Por supuesto, vienen a acabar con la corrupción, cómo no (solo que los incentivos a la misma no se cambian, es más se amplían con muchas leyes que pretenden aplicar), vienen a regenerar la democracia (o eso se creen algunos), a evitar los abusos de poder, el tráfico de influencias, blablabla.
Luego, es cuando uno se despierta del sueño y ve que la realidad es bien distinta a la utopía ideologizada que tiene incrustada al respecto de la bondad y buen hacer del político.
Y ve, (y no se tarda nada, se hace en cuanto se puede) que la política es un medio que desata las pasiones más bajas del ser humano, que es una lucha de poder (para hacerse con él) para imponerse al resto y vivir de terceros. Cuya aspiración es aumentar los recursos bajo su poder para colocarse/mantenerse el máximo tiempo posible, empleando el dinero del ciudadano (quitado bajo el uso de la fuerza o amenaza de la misma si alguien se resiste) para crear unas crecientes redes de poder (clientelares) para ganarse el apoyo necesario para dicho objetivo. Redes clientelares cada vez más grandes y de dificil desmantelamiento (por todo lo que implica), por lo que la intención y el afán de los distintos partidos es hacerse con su dirección para perpetrarse en el poltrona comprando con tu dinero dichos apoyos (y colocando a los suyos, en lugar de los rivales).
Por otra parte, ¿alguien se extraña de la defensa a ultranza de las empresas públicas (pese a su manifiesta ineficiencia, entre otros aspectos negativos)?
No solo de esta manera pueden controlar mejor a la sociedad, otorgándose más poder y recursos (en detrimento de la sociedad civil), sino que sirven como medio de colocación de afines, compra de votos, y pago a redes clientelares (a costa del dinero del ciudadano).
Sin embargo, algunos siguen creyendo en los reyes magos, y pretenden hacer ver, que eso es cosa de sus enemigos políticos...
Alejandro Requeijo y Beatriz Triguero informan en el siguiente artículo.
Artículo de Voz Pópuli:
Detenido el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, por corrupción
La Fiscalía Anticorrupción investiga el papel del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, en la presunta contratación a dedo de tres militantes de su partido, el PSOE, y otros cuatro de su socio de Gobierno, Compromís, para formar parte de la dirección de la empresa pública Divalterra. Se trata de la heredera de la extinta Imelsa, epicentro de la 'operación Taula', que afectó al PP Valenciano durante sus años de gestión. El cargo para que el que fueron contratados estos siete militantes supone un sueldo anual de 50.000 euros.
El Ministerio Público se encontraba haciendo pesquisas al respecto cuando a finales del pasado marzo un concejal de Ciudadanos y miembro del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Ochando, les presentó una denuncia sobre estos hechos. El resultado ha sido que, a primera hora de este miércoles, el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha coordinado una operación en la que ha sido detenido el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, del PSPV-PSOE, yal menos otras tres personas más. Se trata del jefe de gabinete Ricardo Gallego, un asesor llamado Manuel Reguart y el secretario letrado asesor del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda, según informan a Vozpópuli fuentes de la investigación.
La causa, declarada secreta, se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia.
Los hechos se remontan al mes de noviembre de 2015, meses después de la llegada de los socialistas al poder en Valencia. Todavía bajo el nombre de Imelsa se contrató mediante libre designación a siete directores de Área con contrato de Alta Dirección, (3 son militantes del partido político PSOE y 4 del partido político Compromis). Lo que se investiga es por qué los responsables de esta operación obviaron los criterios de igualdad, mérito y capacidad que exige el artículo 55 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En los siete casos se utilizó la relación laboral de Alta Dirección, regulada en el RD 1382/1985 de 1 de Agosto.
La denuncia presentada incide en que esas plazas deberían haber sido convocadas públicamente y llama la atención sobre el hecho de que los curriculum de los contratados difícilmente pasarían la primera fase de un concurso público. Por su parte, Ciudadanos entregó a la Fiscalía diversa documentación para acreditar que los responsables de estas contrataciones eran conscientes de su irregularidad. Según el partido, desde el año 2015 se consultó en numerosas ocasiones tanto a la asesoría jurídica laboral externa de la empresa (TOMARIAL) como a la asesoría jurídica interna y determinaron que la relación laboral no debía considerarse de Alta Dirección, sino que su contratación debería haber seguido los principios básicos establecidos en el estatuto básico del empleado público.
Pese a estas advertencias, las pesquisas apuntan a que el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, no hizo nada para corregir la situación. Ya antes de contratar a estos siete militantes, Imelsa hizo lo propio en julio con dos gerentes, uno del PSOE y otro de Compromís. Ya en ese momento se hizo por la vía de Alta de Dirección, es decir, por libre designación, y el entonces secretario del Consejo de Administración de la empresa, Vicente Boquera, ya advirtió de que esa no era la manera correcta, según consta en el acta de la reunión del Consejo.
Al menos hasta el mes de noviembre del año 2017 el Consejo de Administración de esta empresa pública estaba integrado por Rodríguez en calidad de presidente, María José Amigó, Iván Martí, Antoni F. Gaspar, Pilar Moncho, José Ruiz Cervera, Jorge Ochando, Mercedes Berenguer, Roberto Jaramillo, Pablo Seguí, Rafael Soler, Emili Altur, Rosa Pérez, Agustina Brines, y Xavier Simón.
Varios registros
La investigación ha estado dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, que remitió hace un mes sus pesquisas al Juzgado. En el marco de la llamada "operación Alquería", agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han practicado esta mañana registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent y en la sede social de Divalterra.
El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en varias viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y portavoz de la Ejecutiva nacional del PSPV-PSOE y las de otros investigados.En el dispositivo, que se ha activado a las 7.30 horas con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia,según el TSJCV, que añade que la investigación sigue abierta.
En diciembre del año 2016, Jorge Rodríguez asistió a la dimisión del cogerente de la empresa pública Divalterra, Víctor Sahuquillo, por unos cargos personales cargados a la empresa. "Demuestra que en política no todos somos iguales y que algunos, más allá de que algo sea ético o no, son capaces de asumir responsabilidades más allá de lo que sería exigible", dijo Rodríguez tras la salida de su cogerente. "Ante la más mínima sospecha, siempre voy a actuar con la máxima contundencia", había dicho unos días antes.
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