jueves, 14 de junio de 2018

Màxim Huerta, Cataluña y el marketing

Jorge Vilches analiza los inicios y estrategias del reciente gobierno de Pedro Sánchez (PSOE), y la primación del marketing (cuestión de rédito político) sobre los principios y la racionalidad.
 
Artículo de Voz Pópuli: 
El líder de Podemos Pablo Iglesias en el Congreso
Los dos puntos débiles del Gobierno de Pedro Sánchez van a ser justamente aquellos que parecieron sus fortalezas, y que proceden, o eso dicen, del catálogo de consejos del gurú. Uno es el marketing con el que ha querido adornar los nombramientos del Ejecutivo y sus primeros gestos. Otro es la toma del asunto de Cataluña como catalizador de la política española.
La política no es el arte de lo que no se ve, sino de lo que se genera. De ahí que los gurús vivan de encuestas, buscando la oportunidad para colocar un eslogan o un gesto que provoque una valoración positiva del político que los contrató.
La clave está en que la decisión consiga agradar a la mayoría. El criterio no responde a la racionalidad ni a un proyecto calculado que precise un tiempo de ejecución, sino a que consiga el aplauso inmediato. El sistema, dicen, es “win-win”: se arranca una sonrisa general, y si surge algún inconveniente el tiempo lo tapa porque la gente tiene memoria de pez.
El presidente, así, eligió a un presentador de televisión como ministro de Cultura no por su papel académico o en las letras, sino por su popularidad. Pensaron que Huerta podría reclutar a nuevos “actores de la ceja”, como en tiempos de Zapatero, que harían campaña “gratis” en las televisiones y en las entregas de premios y galas.
Sin embargo, Sánchez y los suyos no calcularon que la elección de un personaje público de este tipo iba a provocar la investigación detallada de su expuesta vida privada. No revisaron su historial ni opiniones, sino que improvisaron tras recibir cinco negativas. La gente de la cultura dijo “No es no” a Sánchez, y el equipo marketiniano encontró a un presentador que hace las veces de novelista travieso, que desprecia el deporte y que no sabía qué iba a hacer con ese ministerio.
A esto se añadió un “delito de traición”, ya que para la izquierda el patriotismo es pagar impuestos. Estar al corriente con Hacienda, no defraudar, censurar agriamente a quien lo hace, pedir más tasas y gravámenes, o exigir que paguen los ricos, es para estos estatistas y adoradores de la ingeniería social lo que para el franquismo era el espíritu nacional: un dogma de trinchera.
Màxim Huerta había cometido el pecado más grave que pueda caber al izquierdismo: buscar recovecos para pagar menos. Esto ha dado munición a Podemos, quien ya se ha erigido en castigador moral del PSOE para hacer lo mismo que Ciudadanos realizó con el PP: pedir coherencia, virtud y moralidad para reclamar el protagonismo y ocupar su espacio. Le ha faltado tiempo a Pablo Iglesias para exigir la dimisión de Màxim Huerta alegando que “se comporta como el PP”, y lo ha conseguido.
El equipo marketiniano del PSOE no imaginó que en tan solo cuatro días pudiera regalar ese arma a su máximo competidor en la izquierda. El traspiés es grave porque no hay que olvidar que el PSOE presentó la moción de censura para arrebatar a Cs su vitola de ganador, y a Podemos la suya de alternativa izquierdista.
Los podemitas ya tienen su discurso construido gracias al fallido marketing de Sánchez: el bipartidismo es sinónimo de corrupción, fraude e inmoralidad. La torpeza de la maniobra socialista ha sido tan grande que había conseguido unir a las tres oposiciones -PP, Podemos y Ciudadanos- en la exigencia de comparecencia y posterior reprobación del ministro televisivo.
Esto ha servido para ocultar brevemente otro de los tropiezos de estos primeros días: la respuesta a la cuestión catalana. Atentos al marketing, los de Sánchez consiguieron el sí de Borrell al ministerio de Asuntos Exteriores. Fue un nombramiento impecable. El catalán se había convertido en símbolo de la resistencia al golpismo, y el anuncio de su elección consiguió el efecto deseado: la respuesta indignada de los independentistas.
Pedro Sánchez decidió iniciar una vía de diálogo con los independentistas e hizo cesiones preventivas, como el levantamiento del control a las cuentas del gobierno Torra. La estrategia era marketiana de nuevo, otro “win-win”: daba la imagen de dialogante, a diferencia del “inmovilista” Rajoy; tranquilizaba a los golpistas, quienes encontraban un interlocutor en Madrid; relajaba al PSC, puesto en mala posición en Cataluña, ya que muchos apostaron por el diálogo e incluso por el referéndum; y desarmaba a Ciudadanos, cuya principal baza en toda España es el enfrentamiento en Cataluña.
No importaba, como en el caso de Màxim Huerta, ni la racionalidad ni las consecuencias a largo plazo, sino el efecto inmediato. Al no haber un proyecto detrás de esas palabras y eslóganes, la sensación que queda en el electorado es que se quiere reformar la Constitución para agradar a los que desprecian a España. De hecho, si la propuesta fuera racional, habría hablado antes con el PP y Ciudadanos, aquellos que firmaron el artículo 155.
La “operación diálogo” era planteada como un anuncio en prime time. Lo que no estaba calculado era la propuesta de la ministra Meritxell Batet de reforma urgente de la Constitución para el encaje de los independentistas. La gente se preguntó de inmediato: “¿Dice lo mismo Borrell, aquel que encandiló a Barcelona con un vibrante discurso europeo y constitucionalista el 8 de octubre?”.
Nuestra normativa y costumbre establece la responsabilidad colectiva del Gabinete, por lo que Borrellentrevistado en TV, declaró que habría que abordar la reforma del texto constitucional. Es más; dijo que se podrían resucitar algunos artículos del Estatuto catalán que echó atrás el Tribunal Constitucional, e incluso que no se podía prohibir que Cataluña tuviera embajadas.
Visto el “talante” de Sánchez en el Gobierno, los nacionalistas de todas las regiones ya están recordando su proyecto de “nación de naciones”. El PNV y el PSE, su socio en el País Vasco, están pidiendo una reforma amplia del Estatuto. No en vano, los peneuvistas y Bildu presentaron al día siguiente de la moción de censura un proyecto de nuevo Estatuto que contempla la “nacionalidad vasca”.
El primar el marketing sobre los principios y la racionalidad, y jugar con la cuestión catalana como arma partidista, hará más fuertes a las oposiciones justamente cuando tenemos el gobierno más débil de la democracia.   

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