viernes, 11 de diciembre de 2015

Los errores y las mentiras del “debate decisivo”

En el siguiente artículo, Juan Ramón Rallo profundiza y expone las principales tergiversaciones económicas, trampas, incorrecciones o directamente mentiras o falacias que emplearon los candidatos en el reciente debate.

Artículo de Voz Pópuli:



El pasado lunes 7 de diciembre tuvo lugar en Atresmedia el que se ha venido conociendo como “el debate decisivo” para las próximas elecciones generales. El primer bloque se dedicó a debatir sobre la economía y el Estado de Bienestar: y, más allá de lo criticables que sean las distintas propuestas de las cuatro formaciones políticas, los argumentos fácticos que emplearon para defenderlas fueron en gran medida tramposos, incorrectos o directamente falaces.

En este artículo, me gustaría repasar las principales tergiversaciones económicas que pudimos escuchar el pasado 7 de diciembre por boca de Soraya Sáenz de Santamaría, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Albert Rivera, acaso con algo más de astucia, apenas realizó ninguna declaración con contenido empírico, optando por centrarse en el más etéreo mundo de las propuestas (y, como digo, no tengo intención de dedicar este artículo a las propuestas de los partidos: para mi crítica más detallada a casi todo el programa de Ciudadanos, puede consultarse esta serie de artículos: I, II, III, IV y V).

Soraya Sáenz de Santamaría

"Hemos hecho muchas reformas. Cogimos el país en un momento muy difícil, y evitamos el rescate".
 
Es verdad que la situación económica de España a comienzos de 2012 era crítica: pre-quiebra sea, probablemente, el término más acertado para describirla. Lo que ya no es tan cierto es que el país evitara el rescate con intervención —las cajas de ahorros tuvieron que ser rescatadas por Bruselas y, para ello, el gobierno de España suscribió un memorándum de entendimiento— y, sobre todo, que esa superación de la pre-quiebra sea mérito del gobierno: fue Mario Draghi quien, con su promesa de intervención ilimitada en el mercado de deuda española e italiana, sacó a España y a Italia de la quiebra.

“El 75% de los trabajadores tienen un contrato fijo, un 4% más que cuando cogimos la legislatura. Pero ahora se trata de incentivar esa estabilidad en el empleo, ampliando por ejemplo —idea nueva— cuatro años la exención de 500 euros para los trabajadores que empiezan con un contrato indefinido o que les hacen en su empresa un contrato indefinido”.
 
El porcentaje de empleos con contrato indefinidos en el tercer trimestre de 2011 era del 74,1% (en el cuarto trimestre de 2011 fue del 75,2%) y hoy es del 73,8%. Por consiguiente, no es verdad ni que el 75% tenga contrato indefinido ni que ese porcentaje haya aumentado un 4%. Además, la exención de los primeros 500 euros de cotizaciones a la Seguridad Social para los nuevos contratos indefinidos no ha dado, hasta el momento, ningún resultado.

“Cuando llegamos al gobierno el agujero del déficit era enorme y tuvimos que pedir un esfuerzo a los ciudadanos. En cuanto hemos empezado a crecer, hemos devuelto ese esfuerzo a los ciudadanos”.
 
Es cierto que el gobierno del PP se encontró un enorme déficit público en 2012, lo que ya resulta mucho más dudoso es que no fueran conscientes del mismo y lo que es rematadamente falso es que hayan devuelto a los españoles los impuestos que incrementaron durante esos primeros dos años de legislatura. El propio gobierno, en su Programa de Estabilidad 2015-2018, estima que a finales de 2015 cada familia española pagará, como media, casi 2.000 euros más que al comenzar la legislatura (a pesar de las rebajas de impuestos que se han aprobado a partir de 2014).

“Con crecimiento podremos bajar los impuestos y pagar el déficit”
 
Si una economía crece y el Estado congela el gasto público en términos absolutos, es posible reducir el déficit y bajar impuestos. Por ejemplo, ahora mismo el Estado español recauda unos 400.000 millones de euros y gasta unos 460.000. Si las administraciones públicas congelan el gasto en 460.000 y la economía y los ingresos fiscales crecieran un 25%, podrían bajarse 40.000 millones de euros en impuestos eliminando el déficit. Por tanto, si la economía creciera a un elevado ritmo, en principio esta promesa podría cumplirse.

