Rajoy debilita las pensiones

John Müller analiza el destrozo a las pensiones que están llevando los políticos en España, empezando por Rajoy (ojalá solo fuera él, porque sería solucionable. El problema es que todos defienden algunos incluso aún de manera más agresiva, el destrozo de las mismas con la defensa del actual sistema de reparto).

Como bien dice, "el Gobierno del PP ha puesto de relieve la mayor de todas las debilidades de un sistema de pensiones de reparto: que el dinero de los trabajadores y sus jubilaciones están al albur del capricho de los políticos de turno".

Artículo de Civismo:

Fuente: El Mundo

Cada vez que Mariano Rajoy abre la boca en esta precampaña, las pensiones se tambalean. Los ciudadanos no conocen bien el funcionamiento de la Seguridad Social y los políticos se aprovechan de ello. Sólo así se entiende que el PP diga que le interesa el voto de los pensionistas (8.498.073 personas) cuando no hace más que anunciar medidas que debilitan el sistema.

Esto es lo que ocurre cuando se promueven privilegios para ciertos grupos sociales, como la jubilación anticipada para los policías municipales que anunció la ministra Fátima Báñez el lunes. O el plus demográfico de hasta 2.688 euros anuales que se empezará a pagar a las mujeres con dos o más hijos que se jubilen a partir del uno de enero de 2016. No carece de lógica un bono para madres —el PSOE propone incrementarles dos años de cotizaciones por cada hijo—, pero lo que resulta insólito es que sólo se beneficie a las nuevas pensionadas. ¿Y las que se jubilaron antes, por qué no tienen derecho?

Si la creación de privilegios llena de agujeros el sistema, también supone una erosión de los ingresos de la Seguridad Social la bonificación generalizada de ciertos contratos, una política tan cara como ineficiente que el mismo Gobierno suprimió en 2012 porque no producía «ningún efecto». La recuperó en marzo de 2014 con 100 euros de manera «coyuntural, urgente y excepcional» y ahora Rajoy ha anunciado que se amplía a 500 euros durante cuatro años.

La Seguridad Social se nutre de las cotizaciones de los trabajadores (ese impuesto al empleo del 29,9% que paga el empresario y el 6,35% que aporta el propio empleado) y no hay justificación para que con ellas se hayan pagado hasta hace poco las pensiones no contributivas o se sigan costeando las de viudedad y orfandad. Hace tiempo que en los países desarrollados se apuesta por financiar las políticas de solidaridad con cargo a impuestos. Pero incluso los sueldos del personal y de los funcionarios de la Seguridad Social se pagan con cotizaciones, caso único en la Administración.

Se estima que el déficit de la Seguridad Social este año será de un 1% o más del PIB, en vez del 0,6% previsto. Una nota de Analistas Financieros Internacionales (AFI) que circuló entre sus clientes hace unos días dice: «La evolución de las cotizaciones sociales apunta a un desequilibrio entre ingresos y gastos en el entorno de 16.000 millones, que tan solo se verá compensado parcialmente por el superávit que obtendrá el Sepe (Servicio Público de Empleo) por el diferencial generado entre las prestaciones por desempleo previstas y el gasto verdaderamente efectuado. Hasta octubre este superávit alcanzaba casi 5.000 millones de euros, y (…) podría aumentar en mil millones más». Es decir, faltarán 10.000 millones.

A esto se suma que el Gobierno, con una nueva disposición de 7.750 millones anunciada ayer, se ha gastado la mitad del fondo de reserva de las pensiones desde 2011. Ya sólo quedan 34.221 millones frente a los 66.815 millones que dejó Zapatero al final de su mandato. El ex presidente socialista, cuya gestión económica es generalmente criticada, prefirió congelar las pensiones, asumiendo el coste político de la decisión, cuando bien podía haber echado mano del fondo como ha hecho Rajoy. Lo hizo, confesó en una ocasión, para que todos percibieran la grave situación fiscal que enfrentaba el país.

En pocos días, el Gobierno del PP ha puesto de relieve la mayor de todas las debilidades de un sistema de pensiones de reparto: que el dinero de los trabajadores y sus jubilaciones están al albur del capricho de los políticos de turno.