lunes, 13 de marzo de 2017

Maraña fiscal que urge desentrañar

La maraña legislativa y fiscal de la autonomías es de locos, como se muestra en el siguiente artículo. 
Burocracia, burocracia y más burocracia, unida íntimamente a más impuestos y gasto público, constituyendo un muro para la creación de riqueza, el progreso, el empleo y la inversión. 

Un muro que hay que derribar, y que nadie está por la labor, pues el burócrata es el primer interesado en que siga el chiringuito y se acreciente, viviendo muy bien de terceros, que no ven las consecuencias que tiene para ellos mismos. 
Artículo de El Economista: 
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Desde el inicio de la crisis, las autonomías han aprovechado a fondo el amplio margen que la todavía vigente Ley Orgánica de Financiación les concede para crear impuestos propios, y complementar así los ingresos que reciben de los gravámenes, como el IRPF, sólo parcialmente cedidos a estos territorios.
En esa tarea, sin duda, han demostrado imaginación, ya que han creado figuras impositivas que gravan los más variados ámbitos: desde el uso del agua o las bolsas de plástico, hasta los depósitos bancarios, pasando por el juego, los establecimientos turísticos o la emisión de gases contaminantes.
Constituyen así una trama de casi 80 impuestos, cuya complejidad aún se eleva a mayor altura, debido a los más de 500 cambios legislativos a los que los Gobiernos autonómicos la someten cada año. Como es obvio, y así lo denuncian los expertos, resulta imposible que un contribuyente puede estar al día de la vigencia y evolución de 17 regímenes fiscales que pugnan por diferenciarse cada vez más.
La confusión es tal que, en algunos territorios, se da la aberración consistente en gravar dos veces un mismo producto o actividad. Pero aún más flagrante es el sinsentido en que incurren los propios Gobiernos autonómicos.
Así, el sostenimiento de su maraña tributaria les exige unos costes de gestión que, en muchos casos, superan con creces la recaudación de estos impuestos, ya que su rendimiento se sitúa entre el 2,2 y el 5% de los ingresos tributarios que logran. Se trata de una situación que puede calificarse, sin exageración, de descontrolada. No debe desaprovecharse la oportunidad que ofrece la reforma de la financiación autonómica para desentrañarla y ponerle fin.

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