Pero, ¿es esto lo que pretende hacer el PP? En absoluto: si acudimos al propio Programa de Estabilidad 2015-2018 remitido por el Ejecutivo del PP a Bruselas, la expectativa es que los ingresos del Estado sobre el PIB aumenten del 37,8% en 2015 al 38,1% en 2018. Es decir, el PP no pretende reducir el peso del Estado en nuestras vidas, sino incrementarlo.

“Hemos hecho muchas reformas: entre ellas la reforma de la administración. Yo voy a dar un dato: 30.000 millones dejaron de déficit; 30.000 millones hemos ahorrado con una reforma de la administración”.
 
Que la reforma de la administración pública haya ahorrado 30.000 millones de euros es uno de esos mantras propagandísticos del PP que no se sostienen por ningún lado. Los gastos corrientes del conjunto de Administraciones Públicas en 2011 eran de 436.700 millones de euros; a cierre de 2014, de 432.500 millones de euros. Es decir, el gasto corriente apenas ha caído en 4.200 millones de euros al año. Claro que, en estas cifras, estamos incluyendo gastos poco vinculados con el funcionamiento de las administraciones: por ejemplo, el pago de intereses de la deuda (que ha aumentado), de las pensiones o del desempleo.

Si nos centramos específicamente en lo que podríamos llamar gastos de funcionamiento —salarios de empleados públicos y consumos intermedios—, el recorte anual asciende a 14.000 millones de euros. La mitad de lo que afirma Soraya. Ahora bien, tengamos presente que estos 14.000 millones de euros de “reforma de las administraciones públicas” no se corresponde exclusivamente con la eliminación de duplicidades administrativas, la supresión de gastos superfluos o el cierre de empresas públicas: en su práctica totalidad estamos hablando de la reducción del empleo público (incluyendo el empleo público en escuelas u hospitales) o de la restricción del material en hospitales, comisarias o escuelas.
Conste que no estoy criticando la magnitud de este necesario ajuste —de hecho, se queda corto— pero ni asciende a 30.000 millones de euros ni es imputable a una mera reorganización de la grasa de la burocracia estatal.

“El objetivo del Partido Popular es que en España haya 20 millones de personas trabajando en 2020. Esa es la manera de garantizar nuestras pensiones y su sostenibilidad”.
 
Esta declaración es compartida —y ha sido enunciada de formas similares— tanto por Pedro Sánchez como por Albert Rivera. Sin embargo, esconde una trampa obvia: a medio-largo plazo, es imposible que España mantenga una cifra de 20 millones de trabajadores, dado que por necesidad la demografía va a decrecer significativamente (la única forma de revertir esta tendencia sería permitir la muy abundante entrada de inmigrantes, cosa que ningún candidato parece que vaya a hacer). En apenas tres décadas, el número de trabajadores en ningún caso superará los 16 millones, de manera que las condiciones actuales de jubilación serán insostenibles y ningún político está tomando medida alguna para minimizar el golpe. Todos ocultan esta terrible realidad pues todos han suscrito el Pacto (de silencio) de Toledo.

Pedro Sánchez

“Hay más precariedad: 9 de cada 10 contratos que se firman en este país son temporales”.
 
Esta frase fue constantemente repetida tanto por Pedro Sánchez, como por Pablo Iglesias y Albert Rivera y, en apariencia, contrasta con las cifras ofrecidas por Sáenz de Santamaría. Según el gobierno, el 74% de los empleos tienen contrato indefinido; según la oposición, el 90% de los contratos firmados son temporales. ¿Quién tiene razón? Ambos: el 90% de los contratos que se firman cada mes son temporales pero el 74% de todos los empleos que existen en España cuentan con un contrato indefinido.

En cifras: al cierre del tercer trimestre de 2015, el total de empleos por cuenta ajena en España era de 14,95 millones, de los cuales sólo 3,9 millones eran trabajadores temporales. Ahora bien, en noviembre de 2015, se firmaron 1,6 millones de contratos, de los cuales sólo 132.000 eran indefinidos. (La explicación es simple: imaginemos que en un mes se crean dos empleos, uno con contrato indefinido y otro con una renovación diaria de contratos temporales. El número de contratos firmados habrá sido de 31 (un contrato indefinido y 30 contratos temporales, uno por día), mientras que los empleos serán dos (un empleo indefinido y otro temporal): es decir, el 97% de los contratos totales serán temporales, pero sólo el 50% de los empleos lo serán.

