lunes, 19 de diciembre de 2016

¿Pagar impuestos por perder dinero?

Daniel Lacalle analiza la polémica propuesta de Hacienda de limitar las deducciones del Impuesto de Sociedades por pérdidas, que no tiene otra finalidad que la recaudatoria, y mostrando hacia dónde debiera ir la política fiscal para no perjudicar el crecimiento económico, el empleo, los salarios y la inversión, algo de suma importancia, y que efectivamente y por desgracia no es apoyado por ningún grupo parlamentario con las medidas que plantea. 

Artículo de El Español: 
“I tripped and fell, and did I fall”, Michael Stipe.
La polémica creada por la propuesta de Hacienda de limitar las deducciones del Impuesto de Sociedades por pérdidas anteriores a 2013 ha sido muy importante. En El Español, John Muller resumía perfectamente las dudas y la controversia
Vayamos primero a la motivación. Por supuesto, es claramente recaudatoria, pero afecta a un universo de empresas muy pequeño. Merece la pena acotar la polémica a su perímetro de impacto real.
En España, las bases imponibles consolidadas (la parte de los resultados sujeta a gravamen) se desplomaba entre 2007 y 2015 de 177.514 millones de euros, por acumulación de pérdidas en la crisis, a 80.591 millones. Menos de la mitad. 
Esa caída de la base imponible, se genera fundamentalmente en quince empresas, los bancos y grandes conglomerados industriales españoles que acumularon una gran cantidad de pérdidas tras la enorme expansión internacional y adquisiciones a múltiplos extremadamente altos. Si uno mira desde el punto de vista de impacto económico, solo afecta a deducciones por pérdidas anteriores a la recuperación y la inmensa mayoría de esas pérdidas son por expansiones internacionales fallidas. La inmensa mayoría de las empresas no sufre la medida. Recordemos que el 50% de la recaudación del Impuesto de Sociedades viene del 1% de las empresas.
Todas esas empresas siguen funcionando y vuelven a generar beneficios, con mayores o menores dificultades, pero lo que busca Hacienda no es negar el derecho a deducir pérdidas de la base imponible, sino limitar la cantidad máxima y diferirlo a un periodo de cinco años.
Ese es el espíritu de la ley, pero es cierto que se puede haber dejado insuficientemente aclarado y que tenga que especificarse en el texto legal definitivo para que no tenga un impacto muy negativo sobre un amplio universo de empresas medianas y pequeñas que han sufrido pérdidas patrimoniales en el pasado. 
Claramente se busca un efecto recaudatorio en empresas que han recuperado su generación de caja, que siguen existiendo y que básicamente supone periodificar en un mayor periodo de tiempo el agujero creado durante la crisis para aumentar los ingresos tributarios. La explicación, desde el punto de vista de Hacienda, es simple. Es un mínimo esfuerzo para unos grandes conglomerados que ya no se encuentran en peligro -recordemos que entre 2007 y 2012 algunos sí estuvieron al borde de la quiebra- y, con ese esfuerzo, se evita hacer daños mayores a todas las empresas, ya que el gasto público va a volver a crecer y no existe un solo partido en el arco parlamentario que pida lo contrario
Por supuesto que es una medida recaudatoria, si quieren llámenla parche, pero recordemos que el grave riesgo de las propuestas de muchos otros partidos con respecto a las deducciones del impuesto de sociedades es que pretendían eliminarlas todas, con un impacto enorme en creación de empleo e inversión que sí que hubiera alcanzado a un universo amplio de empresas.
Por lo tanto, sí, es una medida de “mal menor” ante una batería de propuestas que se podrían haber llevado por delante la recuperación. Sobre todo, es una medida que sería innecesaria si no se hubiera incrementado el gasto y si esos mismos partidos que la critican no exigieran aumentos insostenibles.
