domingo, 4 de diciembre de 2016

¿Hay demasiados funcionarios y empleados públicos en España?

Daniel Viaña analiza la cuestión del número y coste de los empleados públicos en España, comparándolo a Europa y la OCDE, y mostrando propuestas de mejora de la Administración Pública.


Artículo de El Mundo:

En España hay algo más de tres millones de trabajadores públicos, según el último dato que arrojó la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre publicada el pasado jueves. ¿Muchos? No. O, al menos, no si se compara con el resto de países europeos. "El empleo público no es una cifra muy abultada, es un tamaño intermedio en el contexto europeo", apunta Raymond Torres, director de Coyuntura y Estadística de Funcas. Toni Roldán, portavoz de Economía de Ciudadanos, añade que "yo no creo que España tenga demasiados trabajadores públicos" y Nacho Álvarez, secretario de Economía de Podemos, recuerda que "desde 2011 a 2013 se perdieron casi medio millón de empleos públicos, en sectores tan sensibles como la educación o la sanidad y muy pocos de ellos se han recuperado".
Y, sin embargo, cuando se observa la remuneración total que reciben los empleados públicos, la fotografía cambia sustancialmente. Según datos de Eurostat a cierre de 2015, la proporción de empleados públicos sobre el conjunto de los trabajadores era del 21,6%. La cifra no concuerda con la que ofrece la EPA ya que la medición que cada estadística realiza es diferente, pero es necesario acudir a ella para poder enfrentarla y compararla con el gasto que, en términos de PIB, supone el pago de las nóminas de funcionarios y contratados por las diferentes administraciones.
Así, España dedicó en 2015 un 11,1% de su Producto Interior Bruto (PIB) para este concepto, lo que supone unos 110.000 millones de euros. Si se divide esta cifra entre los mencionados 3,003 millones de trabajadores del sector público, el resultado es que el sueldo medio es de unos 36.600 euros, esto es, más de 10.000 euros por encima de los 26.259 euros a los que ascendía el sueldo medio en España a cierre de 2015. Además, el peso que las nóminas públicas tienen sobre el PIB es superior al de Alemania y al de la media europea, y muy cercano al de Francia, donde la proporción de trabajadores es mayor.


"Lo que importa es el coste total. Si medimos empleados públicos entre el total de población activa, España es, efectivamente, uno de los países con menor proporción de Europa pero, en cambio, el coste salarial de un trabajador público en relación con uno privado es de los más altos", explica Juan Ramón Rallo, doctor en Economía y director del Instituto Juan de Mariana.




Esta situación parece un tanto contradictoria si se atiende a los sueldos que cobran los altos cargos de la Administración que, habitualmente, perciben una remuneración sensiblemente inferior a la de sus homólogos o comparables de la empresa privada. Además, no parece haber una explicación única y compartida pero Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), expone que "se han creado estructuras clientelares", y detalla: "En este país ha habido más de 4.000 organismos y empresas públicas para hacer las cosas más insospechadas. Por ejemplo, compañías públicas que sólo hacían colegios públicos, que se dedicaban a la extracción de sal en minas a cielo abierto o, la empresa Expo 92, que se ha mantenido activa hasta hace poco. A ello se une que hay miles de asesores en todas las administraciones. La cifra nadie la sabe con seguridad pero podrían ser entre 17.000 y 20.000 asesores cuyos sueldos, además, son muy superiores a los que puede cobrar un catedrático de universidad".
Nacho Álvarez, en cambio, considera que el mayor gasto sí está directamente relacionado con los tramos más altos del sector público ya que en los niveles medios y bajos las condiciones económicas son cada vez peores; y Rallo recuerda que algunos sectores como "los profesores son, según el informe PISA, los mejor pagados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en términos absolutos".
En lo que sí existe una mayor unanimidad es en que se ha realizado una notable politización de los trabajadores públicos que, además, afecta a todas las capas de la Administración. Según Roldán "la Administración Pública es muy profesional pero se ha deteriorado por la politización", lo que a su vez ha hecho que «el control se debilite y pase lo que ha pasado durante los últimos años cuando, sobre todo a nivel local, hasta el jardinero depende del alcalde». Todo ello, prosigue, ha desembocado en «poco control y mucho dedazo».




En una línea muy similar se expresa Borra, quien asegura que el gasto desaforado y el uso político durante los años de bonanza han provocado que ahora se recorte, incluso, en sectores que dan un servicio real a la ciudadanía. "Por eso ahora faltan camas, faltan policías o no hay personal suficiente en Educación y Justicia".

Distribución y productividad

Estas necesidades en determinados ámbitos también están relacionadas con cómo se realiza la distribución de los recursos, que en muchas ocasiones se lleva a cabo bajo criterios obsoletos. "Hay un problema de distribución, de eficiencia. Hay sectores que presentan insuficiencia y otros en los que se producen duplicidades o se asignan demasiados recursos. Un ejemplo es el Ministerio de Agricultura, cuya asignación de personal público no se corresponde con las necesidades actuales, o los ámbitos en los que las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas", afirman desde Funcas.
Otro ámbito en el que el empleo público debe mejorar para ser más eficiente y, en consecuencia, tener una mejor valoración entre la población, es el de la productividad. "Aun siendo difícil aumentar el gasto en la actual coyuntura económica y marco institucional europeo, debería aumentarse la calidad del servicio, a través de aumentos en la productividad de los funcionarios y empleados públicos existentes", expone Giorgio Zanarone, coordinador del área de Organización y Dirección de Empresas de CUNEF.
Para ello, este doctor en Economía y profesor del Colegio Universitario de Estudios Financieros propone "aumentar la capacidad de los directivos públicos de promover, incentivar, cambiar de tarea e incluso despedir a los empleados que operan bajo su supervisión, así como ligar la retribución a medio plazo y la carrera de los directivos a los resultado de su departamento o agencia".
Otra opción, apuntada desde Ciudadanos, es la de seguir el ejemplo de países en los que se han llevado a cabo reformas para que los funcionarios no tengan un trabajo garantizado para toda la vida si su desempeño no lo merece. "Todas las sociedades escandiavas, que tienen un sector público más grande, tienen muchos trabajadores públicos pero no funcionarios, esto es, no tienen el trabajo para siempre", señala Roldán.

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