En definitiva, nadie miente, pero nadie dice completamente la verdad. Por un lado, el Gobierno pretende transmitir la imagen de una temporalidad bajo control, cuando evidentemente la elevada rotación de contratos temporales sí indica una anormalidad de nuestro mercado de trabajo. Por otro, la oposición pretende trasladar la imagen de que la inmensa mayoría de trabajadores padece un contrato temporal, cuando evidentemente no es así.

Con todo, en lo que sí miente Pedro Sánchez es en decir que la precariedad haya aumentado con el PP: en noviembre de 2015, el 8,28% de los nuevos contratos eran indefinidos; en noviembre de 2011, el 6,89%; en noviembre de 2010, el 8,6%; y en noviembre de 2009, el 8,92%. Diferencias muy escasas.

“No hay que olvidar que durante estos últimos cuatro años ha caído el crédito en 300.000 millones de euros a pequeños autónomos, a pequeñas y medianas empresas y, en consecuencia, el grifo del sector financiero está cerrado para los pequeños y medianos empresarios”.
 
Entre octubre de 2011 y octubre de 2015 (últimos datos disponibles), el endeudamiento empresarial en España se ha reducido en 275.000 millones de euros. Es decir, las empresas, con un enorme esfuerzo, han conseguido amortizar obligaciones financieras por importe de (casi) 300.000 millones de euros, hasta dejar su endeudamiento total en 925.000 millones de euros. De entrada, fijémonos en que estoy hablando de empresas en general, no de pymes: la mayor parte de esa deuda, en contra de lo que afirma el candidato socialista, es de grandes empresas (no puede ser de otro modo: en España hay unos 3,2 millones de empresas, de modo que si ese endeudamiento fuera sólo de pymes, cada pyme cargaría con una deuda media de 290.000 euros).

Pero, además, lo que se ha reducido en 300.000 millones de euros no es el nuevo crédito, sino el endeudamiento heredado de la burbuja inmobiliaria. Si miramos los importes de concesión de nuevo crédito a empresas, entre enero y octubre de 2015 se han otorgado 13.500 millones de euros en nuevo crédito con un importe inferior al millón de euros, mientras que entre enero y octubre de 2011 se concedieron 14.500 millones (es decir, una caída del 6% en la concesión de nuevo crédito de importe inferior a un millón de euros entre el último año del PSOE y el último del PP); en cambio, la concesión de nuevo crédito de más de un millón de euros en ese mismo período pasa de 28.500 millones en 2011 a 18.800 millones (una caída del 34%).

En suma, la reducción del endeudamiento empresarial no es una mala sino una excelente noticia: y en cuanto a la sana restricción del nuevo crédito, lo están padeciendo mucho más las grandes empresas (caída del 34%) que las pequeñas (caída del 6%).

“Por tanto, ¿ha habido rescate al sector financiero? Sí. El sector financiero rescatado, por cierto, es lo que explica la reforma laboral que aplicó este gobierno”.
 
La reforma laboral se aprobó el 10 de febrero de 2012, mientras que el memorándum de entendimiento por el que se rescató a la banca española se suscribió el 20 de julio de 2012. De hecho, las únicas medidas novedosas exigidas por el rescate financiero en materia laboral se refirieron a una mejora de las políticas activas de empleo (formación y búsqueda de empleo), lo cual no guarda relación con la reforma laboral del gobierno. No hay relación entre ambos.

“El contrato único es el despido libre: el empresario no va a tener de argumentación, de causa, para poder expulsar o despedir a un trabajador de su empresa”
 
Contrato único no es despido sin causa. El contrato único es perfectamente compatible con que siga habiendo causas tasadas para justificar el despido disciplinario o para el despido objetivo (como sucede ahora), pudiéndose declarar el despido procedente, improcedente o nulo según concurran o no las causas tasadas. Además, es perfectamente posible que haya una doble escala de indemnizaciones según si el despido es improcedente o procedente por causas objetivas (aquí un ejemplo de ello).

