domingo, 26 de marzo de 2017

Las empresas pagarán el 70% de la subida de impuestos en Cataluña

Como no podía ser de otra manera, más y más impuestos y gasto es la propuesta de los políticos en Cataluña, donde como no podía ser de otra manera, se cebarán (pero no solo porque no se salva nadie) en nuevos y mayores impuestos a las empresas para intentar recaudar cientos de millones de euros más para sostener el enorme aparato burocrático, clientelista y despilfarrador que manejan a sus anchas los políticos. 
Y qué supone pese a que aplauda más de uno exprimir (aún más) a las empresas? Pues varias cosas, y todas negativas. 

Subir aún más los impuestos a las empresas implicará que un número de ellas que están ya al borde del cierre o pérdidas acabe dejando de ser rentable y cierre. Esto lleva a menos empleos, menos servicios, menos generación de riqueza, y menos recaudación (dejan de aportar nada). A su vez esto afecta a proveedores, otros sectores en donde dichos trabajadores consumían...
Más impuestos implicará a su vez menos empleados que contratar, o por el aumento de costes, obligar a la empresa a reducir sus empleados generando nuevamente paro.
Más impuestos implicará menores salarios pues la capacidad de la empresa para competir se reduce y si quiere mantener sus precios deberá de pagar menores salarios bien o bien no subiéndolos (en lugar de hacerlo) o bien pagando menos a nuevos trabajadores, afectando por tanto a la capacidad adquisitiva del trabajador.
Más impuestos podría implicar también precios más altos de los productos si se quiere trasladar el coste de la medida no a los trabajadores o al margen sino a los consumidores (puede ser una mezcla de todo). Por tanto reduce el poder adquisitivo del ciudadano costándole más un mismo bien (a lo que hay que añadir los mayores impuestos personales que sufren). 
Más impuestos implica menos beneficio o acabar con el mismo. En consecuencia, la inversión empresarial se reduce, la capacidad de innovación y mejora de productos se reduce, las herramientas de trabajo y mejora en la eficiencia productiva se reduce y la salida al mercado de nuevos productos se reduce. ¿Y qué implica esto? Una menor tasa de capitalización, una menor productividad y reducción de costes operativos, menores salarios reales para el trabajador, precios más caros para el consumidor y un menor desarrollo tecnológico y menor prosperidad. 
Ingrid Gutiérrez y Cristina Triana muestran los cambios fiscales aprobados en el Parlament en el siguiente artículo. 
Artículo de El Economista: 
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Los cambios fiscales que traen consigo los nuevos Presupuestos aprobados este miércoles en el Parlament tienen un claro perjudicado: las empresas. Tanto los nuevos impuestos como las modificaciones de otros ya existentes basan su recaudación enfocándose en una tipología clara de contribuyente, que son las personas jurídicas. Hasta un 70% de los más de 180 millones de euros adicionales que prevé ingresar la Generalitat a partir de 2018, lo pagarían compañías.
De hecho, aunque con los propios cálculos de la Generalitat en el proyecto de Presupuestos presentado a finales de año, las empresas cargarán con más de 134 millones del total de la subida, la cifra será más elevada, ya que en aquel momento no se incluían algunos impuestos que se han añadido después. Es por ello que el diputado de Ciudadanos, Antonio Espinosa, elevó este gravamen hasta los 250 millones de euros.

Nuevos impuestos

La ley de acompañamiento de las cuentas de la Generalitat, que incluye los nuevos impuestos, recibió el miércoles el espaldarazo definitivo gracias a los votos de Junts pel Sí y dos votos de la CUP (con el resto del grupo absteniéndose), además del de Joan Giner de Podemos tras un error propio.
La ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público incluye variaciones que, según el proyecto de Presupuestos presentado a finales del pasado año, contemplaba alzas en la recaudación superiores a los 109 millones de euros al término de 2017.
Sin embargo, cuando los tributos modificados como los de nueva creación estén a pleno rendimiento, la Generalitat engrosará sus arcas en más de 180 millones de euros de forma anual. En este cálculo no se incluyen otras tasas que se han ido añadiendo tras el trámite parlamentario. Son ejemplos la norma que grava las emisiones de CO2 de los vehículos o el impuesto de bienes improductivos para empresas, de las que no hay estimaciones inmediatas. La tasa de CO2 se estimó que recaudaría 75 millones a partir de 2020.

Polémica con las azucaradas

En todo caso, con los datos existentes, sucede que la totalidad de los impuestos de nueva creación tienen entre ceja y ceja a las empresas. En este caso, entre los nuevos gravámenes figuran el de bebidas azucaradas o del riesgo de producción de elementos radiotóxicos (que es una tasa reformulada tras la suspensión por el Tribunal Constitucional del antiguo impuesto a las nucleares).
Si bien es cierto que las compañías distribuidoras o productoras son los sujetos que deberán cargar con la subida, la ley contempla que ésta pueda repercutir finalmente también en el consumidor. Cabe recordar que el impuesto a las bebidas azucaradas fue replicado a posteriori por el Gobierno central, pero tal y como adelantó elEconomista, se mantiene para conseguir que Moncloa elimine la tasa catalana y abone a la Generalitat, como recoge la Lofca, una compensación de hasta 40 millones.
Los nuevos impuestos son los que elevan el grueso de la nueva recaudación, pero las modificaciones de impuestos ya existentes también afectan en gran medida a las empresas. La tasa sobre grandes establecimientos comerciales es uno de ellos, además del aumento del tributo sobre el juego. Incluso los impuestos cedidos por el Estado como el de Transmisiones Patrimoniales o actas jurídicas y documentales, afecta tanto a personas jurídicas como físicas.

134 millones de euros

Es la cantidad que tendrán que soportar las empresas y que significa el 70% de toda la recaudación adicional tanto de nuevos impuestos como modificaciones de tasas ya existentes. Sólo dos modificaciones como es la del IRPF y la de establecimientos turísticos únicamente grava al consumidor final. Aunque en otros, puede afectarle.

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