Luís I. Gómez denuncia otro paso más del poder político para promover de manera coactiva (millonarias multas) la censura y la autocensura por parte de los operadores de medios sociales para prohibir e impedir comentarios que sean discutibles o "inciten al odio", dejando nuevamente al margen a los jueces.
El mundo orwelliano cada día más cerca y promovido y aceptado por los que serán los propios esclavos...
Artículo de Desde el Exilio:
Me dicen que no, que las libertades fundamentales no están en peligro, que disfrutan de las garantías de la ley y el estado. Es falso.
Leo con estupefacción en la prensa germana los comentarios sobre la última propuesta del Ministro de Justicia germano Heiko Maas para “castigar” los comentarios de “incitación al odio” en las redes sociales. Pretende exigir a los operadores de las plataformas de medios sociales (Facebook, Twitter y co.) que eliminen (censuren) los comentarios de usuarios que puedan ser legalmente discutibles. Si no lo hacen, amenaza tanto a los autores de los comentarios como a las empresas que mantienen los servicios de redes sociales con multas de hasta 50 millones de euros. ¡Y quiere hacer de ello una ley!
La propuesta no solo es profundamente liberticida en sus últimas consecuencias, no tiene ningún sentido. La medida nos dejaría al pie de los caballos de los denunciantes furibundos vigilantes de lo políticamente correcto y los empleados de FB, por ejemplo, que no son juristas (ni tienen que serlo) pero se convertirían en agentes arbitrarios del ministerio de la decencia, la verdad y la felicidad. Y todo ello casi en secreto, sin participación de los órganos que realmente dispone la justicia.
El estado de derecho se fundamenta justamente en lo contrario: si usted cree que alguien le ha difamado o amenazado, son los jueces quienes deben decidir sobre si existe difamación o amenaza y disponer, en tal caso, el castigo oportuno. Los jueces! y no los carniceros o el kiosquero de al lado. Y créanme, un empleado de Facebook no es diferente del kiosquero, ni está más cualificado para emitir un juicio que el carnicero.
Cuando una legión de juristas aficionados (altamente motivados para evitar multas a su empleador) dispone del poder de borrar mis comentarios en Twitter sólo por el hecho de que ciertos vigilantes verdeprogresistas de las neoverdades los consideran inaceptables u ofensivos, estamos minando las bases fundamentales del estado de derecho. ¿No es el estado el encargado de garantizar mi libertad de expresión?
La están liando parda, y de momento no se mueve nadie. Lloraremos como esclavos lo que no supimos defender como libres.
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