“El contrato único es: si antes te despiden, menos cuesta la indemnización por despido. Con lo cual es blanco y en botella: lo que se va a hacer es universalizar la precariedad”.
 
La actual indemnización por despido también es creciente según el tiempo de duración de la relación laboral (33 días por año trabajado): por consiguiente, ahora mismo (y también previamente a 2012), si antes te despiden, menos cuesta la indemnización por despido. Un trabajador con contrato indefinido que cobre 1.000 euros mensuales podrá ser despedido por 1.100 euros si lleva un año trabajando, mientras que costará 11.000 euros de despedir si lleva trabajando diez. La única diferencia que introduce el contrato único es que la indemnización por año está unificada para fijos y temporales y es creciente cada ejercicio (es decir, al inicio de la relación laboral es relativamente más barato despedir que conforme esa relación laboral se consolida en el tiempo).

“[Si quieres restablecer la negociación colectiva] el contrato único no es eso”.
 
Mientras Albert Rivera defendía un reforzamiento de la negociación colectiva en España (nota aparte: reforzar la negociación colectiva a un nivel superior al de la empresa es un enorme error), Pedro Sánchez le reprochó al candidato de Ciudadanos que semejante posición era incoherente con su defensa del contrato único. Nada que ver: el contrato único se refiere esencialmente a los términos y a la indemnización del despido, no a los mecanismos para determinar los salarios y el resto de condiciones laborales (que es lo que regulan los convenios colectivos).

Personalmente no me gusta el contrato único (prefiero un contrato libre), pero cada vez que Sánchez (o Iglesias) hablan del contrato único sólo demuestran o que no han entendido en qué consiste o que mienten deliberadamente.

“Para que nos entiendan todos los españoles: durante estos últimos cuatro años, se han aumentado los impuestos, se ha recortado el gasto social y ha aumentado la deuda púbica. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues el agujero de Bankia”.
 
Una de las mayores falsedades pronunciadas por Sánchez es ésta. Desde el inicio de legislatura del PP, la deuda pública ha aumentado en 320.000 millones de euros, mientras que el rescate de Bankia que pueda quedar registrado en esa deuda pública (pues también ha habido avales o compras de activos a través de la Sareb, que no figuran en la misma) asciende a 22.500 millones de euros (el del total del sistema financiero para el erario público es de 54.000 millones). ¿Cómo puede Sánchez negar la realidad de un modo tan flagrante? Pues porque el discurso que ha estado vendiendo la oposición durante estos últimos cuatro años no se sostiene: si el PP nos ha sableado a impuestos y si el PP ha desmantelado el Estado de Bienestar, ¿cómo puede haberse disparado la deuda pública tantísimo? Pues porque, en realidad, el PP sí nos ha sableado a impuestos pero ha reducido el gasto de manera muy insuficiente como para acabar con el déficit.

Pero eso no lo puede admitir Sánchez, porque entonces tendría que reconocer que el PP apenas ha practicado (como sí debería haber hecho) la tan denostada “austeridad” alrededor de la cual ha girado el demagogo discurso del PSOE durante estos cuatro años. Es decir, si Sánchez admitiera esto estaría, en el fondo, reconociendo que PP y PSOE son prácticamente idénticos.

Pablo Iglesias

“El contrato único lo que hace en última instancia es abaratar el despido, porque acaba con los días de indemnización. Entonces, habría que estar trabajando nueve años para que uno tuviera unos días de indemnización decentes. En la práctica, lo que hace es igualar por abajo”.
 
La frase de Pablo Iglesias no es nada clara pero probablemente se refiera a que, en la mayoría de propuestas de contrato único, no comienza a devengarse una indemnización por despido de 33 días por año trabajado hasta el noveno año de empleo. Pero esto no significa que la indemnización por despido sea prácticamente nula antes del noveno año. Por ejemplo, si el contrato único arranca con una indemnización por despido de 12 días por año trabajado que se incrementa a un ritmo de tres días por año (de modo que la indemnización por despido sea de 15 días en el segundo año, de 18 en el tercero…), un trabajador que lleve cinco años en la compañía habrá devengado una indemnización de 90 días. En la actualidad, es posible encadenar dos años de contratos temporales (12 días de indemnización por año trabajado) y sólo a partir del tercero el puesto ha de consolidarse como indefinido (33 días por año trabajado), de modo que un trabajador que lleve cinco años en la empresa habrá devengado como media 123 días de indemnización.

