lunes, 4 de enero de 2016

El marido de Susana Díaz era tutor de los cursos de formación que investiga la UDEF

Agustín Rivera expone otro ejemplo más del robo institucionalizado al que es sometido el ciudadano por la clase política. Y no hay que extrañarse, pues los incentivos son crecientes en esta dirección.

Más impuestos (y nunca tienen suficientes) implican más dinero del bolsillo del ciudadano al bolsillo del político que decide arbitrariamente donde gastarlo. Y por supuesto, ya se sabe que "quien reparte se lleva la mejor parte". Más poder arbitrario del político en decidir qué tienes que hacer con tu dinero, implica no satisfacer las necesidades reales (que es lo que ocurre directamente cuando la sociedad civil dictamina qué hacer con su dinero) y sí satisfacer a lobbies, grupos afines, familiares e intereses privativos del político de turno, debido a leyes que cada vez le dan más potestad y recursos bajo el falso paraguas del "bien común".

Más Estado, más impuestos y más gasto público (y dentro del mismo se encuentran las subvenciones), implica más corrupción, más clientelismo y más ROBO al ciudadano.

Luego, el político sabe bien como disfrazar este robo constante y creciente y cómo justificarlo para permitir que se produzca (es por los trabajadores parados...), cuando hay mil maneras de combatir esta lacra sin que el político de turno meta su mano en el bolsillo del ciudadano (pero claro, dejaría de beneficiarse...).

En este caso se muestra el caso de Susana Díaz (PSOE), cuya trama se explica en el artículo.

Artículo de El Confidencial:

Foto: Susana Díaz junto a su marido, José María Moriche (izq.). (Efe)


José María Moriche, marido de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, fue contratado por el Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES), organismo de la UGT, como tutor en cuatro cursos de formación que investiga la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional en Andalucía. Estos programas formativos recibieron una subvención de ocho millones de euros a pesar de un informe contrario de Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta de Andalucía.

A Moriche se le abonaron nóminas por parte del IFES en concepto de “preparación, tutoría y evaluación” para cursos de informática de usuario, operador de cámara, técnico de sistemas microinformáticos y formador ocupacional, según la documentación que obra en poder de El Confidencial. UGT argumentaba que Moriche había sido auxiliar administrativo y no tutor. El IFES, creado por el sindicato hace 27 años, recibió de la Junta de Andalucía sólo entre 1995 y 2009 subvenciones que se elevarían al menos a 6,5 millones de euros, como publicó este diario el pasado 23 de abril.



98/2009/J/217. Es el nombre del expediente que concede el Servicio Andaluz de Empleo a UGT mediante Convenio de Colaboración firmado el 29 de diciembre de 2009, entre Manuel Pastrana, entonces secretario general del sindicato en Andalucía, y Antonio Fernández, consejero de Empleo, que entró en prisión en abril de 2012 por el caso de los ERE. Este convenio se aprobó en Consejo de Gobierno presidido por José Antonio Griñán y se publicó en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) del 21 de enero de 2010 (página 54).

Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta de Andalucía, señala en un informe fechado el 15 de diciembre de 2009 que se revise el expediente de gasto y que mientras “no se reciba la documentación requerida, el plazo para la fiscalización del expediente queda suspendido, tal como dispone el art. 12.2 del RIJA (Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía”).
“Claridad” en la forma de pago



Gómez también indica que debería establecerse “con claridad” la forma de pago de las ayudas del Gobierno andaluz. “Si se dispone el pago sin justificación previa del 100% del importe total de la subvención, previa autorización del Consejo de Gobierno, conforme al artículo 21.1.c de la Ley 3/2008 de 23 de diciembre, Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, deberá eliminarse de la redacción de dicha cláusula el término ‘podrán’, por el contrario si se establece el abono sin justificación previa tan sólo del 75% del importe de la subvención, deberá establecerse el plazo para justificar el importe de dicho anticipo”.

La subvención de ocho millones de euros que el Servicio Andaluz de Empleo concedió al IFES fue para realizar 221 cursos para 3.315 alumnos sin compromiso de contratación. La subvención alcanzaba el 100% de la actividad y el 80% proceden del FSE (fondos sociales europeos).

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