La Seguridad Social elevará las pensiones con el IPC pese a que su 'déficit real' supera los 35.000 millones al año

Manuel Llamas analiza las repercusiones de la reciente medida electoralista y populista (e irresponsable a más no poder) tomada en el Pacto de Toledo, debido a la decisión del PSOE. 

La primera decisión importante del nuevo gobierno es una auténtica bomba de relojería, que va a dinamitar a medio plazo las cuentas públicas, dilapidando el crecimiento potencial de la economía, y ahogando a impuestos a los contribuyentes (que incluirá a los propios pensionistas), afectando a la generación de riqueza, la creación de empleo y en gran medida a los salarios, y por supuesto a la prestación de servicios (pues centenares de millones de euros en los próximos 20 años serán absorbidos de otros destinos (educación, sanidad, protección social, investigación, infraestructuras...) para pagar tal bomba fiscal. 

Y por supuesto, esto no acabará así como prometen ahora...

Artículo de Libre Mercado: 

La Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio | Efe

¡Albricias! Tras meses de negociación, la Comisión del Pacto de Toledo logró, finalmente, el ansiado consenso entre las distintos grupos parlamentarios para volver a ligar la subida de las pensiones al IPC, tal y como sucedía antes de que el PP aprobara en 2013 la última reforma del actual modelo de reparto. En concreto, los partidos han acordado que las pensiones se revaloricen al ritmo de la inflación, en incluso a tasas superiores, siempre y cuando la economía española crezca.

Sin embargo, todavía falta por dilucidar qué pasará en caso de recesión. PP, Ciudadanos y PdeCAT apuestan por blindar la subida de las pensiones más bajas con la inflación -las mínimas más aquellas que no superen un determinado umbral de renta- si el PIB registra tasas negativas, de modo que el resto de prestaciones perderían poder adquisitivo. Pero, para compensar, no descartan aplicar subidas incluso superiores al IPC en los años de bonanza económica. Por su parte, PSOE, Unidos Podemos y Esquerra Republicana exigen que no haya distinción alguna entre pensionistas, defendiendo así que todas las prestaciones evolucionen según la inflación, con independencia de la situación económica del país.

Sea como fuere, la reforma de las pensiones de 2013, ideada para garantizar la sostenibilidad financiera del modelo a medio y largo plazo, ya ha sido oficialmente derogada. Este cambio normativo introducía dos novedades que, hoy por hoy, o bien ya no existen o bien su aplicación ha sido retrasada cuando estaban a punto de entrar en vigor.

Lo que acaba de decidir el Pacto de Toledo es eliminar la primera de esas novedades, el llamado Índice de Revalorización (IRP), que, hasta ahora, vinculaba la subida de las pensiones a los ingresos, gastos y déficit de la Seguridad Social con el fin de equilibrar las cuentas, aplicando una horquilla que iba del 0,25% anual como mínimo al IPC más el 0,5% como máximo. La segunda novedad, el llamado Factor de Sostenibilidad, permitía calcular la cuantía de la primera prestación en función del aumento de la esperanza de vida, pero su entrada en vigor ha sido pospuesta a 2023, tras el acuerdo presupuestario que alcanzaron PP y PNV hace escasas semanas.

El coste real de la subida

Los políticos insisten en que volver a ligar las pensiones al IPC es factible, ya que, al fin y al cabo, el incremento del gasto rondaría los 2.500 millones de euros en 2018, según la inflación prevista (1,8%), pero lo que no dicen es que este aumento es progresivo, puesto que se va acumulando con el paso del tiempo -la base sobre la que se aplica esa revalorización aumenta, año a año, fruto de las subidas previas-.

Así, tal y como han calculado los expertos del Grupo de Investigación en Pensiones de la Universidad de Valencia, volver a indexar las pensiones al IPC costaría a los contribuyentes más de 700.000 millones de euros de aquí a 2038, con todo lo que ello supondría para el bolsillo de los contribuyentes y el crecimiento potencial del país.

Si las pensiones, finalmente, se revalorizaran según el IPC esperado (1,8%), los pensionistas no perderían poder adquisitivo, pero a costa de una colosal factura para el conjunto de los trabajadores. "La contrapartida es el déficit persistente en las cuentas de la Seguridad Social, cuyo efecto en forma de endeudamiento supondría más de un 30% del PIB de deuda acumulada al final del periodo de estimación", tal y como advierte dicho informe. Es decir, el coste superaría, por tanto, los 700.000 millones de euros en términos nominales, equivalente a 30 puntos del PIB en 2038, teniendo en cuenta el crecimiento previsto que registrará la economía en los próximos 20 años.

Este creciente gasto se tendría que financiar vía impuestos futuros (más deuda) y/o impuestos presentes. En tal caso, el Gobierno tendría que elevar la presión fiscal de forma progresiva, hasta suponer el 2,6% del PIB en 2038 (60.000 millones de euros en valor de 2038 o bien 30.000 millones en valor de hoy, lo que supondría multiplicar por seis la subida del IRPF que aprobó el Gobierno de Rajoy nada más llegar al poder a finales de 2011).

El agujero real de las pensiones

En resumen, más gasto en pensiones se traducirá en mucha más deuda e impuestos. Y es que, la Seguridad Social registra un preocupante déficit estructural desde 2012. Tanto es así que en los últimos años el Gobierno ha tenido que tirar del Fondo de Reserva de la Seguridad Social -la conocida hucha de las pensiones-, cuya cuantía ha descendido en 60.000 millones de euros, para afrontar el pago puntual de las prestaciones, al tiempo que el Tesoro ha tenido que prestar al sistema otros 25.000 millones… Es decir, España ha precisado de 85.000 millones de euros extra en los últimos siete años para pagar las pensiones públicas.

Tan sólo en 2017, el déficit oficial de la Seguridad Social rondó los 19.000 millones de euros, equivalente al 1,6% del PIB, fruto de unos ingresos de 127.700 millones y unos gastos de 146.500 millones, tal y como refleja el analistas presupuestario Lorenzo Alonso en su blog Demos 23

Pero esta cifra apenas refleja una parte del actual problema financiero. En este sentido, hay que tener en cuenta que algunos de los ingresos que maneja la Seguridad Social proceden, directamente, de la transferencias que realiza el Estado (vía impuestos).

Una vez eliminada esa partida, los ingresos del sistema -cotizaciones sociales en su inmensa mayoría- superan ligeramente los 110.000 millones, de modo que el agujero real ascendió a más de 35.000 millones el pasado año, equivalente al 3% del PIB.

Este déficit se financió con transferencias del Estado, disposiciones del Fondo de Reserva y la emisión de deuda pública. Si ahora las pensiones, cuyo gasto supera los 146.000 millones (13% del PIB), se revalorizan conforme al IPC, el resultado será más déficit, más deuda y más impuestos.

El sistema de la Seguridad Social se divide en dos partes, el nivel contributivo, que se financia con cotizaciones sociales, y el no contributivo, que se financia vía impuestos.

Por ello, una de las medidas que también se está discutiendo en el Pacto de Toledo consiste en que parte de las pensiones que hoy son contributivas (viudedad y orfandad) pasen a la parte no contributiva para, de este modo, financiarse vía impuestos.

Así pues, la indexación con el IPC, si bien será bien acogida por muchos pensionistas, debería preocupar, y mucho, al resto de contribuyentes, puesto que esta decisión se traducirá, más pronto que tarde, en nuevas e importantes subidas fiscales. ¿Albricias? No para la mayoría de la población.