Es cierto que, bajo esos supuestos, el contrato único implica una rebaja del coste del despido, pero es falso que se acabe con los días de indemnización o que el despido sea prácticamente gratuito antes del noveno año. Por cierto, el contrato único podría diseñarse para no implicar ninguna rebaja del coste del despido: si, por ejemplo, la indemnización del primer año fuera de 18 días con un incremento de tres días por año, un trabajador devengaría un derecho de indemnización de 120 días al quinto año (frente a los 123 del sistema actual).

“El problema de este país no es el mercado de trabajo, porque con la misma legislación laboral puede haber más paro en Huelva que en el País Vasco. El problema es generar empleo”.
 
Que existan diferencias en la tasa de paro entre regiones españolas no prueba que la legislación laboral no tenga ninguna influencia sobre la capacidad de generar empleo de una economía. No en vano, la tasa de paro del País Vasco es del 13,8%, mientras que en la Unión Europea es del 10,2%, pese a que la renta per cápita del País Vasco es un 9% superior a la de la Unión Europea. Es decir, la mejor tasa de paro de España es un 35% superior a la de la media europea: ¿qué indicio es ése de que nuestra legislación laboral no sea problemática?

De hecho, el único problema de España no es sólo su alta tasa de paro, sino su muy elevada dualidad (esto es, justamente, lo que pretende remediar el contrato único): casi toda la destrucción de empleo se ha concentrado entre las personas que tenían un contrato temporal, y no entre los contratos indefinidos (es decir, se ha sobredestruido empleo entre los jóvenes). Y, en esto, Andalucía se comporta de forma muy parecida al País Vasco: en el tercer trimestre de 2015, el número de trabajadores con contrato indefinido era 8,5% superior en Andalucía y un 1,2% superior en el País Vasco al número de trabajadores indefinidos en 2006. Sin embargo, el número de trabajadores con contrato temporal era un 35% inferior en Andalucía y un 25% inferior en el País Vasco.

“Entre 60.000 y 300.000 euros [defiendo] un impuesto progresivo: porque, actualmente, el que gana 60.000 al año paga lo mismo que el que gana 300.000”.
 
El líder de Podemos está confundiendo el tipo marginal del IRPF con el tipo medio. Es verdad que, ahora mismo, el tipo marginal a partir de 60.000 euros anuales es constante (es decir, el tipo marginal al que se enfrenta quien gana 60.000 euros es el mismo que quien gana 300.000), pero eso no significa que paguen lo mismo, ya que los ingresos por debajo de 60.000 tributan a tipos marginales más bajos. Por ejemplo, imaginemos que el tipo marginal hasta 60.000 euros fuera del 10% y que a partir de 60.000 subiera al 50%. En ese caso, una persona que ganara 70.000 euros pagaría en impuestos 11.000 euros (6.000 por los primeros 60.000 euros de ingresos y 5.000 por los 10.000 siguientes), es decir, un tipo medio del 15,7%; en cambio, la persona que ganara 300.000 euros pagaría 126.000 euros en impuestos (6.000 por los 60.000 primeros ingresos y 120.000 por los 240.000 siguientes), es decir, un tipo medio del 42%.

Así, en 2008 ya sucedía que el tipo marginal a partir de 53.407 euros era del 43% y, como decimos, no pagaba lo mismo quien ganaba 60.000 euros que quien ingresaba 300.000: el primero abonó un tipo efectivo medio del 22,96% y el segundo del 30,21%. Pura demagogia antitrabajadores cualificados.

“A cada ciudadano de este país, el fraude fiscal de los que están arriba —porque son los que [están arriba los que] defraudan, le cuesta 2.000 euros al año”.
 
