El robo de Sucesiones

Juan Rallo analiza el robo a mano armada que supone el impuesto de Sucesiones, un impuesto particularmente cruel, injusto y distorsionador. 

Artículo de su página personal: 

El Consejo General de Economistas acaba de publicar su conocido informe “Panorama de la fiscalidad autonómica y foral” correspondiente al año 2017: se trata de un documento que aporta un elevado volumen de información sobre las distintas figuras tributarias padecidas por los ciudadanos españoles. Mas acaso convenga centrarse en una de ellas para poner de manifiesto el escandaloso robo a mano armada que supone: nos estamos refiriendo al Impuesto sobre Sucesiones. De acuerdo con esta publicación, la región española donde este gravamen desangra de un modo más escandaloso a los herederos es en Andalucía: un soltero de 30 años que reciba de sus padres un patrimonio constituido por 800.000 euros (de los cuales 200.000 están conformados por la vivienda del causante) deberá abonar 164.000 euros. Pero no crean que, por desgracia, se trata de un caso excepcional: en Extremadura sufriría un rejonazo de 158.000 euros, en Aragón de 155.000 y en Asturias de 134.000; sólo unas pocas autonomías se salvan del esperpento expoliador, entre las que destacan La Rioja (3.100 euros), Madrid (1.600 euros), Cantabria (1.500 euros) y Canarias (150 euros).

El Impuesto sobre Sucesiones es un tributo particularmente cruel —pues trata de sacar tajada de un hecho luctuoso—, injusto —pues grava un patrimonio resultante de la acumulación de unas rentas que ya habían sido gravadas durante la vida del difunto— y distorsionador —pues obliga a liquidar y, muy a menudo, a desmembrar el caudal relicto sólo para poder hacer frente a la obligación tributaria—. Un auténtico despropósito que, para más inri, apenas tiene un impacto recaudatorio relevante: de los 90.000 millones de euros que cada año se embolsan los gobiernos autonómicos a costa de los ciudadanos españoles, sólo 2.200 proceden del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. O visto desde otro ángulo: únicamente 330 millones de los 33.000 que gasta cada año la Junta de Andalucía (apenas el 1%) proceden de esta figura impositiva. Señores políticos, mantengan algo de pudor y suprímanlo cuando antes.