Un Estado del 41%

Juan Rallo analiza la cuestión del tamaño del Estado, a raíz de las declaraciones de Daniel Lacalle (ahora en el PP) sobre el mantenimiento del mismo, lo que es una contradicción sobre sus ideas y contrarias al liberalismo. 
Rallo analiza el motivo de actual tamaño del Estado, las dificultades para su reducción, la poco sólida justificación de su tamaño actual, y los tres aspectos sobre los que hay que reflexionar por parte de los liberales a la hora de entender las declaraciones de Lacalle. 

Artículo de El Confidencial:

Los trinquetes son mecanismos que solo avanzan en una dirección: hacia delante, nunca hacia atrás. El aumento del tamaño del Estado se asemeja al funcionamiento de un trinquete: una vez crece (y en muchas ocasiones lo hace aprovechándose de 'shocks' como las guerras o las crisis económicas), es muy complicado que vuelva a retroceder. Demasiados grupos de interés constituidos (empleados públicos, pensionistas, contratistas, subvencionados, gremios privilegiados, etc.) y frontalmente opuestos a que todo ese intervencionismo estatal sea desmantelado.

Ni siquiera los liberales, generalmente favorables a la reducción del peso del sector público dentro de nuestras vidas, son capaces —a la hora de la verdad— de forzar que el trinquete estatal dé marcha atrás. Como mucho, se conforman con impedir que siga avanzando. Por ejemplo, ayer mismo Daniel Lacalle, analista que siempre se ha caracterizado por reclamar un ensanchamiento de la sociedad civil y del mercado frente al omnipresente intervencionismo estatal, reivindicó desde este mismo periódico mantener el gasto público de España en sus hipertrofiadas dimensiones actuales (41% del PIB): no reivindicó la misma composición clientelar e ineficiente del gasto público actual, pero sí su mismo volumen.

Y aunque ciertamente el gasto público no es la única variable relevante a la hora de enjuiciar el grado de intromisión del Estado en nuestras vidas (las regulaciones no son gasto público y pueden ser tan o más limitativas de nuestras libertades que los desembolsos estatales), resulta incuestionable que este sí constituye una variable fundamental a ese respecto: cuanto más recursos sean manejados por el Estado, menos recursos (en términos relativos, claro) son manejados por los individuos, las familias o las asociaciones voluntarias. Es decir, más recursos pasan por las manos de los políticos (y de los clientes de esos políticos) y menos por las manos de la sociedad civil.

Personalmente, no encuentro justificación alguna para que el Estado controle sostenidamente en el tiempo más de un 5%-6% del PIB de una economía: todas —o prácticamente todas— las funciones que desempeña el Estado puede desempeñarlas con mayor justicia y eficiencia el sector privado, de modo que las funciones del Estado deberían, como mucho, quedar relegadas a un papel subsidiario al de la sociedad civil (y no prioritario frente a ella, tal como sucede hoy en aspectos tan relevantes dentro de nuestras vidas como la educación, la sanidad, las pensiones o la asistencia social). Por supuesto, transitar desde un Estado del 41% a uno del 5% constituye una misión absolutamente imposible a corto o medio plazo: y lo constituiría incluso para quienes defendemos entusiastamente esa transición. No ya por falta de apoyos sociales —que ahora mismo desde luego no existen—, sino también por meras restricciones técnicas —el sistema de pensiones públicas no puede desarmarse de la noche a la mañana—. Ahora bien, que el 5% sea un horizonte ideal difícilmente planteable en una campaña electoral para la próxima legislatura no significa que el 41% sea el único horizonte realista y posibilista para un liberal.

Primero, un gasto público del 41% del PIB es exactamente el gasto público actual de España y exactamente el promedio del gasto público español entre 1980 y 2018. Por tanto, defender un gasto público del 41% equivale a rechazar que el Estado actual sea demasiado grande o que lo haya sido en el conjunto de nuestra historia democrática. Propugnando un gasto público del 41%, lejos de defender una reducción del peso del Estado en nuestras vidas, estaríamos meramente propugnando una consolidación del peso que este ha exhibido en los últimos 40 años. ¿Seguro que el menor Estado del que podemos dotarnos con funcionalidad los españoles es casualmente aquel del que nos hemos dotado en las últimas cuatro décadas? ¿O se trata de un mero sesgo del 'statu quo'?

Gasto público de España (% PIB)

Gasto público en España.

Segundo, atendiendo a la experiencia internacional, podemos encontrar modelos de Estados funcionales y apreciablemente más pequeños —en cuanto a volumen de gasto público— que el español. Por supuesto, todos esos Estados tienen estructuras políticas y regulatorias muy distintas a la de España, de modo que tampoco es posible importar su modelo 'ipso facto'. Pero, sin necesidad de colocar en nuestro horizonte un Estado máximo del 5% del PIB (que, insisto, sería lo deseable), ¿no cabe acaso colocar a alguno de estos otros Estados, más pequeños que el español, como un objetivo hacia el que ir transitando? ¿No sería ese un mensaje mucho más apropiadamente liberal que conformarse con el volumen actualmente existente?

Gasto público en 2018 (% PIB)

Gasto público global.

Ahora bien, más que criticar a Daniel Lacalle por lo que algunos liberales decepcionados consideran una traición al ideario liberal, creo que lo acaecido debería llevarnos a reflexionar sobre tres aspectos que muchas veces son soslayados por aquellos liberales que ingenuamente piensan que puede reducirse el tamaño del Estado apenas controlando el BOE y publicando el correspondiente decreto liberalizador.

Primero, los partidos políticos son entidades fuertemente jerárquicas donde los individuos acatan las directrices de su líder-estratega: la política no es para librepensadores o intelectuales bohemios, sino para soldados que cumplan órdenes y salgan a matar a los adversarios (esto es, a cazar votantes a su costa).

Segundo, el Estado, como trinquete que es, opone una enorme resistencia a ser reducido desde múltiples frentes: aun cuando un partido político en bloque quisiera adelgazarlo, los grupos de interés se resistirían como gatos panza arriba para evitar que les fueran suprimidas sus prebendas, lo que pondría en riesgo la permanencia en el poder de ese partido político con querencias liberalizadoras.

Y tercero, antes de que haya cambios verdaderamente liberales en nuestro país, hace falta ganar fuera de la política la batalla de las ideas para posibilitar, desde dentro de la política, una agenda liberalizadora del Estado que pase por plantar cara, con el apoyo firme de una mayoría social, a esos grupos de interés que se revolverán como gatos panza arriba frente a la liberalización. Un hombre solo jamás pudo hacer una revolución y por eso, hoy por hoy, la política es una herramienta estéril salvo para tratar de impedir que el trinquete siga avanzando (que tampoco es poca cosa).