Es una nueva muestra de la manipulación política de las mentes del ciudadano para ir introduciendo más y más impuestos con la menor resistencia de éste.
Se impone a la fuerza una normativa que obliga a un importante desembolso por parte del ciudadano (normativas que se realizan para favorecer a ciertos lobbies para compensar pérdidas de ingresos en sus actividades normales, clientelismo político presente por todos lados en nuestro sistema político, a costa siempre del ciudadano común). Para que no se alborote demasiado, se le promete que como compensación se le cobrar menos impuestos (en este caso IBI por la ganancia de eficiencia y gasto energético), y luego una vez llevado a cabo, dicha promesa se incumple, pues el único fin político es la recaudación para malgastar más, obtener más apoyos de su clientelismo para mantenerse en el poder, y aumentar el poder político (más y más legislación e interferencias en el sector civil para aumentar su cuota de poder, colocar a más gente, hacerse más imprescindible y más dependiente a toda la sociedad).
Artículo de El Economista:
La Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) recibió una enmienda del PP a su paso por el Senado que establecía una reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta del 20% para los edificios con mejor certificación energética. Fue anunciada a bombo y platillo, pero finalmente se cayó de la redacción final de la norma.
La sorpresa ha sido mayúscula en los consistorios. El partido en el Gobierno, después de introducir una modificación de la Ley de haciendas locales que otorgaba potestad a los ayuntamientos para reducir el IBI de los inmuebles con menos consumo de energía, decidió retirarla de la redacción final publicada en el BOE. La razón, según comentan fuentes del sector que han preguntado por el cambio de tercio, es que "se hará más adelante".
La enmienda establecía la posibilidad de rebajar el IBI un 20% a los edificios con un certificado energético tipo A, un 16% al tipo B, un 12% al tipo C, un 8% al tipo D y un 4% al tipo E. Los tipos menos eficientes, F y G, así como los inmuebles sin certificar, no obtenían rebaja alguna.
El sector se lamenta
En el sector se lamentan de la contradicción de las señales que desde la Administración se mandan al mercado de la eficiencia energética. Aunque siempre es un tema destacado del discurso político, la realidad es que no se han traspuesto a tiempo las directivas europeas de eficiencia energética y de eficiencia energética en los edificios, lo que nos ha acarreado la apertura de sendos expedientes por parte de la Comisión.
En el caso de la Directiva de eficiencia energética, tenía que haberse traspuesto íntegramente antes del 4 de junio de 2014, e Industria ya ha terminado la redacción de un Real Decreto con buena parte de las medidas pendientes -como la obligación de las grandes empresas de hacer auditorías energéticas o la de instalar contadores individuales en las calefacciones comunitarias-, pero ha optado por no aprobarlo a la vista de la cercanía de las elecciones: exige desembolsos y restaría votos.
En el caso de la Directiva de eficiencia energética en edificios, el calendario de transposición comenzaba el 9 de julio de 2012 y termina el próximo 31 de diciembre, según las disposiciones.
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