miércoles, 28 de diciembre de 2016

El socialismo tampoco soluciona la corrupción. La agrava. Procesan a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción y le embargan 660 millones de dólares

La Justicia argentina determinó hoy el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por asociación ilícita y administración fraudulenta en una causa que investiga presuntas irregularidades en la concesión de obra pública durante su mandato. Además, se ordenó un embargo de 10.000 millones de pesos (unos 664 millones de dólares), quedando acreditado que formó parte de una asociación que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015. "Destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial".


Cristina Fernández de Kirchner, en una imagen de archivo. | Cordon

Pero el socialismo y las políticas de "la gente" (como se esfuerzan en vender y propagar para jugar con los sentimientos de la gente) era la solución también a la corrupción y a las élites extractivas que se originan a partir de la política. 

Una vez más, queda de manifiesto que no solo son un fracaso en el ámbito económico que perjudica especialmente a los más necesitados (por los que dicen luchar para ganar su apoyo y alcanzar el poder acompañada de la demagogia vil), generando nuevas y mayores élites extractivas a la sombra y en connivencia con el poder político para expoliar al ciudadano de diversa manera. 

También son los gobiernos más corruptos, como así indican los distintos índices internacionales que lo miden. Tenemos, por citar los más sangrantes, los ejemplos de la Venezuela de Maduro, la Brasil de Rousseff, la Cuba de Castro o la Argentina de Fernández de Kirchner. 

Y hay una sencilla explicación de por qué ocurre todo esto. Precisamente los países que menos libertad económica permiten (no por casualidad los países con mayores libertades económicas y más capitalistas son los menos corruptos del mundo) son los más corruptos puesto que controlan toda actividad económica. Fagocitan a la sociedad civil, burocratizan la economía con crecientes controles y regulaciones arbitrarias, que hace que todo pase por ellos y bajo su autorización. Ellos deciden qué se puede hacer, quiénes y en qué medida. Todo esto da lugar a clientelismos, incentivos perversos a la corrupción, al enriquecimiento ilícito, a sobres bajo la mesa, al desvío de dinero, al sobrecoste...

La actividad económica se corrompe. No depende de lo bien que se sirve al cliente, sino de la conexión política-burocrática-funcionarial que tengas. Para hacer negocio y poder hacer una actividad necesitas licencias y permisos que corrompen al burócrata, creando incentivos perversos para comprar sus favores y venderlos a cambio de dinero. Se maneja el dinero de terceros (impuestos) con fines electorales y en beneficio propio. Incita al mal egoísmo. No el que surge de la llamada mano invisible de Smith, que para enriquecerse un panadero debe servir a los demás dándoles lo que ellos necesitan, pan, beneficiándose así ambas partes. El Estado y la burocracia lo hace en beneficio propio, apropiándose a la fuerza del dinero del ciudadano y dirigiéndolo hacia donde él desea y más le beneficia (incrementando el incentivo a apropiarse de él, con la ventaja de que eliminan los contrapesos democráticos aumentando su poder y debilitando a la sociedad civil. O lo que es lo mismo. Es el lobo el guardián del gallinero. 

Por ello el error constante (pero muy interesado) en intentar luchar contra la corrupción política dando más poder precisamente al político, como pretende el socialismo del siglo XXI (y su extensión en España), y que cada vez se extiende por el resto de partidos, cada vez más homogeneizados (los socialistas de todos los partidos, que llamaba Hayek). 

Es una mera cuestión de incentivos humanos y de entender la naturaleza humana y de la acción humana (que tan bien expone Mises en su obra magna "La acción humana"). 
Para eliminar, limitar y reducir la corrupción no se trata de dales más control y poder al propio político, sino precisamente de quitárselo, para devolverlo a la sociedad civil, que cooperen e intercambien bienes y servicios en libertad y mutuo acuerdo, sin la arbitrariedad política. De esta manera los incentivos y las posibilidades de corrupción se diluyen a su mínima expresión. 

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