Pero no se trata de justificar una medida de corto plazo para cumplir un objetivo de déficit, sino de evitar una alarma innecesaria. No afecta al tipo efectivo a medio plazo, no obliga a empresas en pérdidas a tributar ni ataca el principio de capacidad económica. Como explica John Muller en el artículo, al cabo de cinco años, una pérdida de 100 genera un impuesto sobre beneficios de 10… solo si el resto del negocio y los beneficios son superiores. Vamos, es una subida del tipo efectivo que afecta en su inmensa mayoría a esas 15 grandes empresas y conglomerados que mencionábamos y no al 99,9% de las empresas de España. 
Que quede claro. Esto no es defender la medida, es aclarar conceptos que pueden haber sido malinterpretados.
Pero lo que nos muestran tantas propuestas sobre el impuesto de sociedades es que son inútiles a medio plazo para solucionar el problema estructural: el tamaño y productividad de nuestro tejido empresarial.
La razón por la que se recauda menos por impuesto de sociedades no se encuentra en las ideas mágicas de un partido u otro que desde la oposición siempre tienen una brillante ocurrencia para solventarlo todo.Ya lo explicamos aquí en “mitos y mentiras del Impuesto de Sociedades”, en España no vamos a aumentar la recaudación rascando con métodos más o menos confiscatorios de lo que quede del desastre económico. La voracidad recaudatoria de unos y otros no va a solucionar un problema de estructura empresarial. Recordemos que en España aún hoy, casi el 56% de las empresas se encuentran en pérdidas según datos de la Agencia Tributaria. 
Lo repito. España necesita una revolución fiscal, pero es la contraria a la que nos intentan hacer digerir algunos.
Para aumentar la recaudación del impuesto de Sociedades lo que hay que hacer es restaurar las bases imponibles atrayendo más empresas e inversiones de alto valor añadido. Bajando impuestos, como están haciendo las economías líderes. Un tipo único y bajo. Y atraer muchas más grandes empresas. Siempre lo digo. Demonizar a las grandes empresas es ideológico, no lógico. Se necesitan muchas más que se unan a los conglomerados de sectores en declive, de bajo crecimiento y baja rentabilidad para mejorar la productividad y el patrón de crecimiento del país. 
Algún día entenderemos que no se mejora la recaudación hundiendo la atracción de capital, y que con bajos impuestos se recauda más y mejor.
La evidencia de 21 países líderes demuestra que bajar impuestos y controlar el gasto mejoran el crecimiento económico
Sigamos recordando. España es un país de empresas muy pequeñas, muy cíclicas y con conglomerados y multinacionales con debilidades estructurales que eran ya evidentes en la época de bonanza. Hay que atraer muchas más empresas, mucho más grandes y crear mayor empleo. Cualquier otra medida fracasará y estaremos hablando de lo mismo en seis años. 
Pero políticamente vamos de mal en peor. El problema de las medidas alternativas que plantea el conjunto de la oposición es que van en el sentido contrario al resto del mundo y la lógica económica. Y por lo tanto tienen un impacto negativo en inversión y creación de empleo mayor. Mientras se demoniza a las empresas porque no tienen los resultados que justifican nuestras estimaciones de hoja de Excel, y que no recaudamos lo que decimos que queremos, la capacidad recaudatoria a medio plazo se resiente. 
Solo existe una política fiscal que funcione a largo plazo. La que atrae más capital, más inversión y, por lo tanto, no nos lleva a preocuparnos cuando los sectores cíclicos tributan menos o una industria entra en declive. Esa política fiscal no es la de rascar lo que queda, sino la de plantar la semilla del cambio de patrón de crecimiento vía fiscalidad atractiva.
Algún día dejaremos de pensar en inútiles términos recaudatorios a corto plazo y empezaremos a pensar en bases imponibles y beneficios a largo plazo. Es muy peligroso que la tendencia en materia fiscal sea la contraria a la de los países líderes. Con Reino Unido, EEUU, las principales economías de Asia. O aprendemos ya que bajando impuestos recaudaremos más y mejor, o en pocos años tendremos la misma retahíla porque no cumplimos el déficit.

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