miércoles, 2 de diciembre de 2015

El terrible error de la Agencia Estatal de Investigación

Juan Manuel López-Zafra analiza la anunciada creación de la Agencia Estatal de Investigación, un nuevo error de planificación centralizada que peca como todos de ineficiente asignación de recursos, entre otros problemas (ineficiencias, los amiguismos, las dádivas y los pagos de favores...). 
Artículo de El Confidencial: 
Foto: La secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela. (EFE)EFE
La curiosa tarea de la ciencia económica es demostrar a los hombres lo poco que realmente saben de lo que imaginan que pueden diseñar. Que la descentralización en realidad conduce a que se tome en cuenta una mayor cantidad de información.
Friedrich Hayek


Qué buenas noticias. En España, por fin, se va a investigar. El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó la creación de la Agencia Estatal de Investigación, de la que a la fecha en que estoy escribiendo pocas cosas sabemos. Eso sí, se crea “a coste cero, con los recursos humanos y materiales de la Secretaría de Estado de I+D+i”; un coste cero un tanto extraño cuando sabemos que contará con “alrededor” de 300 empleados y un director profesional.
Vuelve a aplicarse aquí la máxima favorita de todos los políticos. Me lo debéis todo. A ellos les debemos que en España por fin se vaya a investigar, porque bien es sabido que en este país no se investiga. No investiga Pharmamar contra el cáncer, no investiga Rovi contra la diabetes, no investiga Telefónica en redes. Ni investigan los centros de distribución en cómo hacer las colas más eficientes y menos pesadas para los clientes. Nadie. Solo el Estado, que es quien, desde siempre, se ha arrogado también esa cualidad.
De nuevo, un organismo con recursos escasos (porque por muy elevados que sean, siempre serán escasos) decidirá qué es ciencia y qué no. Qué debe ser apoyado con fondos públicos y qué no. Nuevamente, un grupo de científicos desprovistos de toda carga ideológica decidirán qué merece ser receptor de fondos y por tanto desarrollado y qué no es ciencia, no es importante, no merece la pena ser financiado. Una agencia como la andaluza de I+D+i que en su día financió con fondos europeos (que también pagamos con nuestros impuestos) investigaciones que modificaron nuestra forma de entender el mundo.
Aquel proyecto, 'Movilidad sostenible en Andalucía: práctica y discurso en el uso de la bicicleta', por el que usted que ahora me lee decidió abandonar el coche, y que solo costó 358.841,59 euros; o aquel otro en el que participó algún político de primera línea que vino aquí a luchar contra la corrupción y a explicarnos por qué somos casta, y que llevaba el significativo nombre de 'La vivienda en Andalucía. Diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda'; la verdad es que por 285.000 euros nadie puede cuestionar la bondad de la propuesta. De todos ellos y alguno más ya hablamos hace un año aquí. ¿Quién puede dudar de la independencia del científico, social, aplicado o teórico, ante tales ejemplos de eficiencia?
Todo el que conozca lo que es un Plan Nacional de Investigación y Desarrollo y la forma de acceder a la financiación sabe de qué estoy hablando. El Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, establece el conjunto de líneas en las que se debe investigar. Insisto en la redacción: conjunto de líneas en las que se debe investigar. Es decir, si usted cree que la práctica y discurso de la bicicleta no merecen ser estudiados porque el dinero destinado quizá debería ir a investigación contra la osteogénesis imperfecta, pues usted se equivoca, porque alguien que sabe más que usted, de espíritu además más elevado, y sobre todo independiente, no como usted, alguien, repito, con criterio, ha decidido que no. Y si usted le propone una alternativa, le dirá que no, porque “no encaja en las líneas de la convocatoria”; y además esa convocatoria no quedará desierta jamás, porque entonces el dinero de la siguiente se perdería, y nadie que vive del erario público quiere dejar de hacerlo.
En la convocatoria 2014, resuelta el pasado abril, se resolvieron favorablemente 2.534 propuestas por un total de 159.394.000 euros; un 30% de los proyectos se destinó a Tecnologías de la Producción y de las Comunicaciones; un 26,% a Humanidades y Ciencias Sociales (aunque su importe presupuestado no alcanzó el 10% de esos casi 160 millones); otro 23%, a Ciencias de la Vida y Agroalimentación, y el 21% restante fue a proyectos en el área de Medio Ambiente y los Recursos Naturales. La Universidad de Barcelona resultó agraciada con más de 100 proyectos, seguida de la de Granada, con casi 100, y la Complutense de Madrid, con casi 90.  

Tabla de gasto interno en I+D como % del PIB regional y nacional, 1995-2005. Fuente: Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. Ministerio de Economía y Comercio.  
Como un sencillo cálculo permite, el gasto en I+D+i con cargo a los Presupuestos del Estado alcanzó, para los años 95-05, más de 71.000 millones de euros. Y para los años que transcurren entre 2008 y 2011 deben añadirse otros 40.000 millones. Así pues, la cantidad destinada a estas partidas desde 1995 sumaría más de 120.000 millones de euros. Desgraciadamente, nuestras universidades no han visto reconocida su labor en ninguno de los 'rankings' internacionales, como el de Shanghái.
A esa lluvia de millones se añade la descoordinación. Como la anteriormente citada memoria señala, “durante 2007 han sido ocho ministerios y 25 unidades directivas las implicadas en la gestión de los instrumentos de I+D+I, algunos de los cuales se solapan entre sí, produciéndose duplicidades y sobrefinanciación”. Esta es una característica que todo plan plurianual ha tratado siempre de resolver.
¿Y entonces? ¿No hay que investigar? ¿Quién se ocupará de la investigación de aquellas enfermedades raras que no son rentables para la industria farmacéutica, para el mercado? ¿Está un profesor universitario diciendo que la investigación no es importante? Nada más lejos de mi intención. Lo que planteo es que el sistema de asignación de recursos a través de un organismo de planificación central es el peor de todos los posibles. Y si no el peor, al menos peor que el sistema que históricamente se ha mostrado como el mejor y único válido para transferir la información, esto es, el mercado.
Hace más de 40 años que F. Hayek escribió 'El sistema de precios como mecanismo para la utilización del conocimiento'; allí, el premio Nobel de economía de 1974 señalaba que “en un sistema donde el conocimiento de los hechos relevantes se dispersa entre mucha gente, los precios pueden actuar para coordinar las acciones separadas de diversa gente de la misma forma que los valores subjetivos ayudan al individuo a coordinar las partes de su plan”. 
Las enseñanzas de Hayek y de la historia señalan que debe dejarse actuar a las fuerzas sociales en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades. Y que nunca, jamás, un político, un científico, un profesional ni nadie podrán sustituir al mercado en la asignación de los recursos. Y que por tanto no debe sustituirse este por la planificación, pues aparecerán las ineficiencias, los amiguismos, las dádivas y los pagos de favores. Y que lo que debe hacerse, sin ninguna duda, es no desincentivar la investigación con un tratamiento fiscal confiscatorio, y no retornando el dinero previamente detraído a todos para recordarnos, como siempre, ese “me lo debéis todo”.
Para investigar enfermedades raras quizá sea necesaria la aportación pública, no lo niego; pero antes de coger la parte por el todo quizás habrá que pensar qué queremos, si dotar unos cientos de miles de euros al estudio del síndrome de Edwards o dedicárselos a la práctica y discurso de la bicicleta. Porque esa, y no otra, es la cuestión.  

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