Pablo Iglesias estima el fraude fiscal en aproximadamente 90.000 millones de euros anuales e imputa ese nivel de defraudación “a los que están arriba”. ¿De dónde obtiene estas cifras? Presumiblemente (ya que no existen otras), de Gestha: el sindicato de técnicos de Hacienda lo cifran en 90.000 millones y afirma que en un 72% lo cometen grandes empresas. El problema de estas cifras es que son ficticias: no existe ningún informe de Gestha donde se demuestre semejante estimación a través de una metodología contrastable. Yo mismo reté públicamente en televisión al sindicato en junio a que presentaran el informe y, medio año después, todavía no lo han hecho: ni a mí ni ante nadie.
Dicho de otro modo, uno podría llegar a argumentar que el fraude fiscal en España asciende a 90.000 millones de euros, pero no existe base alguna para afirmar que éste se concentra en los más ricos (máxime cuando la mayor parte del fraude procede de la economía sumergida: y no parece que las grandes empresas tengan a la mayor parte de su plantilla sin dar de alta a la Seguridad Social).

De hecho, es Podemos quien asegura que tales estimaciones de fraude fiscal son totalmente artificiosas. En su programa económico asevera textualmente que: “El peso de la economía sumergida estaría en España en torno al 20% del PIB, lo que equivaldría a un fraude fiscal equivalente al 5% o 6% del PIB. No podemos esperar, siendo realistas, que las medidas que proponemos lo eliminen por completo, así que un objetivo para la próxima legislatura podría ser reducir el tamaño de la economía sumergida al mismo nivel que Alemania, que es un 5% del PIB más bajo. Esto reduciría el fraude fiscal también en una cuarta parte, o el equivalente al 1,5% del PIB”.
Un 6% del PIB equivale a unos 65.000 millones de euros (no 90.000) y la recaudación que cabe esperar es de unos 17.000 millones, es decir, unos 350 euros por español, no 2.000.

“Barcelona crece al 7%”.
 
El INE no calcula una estadística de PIB municipal. Como mucho, podemos atender a la estimación de PIB municipal que efectúa el propio Ayuntamiento de Barcelona: y, a ese respecto, el último dato publicado es el de 2014… que lo cifra en el 1,5%. No hay más. Decir que Barcelona crece al 7% es un conejo sacado de la chistera.

“Las pensiones no son un problema demográfico. Tienen que ver con el modelo productivo. Hace 40 años hacían falta cuatro personas para pagar una cotización. Ahora hace falta solo una”.
 
Es absurdo afirmar que las pensiones no son un problema demográfico, sino de productividad. Como poco habría que afirmar que las pensiones no son sólo un problema demográfico, pero negar la decisiva influencia de la demografía es un disparate. Al cabo, si fuera cierto que hoy podemos pagar las pensiones con una sola persona trabajando (nota: no podemos de ninguna manera), en caso de que siguiéramos siendo cuatro trabajadores por pensionista podríamos abonar pensiones cuatro veces superiores a las actuales. Por consiguiente, la demografía sí es un problema importante a tener en cuenta, sobre todo cuando consideramos la llamada tasa de sustitución.

La tasa de sustitución podemos definirla cómo el porcentaje del sueldo medio que representa la pensión media. Se trata de una ratio muy relevante, ya que expresa qué salto de vida experimentará el pensionista al abandonar el mercado laboral. En la actualidad, la pensión media de jubilación es de 14.280 euros anuales, aproximadamente el 63% del sueldo medio (por tanto, el pensionista media experimenta una merma del 37% en su ingreso mensual medio). Por eso necesitamos alrededor de dos trabajadores por pensionista para sufragar una pensión: la cotización por contingencias comunes de cada trabajador es aproximadamente el 30% de su salario, por lo que necesitamos dos cotizaciones medias permiten abonar una pensión media. ¿Qué sucederá cuando seamos un trabajador por pensionista (la ratio hacia la que demográficamente nos dirigimos)? Pues que sólo podremos pagar una pensión media equivalente al 30% del salario medio: es decir, los pensionistas experimentarán una merma de ingresos del 70% con respecto a su salario medio una vez se jubilen. Y eso sucederá con independencia de cuál sea nuestra productividad: aunque nuestros salarios se multipliquen por 10, la pensión media seguirá siendo un 30% de ese salario medio multiplicado por 10. ¿Eso no constituye problema alguno para Iglesias?

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