Es uno de los graves problemas que padece la sociedad española. El rodillo de la Administración implica enormes costes económicos (pérdidas empresariales, menos empleo, menos salarios, precios mayores, menos empresas., menos inversión...), inseguridad jurídica, desincentivo de la inversión (y en especial la extranjera), litigios crecientes, judicialización de la vida diaria y colapso de la Justicia (con sus dañinas consecuencias).
En definitiva y por desgracia, España no solo es un infierno fiscal, sino también un infierno regulatorio.
Almudena Vigil informe en el siguiente artículo.
Artículo de Expansión:
De izquierda a derecha, Pascual Fernández, decano del Colegio de Economistas de Madrid; Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, y Victoriano Martín, catedrático de Historia del Pensamiento Económico.
Un informe del Consejo General de Economistas pone en entredicho la mala técnica legislativa.
El número de disposiciones normativas aprobadas en España por el Estado y las diecisiete comunidades autónomas multiplica por diez las producidas por el Estado federal alemán con una población que casi duplica la española. Concretamente, en 2015 se publicaron casi un millón de páginas en los boletines oficiales de ámbito estatal y autonómico. Estos son algunos de los datos a los que alude el Consejo General de Economistas, en su estudio sobre Implicaciones económicas del funcionamiento de la Justicia en España, para denunciar la "burbuja normativa" que podría estar dañando la seguridad jurídica de nuestro país.
El Consejo apunta que esta tendencia a publicar cada vez más normas contrasta con la situación en Europa, donde va disminuyendo la producción normativa, y advierte de que la mala calidad legislativa genera inseguridad y aumenta la litigiosidad: "Si se quiere aliviar la colapsada Administración de Justicia se necesita legislar mucho mejor".
Según subraya el informe, la seguridad jurídica, que permite atraer el capital y los recursos productivos para crear riqueza y generar empleo, "pasa por la elaboración de normas más sencillas, más estables en el tiempo y de mejor técnica jurídica". Considera que "para mejorar el marco normativo, debería reducirse la complejidad del entramado legislativo y evitar la profusión y la dispersión legislativa".
La Justicia española, en la media
El informe, que ha sido presentado por Pascual Fernández, decano del Colegio de Economistas de Madrid, Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, y Victoriano Martín, catedrático de Historia del Pensamiento Económico que ha participado en la elaboración del estudio, compara la situación de la Justicia en relación con países de nuestro entorno.
La conclusión principal es que, pese a que la percepción que tienen los españoles sobre el funcionamiento de su sistema judicial es menos favorable que la del resto de ciudadanos europeos, los datos muestran que España se encuentra a un nivel similar a la media de la UE en algunos de los indicadores más importantes que se emplean para medir la eficiencia del sistema. Es el caso, por ejemplo, de la duración de los procedimientos.
No obstante, el estudio pone de relieve que la tasa de litigiosidad sigue siendo muy elevada y el gasto público invertido en los tribunales, de 27 euros por persona, es inferior a la media de los 15 principales países de la Unión Europea (UE-15), donde el gasto per cápita es de 50,4 euros.
En cuanto a los medios con los que cuenta la Administración de Justicia, según el informe "parece necesaria una reorganización de los juzgados y tribunales bajo principios de eficiencia". Sobre esta cuestión, explica que "más que plantearse un incremento en la oferta generalizada de juzgados y tribunales, quizá convendría realizar un refuerzo en determinadas jurisdicciones y tribunales específicos, a través de un estudio territorial y caso por caso aplicando criterios de eficiencia y de comparación con otros sistemas judiciales".
Financiación vía tasas judiciales
Otro dato que pone de relieve el informe es el porcentaje de la financiación de los tribunales que procede de las tasas judiciales. Según los datos recogidos en el estudio, en España el porcentaje es tan sólo del 13,8%, muy inferior al resto de los países de nuestro entorno, con el 43% de Alemania, el 24,6% de Reino Unido y el 15,6% de Italia. La media de la UE es de 26,4% y el promedio de la UE-15 es del 29,2%.
Ante estas cifras, los economistas proponen lo siguiente: "Siempre y cuando se respete el derecho a la tutela judicial constitucionalmente reconocido, quizá el recorrido a plantearse no sería tanto la supresión de las tasas judiciales, ya que, como hemos observado, estas han sido uno de los factores que han contribuido a reducir la litigiosidad en nuestro país, sino plantearse la exención para las micropymes y pequeñas empresas en todo tipo de procedimientos, tal y como se hizo en 2015 con las personas físicas".
Añaden que "deberían establecerse unos criterios que permitan en su caso una distribución eficiente de dicha tasa, que evite aplicaciones generalizadas y extensivas (por ejemplo, no todas las personas físicas tienen la misma renta, y las personas jurídicas pueden ser grandes empresas, medianas, pequeñas y micropymes) y garantice el acceso a la tutela judicial efectiva de todos los actores, según reconoce nuestra Constitución".
Hacienda como ejemplo en materia tecnológica
Por lo que se refiere al manejo de medios informáticos, el informe muestra que los órganos judiciales españoles consiguen una puntuación similar a la media de la UE-15 y señala que desde que se implantó LexNET se han realizado 45 millones de comunicaciones electrónicas, que suponen un 75% de la cantidad total que se lleva a cabo en todo el sistema judicial.
No obstante, el Consejo lamenta el hecho de que se mantengan 8 sistemas informáticos independientes (7 de las comunidades autónomas más el del Ministerio de Justicia), que no se comunican entre sí.
En todo caso, el informe concluye que aún queda camino por recorrer en este aspecto y apunta que "LexNET debería dotarse de los suficientes medios presupuestarios en los próximos años para que su implantación sea más eficiente". En este sentido subraya que "deben tomarse otros referentes de éxito como la Hacienda Pública en materia tecnológica".
Efectos de la especialización judicial
Otro aspecto que apunta el informe es la posible vinculación entre el nivel de especialización de los tribunales y el plazo de resolución de asuntos. Concluye que en España el grado de especialización judicial está por encima de la media europea, pero la relación entre este factor y la duración de los plazos de resolución es poco concluyente (38% en España frente a la media de la UE-15 de 29%).
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