bien común:

“Bajo esas condiciones, los precios libres reflejan como dijimos la escasez relativa de un bien, esto es, cuánto el bien es demandado por los consumidores y cuánta es la oferta ofrecida para ese bien o servicio en cuestión. En ese sentido dijimos que el precio es un mensaje, que es leído, o sea interpretado, por oferentes y demandantes, y como todo mensaje, si es falseado o distorsionado, se interpretará incorrectamente y las consecuencias para el bien común serán negativas. Y una de las principales causas de distorsión de ese mensaje es la intervención del gobierno.”[2]

Comencemos por aclarar que las “condiciones” a las que se refiere la cita anterior son las de un marco jurídico para la aparición de un mercado libre. Desde esta perspectiva, la intervención gubernamental atentaría contra el bien común, dado que la distorsión que dicha injerencia produce en el mercado le acarrea consecuencias negativas. Entonces, desde un sesgo estatista es el gobierno, o cualquiera de sus órganos o dependencias, el encargado de definir y -acto seguido- tutelar el bien común, para lo cual son necesarias -y hasta podría decirse imprescindibles- sus medidas de injerencia directa o indirecta de los mercados, en tanto que conforme a un enfoque liberal es precisamente a la inversa, y son estas políticas gubernamentales las que atentan, interfieren o dificultan (y en el caso extremo, hacen imposible) al bien común.

En una línea semejante a la anterior se orienta el siguiente autor cuando dice:

“Estos efectos recíprocos no sólo son asegurados por el hecho de que el intercambio y la cooperación dentro de los mercados libres solo toman lugar cuando benefician a todos los participantes. También, el orden legal y económico como base de la dimensión social de la política liberal establece las reglas y las normas mínimas que aseguran la congruencia de las acciones individuales con el bien común”[3]

De aquí, podemos inferir que el bien común aparece cuando se benefician todos los participantes, y este provecho que ellos obtienen se deriva -inmediata o secundariamente- del “intercambio y la cooperación dentro de los mercados libres”. O sea que, fuera de estos parámetros el bien común o se esfuma o derechamente no surge en forma alguna. El “orden legal y económico” tiene que ir en consonancia con esta finalidad, caso contrario el resultado será idéntico a aquel en el cual los intercambios y la cooperación no florecen o se dan esporádicamente. Es por eso que, acertadamente, se los señala como base de “la dimensión social”, y podemos ir más allá y decir que son constitutivos de la sociedad en sí misma como tal. Máxime cuando -a través de dicho orden legal y económico- se apunta al establecimiento de una política liberal, lo que permite sugerir un diseño que la sociedad se da a sí misma.

Desde nuestro propio punto de vista, no existe oposición ni antagonismo entre bien común y bien individual entendido aquel como la resultante de la sumatoria de estos últimos. Allí donde se viole el derecho de al menos una persona no puede hablarse en justicia de bien común.

[1] Hans F. Sennholz. “Moneda y libertad”. Revista Libertas IV: 7 (Octubre 1987) Instituto Universitario ESEADE, pág. 2

[2] Gabriel J. Zanotti “ECONOMÍA PARA SACERDOTES VII: LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO EN LOS PRECIOS”. Para Instituto Acton Argentina. Febrero de 2011. Pág. 1

[3] Hubertus Müller-Groeling-“La Dimensión Social de la Política Liberal”- Publicado por Fundación Friedrich Naumann (FFN)-Oficina Regional América Latina-Pág. 6