miércoles, 27 de junio de 2018

Colau eliminará el 60% de las licencias de Uber y Cabify

Son enemigos del progreso, son enemigos de las mejoras disruptivas en la sociedad, son enemigos de la libertad, son enemigos de los ciudadanos como consumidores y son amigos de los lobbies. 
Y esta nueva noticia al respecto de las licencias es otra evidente muestra. La estrategia es sencilla. Impedir la libre competencia, reducir la oferta de transporte, encarecer las alternativas al taxi y establecer crecientes y costosas trabas para evitar que nuevas formas de servir a la gente, más baratas y con mejor servicio al cliente (luego hablan de democratización...) puedan surgir para sustituir otras más caras y peores. 

De esta manera, de cara a la galería no se prohíben como tales (no podrían por tribunales de la competencia) pero limitan enormemente su número y aumentan enormemente su coste, para que al final, no supongan básicamente ninguna diferencia con respecto al lobby que se beneficia del poder político a costa del ciudadano. 
El beneficio es para el político y para el lobby, que emplean la ley arbitrariamente para imponer al ciudadano el modelo de negocio, les guste o no. 
Salen perdiendo los emprendendores, los nuevos trabajadores en el sector, la innovación en la actividad, y por supuesto el ciudadano, que pagará mucho más por el servicio del que hubiese pagado sin la intromisión del político y obtendrá menos gente que le ofrezca el servicio (más tiempo y dinero). 
Pero luego, su extenso marketing mediático los venderá de "preocupados" por el bienestar ciudadano, justos y ecuánimes, enemigos de las oligarquías del poder...ya se sabe, el partido de la gente...
Josep Ramón Torné se hace eco de la noticia en el siguiente artículo. 
Artículo de El Economista:
taxi-barcelona.jpgTaxis en la estación Sants de Barcelona. Alamy.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aprobó ayer el reglamento que obliga a las empresas con licencias VTC, como Uber y Cabify, a obtener una autorización adicional para ofrecer su servicio en el área metropolitana de la capital catalana.
La norma consagra la proporción 1/30, que fija la ley española y que determina que debe haber un máximo de una licencia VTC por cada 30 de taxi.
Como resultado, el reglamento de Colau, que aduce razones medioambientales y de mejora de la movilidad, limitará a 399 las VTC que pueden funcionar en Barcelona, lo que representará que el 58% de las que opera actualmente quedarán suspendidas. La patronal Unauto VTC aseguró que se perderán 1.300 empleos

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