martes, 19 de junio de 2018

Fomento cargará a los contribuyentes otros 450 millones al año por el fin de los peajes

Otra muestra del típico actuar demagógico del gobierno que trata de esconder la injusticia y el mayor coste de la medida en una falsa "gratuidad".
Y es que no hay cosa más injusta que cargar los costes de algo sobre los hombros de otras personas. El coste millonario de eliminar los peajes (no hay nada gratis) es que lo paguen vía impuestos el conjunto de contribuyentes.
Así, yo me puedo beneficiar de una autopista, pero no la pago en función de lo que cuesta (peaje), sino que me la paga mayoritariamente mi vecino, el cual, el desgraciado puede que no tenga ni coche, que no pueda permitirse viajes largos, que prefiera ahorrarse ese dinero no yendo por autopista (prefiere emplear más tiempo en el trayecto)...
Además, dicha medida supone que los contribuyentes españoles le tienen que pagar (al contrario que en sus países) el trayecto en autopista a los extranjeros que viajan por España, que en muchas autopistas, con datos oficiales supone especialmente en verano el 50% del total de trayectos por las mismas.
Es la "justicia" socialista (socializando costes y haciendo responsables de mis gastos a otras personas), que por supuesto será aplaudida por muchos bajo el velo de la falsa "gratuidad" con la que el poder político engaña al electorado en todo lo que toca...

Artículo de Libre Mercado: 
La eliminación de los peajes costará dinero al contribuyente | EFE
Conductores y transportistas están de enhorabuena, ya que el el Ministerio de Fomento ha anunciado que va a eliminar los peajes de las autopistas cuyas concesiones vayan venciendo. Sin embargo, esta medida supondrá un coste adicional para el resto de los contribuyentes, de modo que los que no utilizan las autopistas subvencionarán a los usuarios de estas infraestructuras.
Así, según la patronal de constructoras y concesionarias, Seopan, la supresión del peaje de las autopistas tendría un coste de unos 450 millones de euros anuales para las arcas públicas sólo en el caso de la media docena de vías que terminan su plazo de concesión entre este año y 2021, importe que se eleva hasta los 1.000 millones si se contempla toda la red de pago de 2.550 kilómetros del país. El coste que el Estado deberá afrontar al levantar las barreras de los peajes deriva de sumar el importe necesario para atender al mantenimiento y conservación de las vías, del que actualmente se encargan sus empresas concesionarias, y de lo que deja de ingresar por impuestos.
La supresión afectaría, en principio, a tres autopistas: AP-1 entre Burgos y Armiñón, AP-7 entre Alicante y Tarragona y AP-4 entre Sevilla y Cádiz, cuyas concesiones vencen en 2018 y 2019 y cuentan con 468 kilómetros en total. Pero marcaría un precedente para otras tres que vencen en 2021: AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo y los tramos de la AP-7 Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol, con 479 kilómetros en total.
Las tres primeras autopistas registran un tráfico de 16.825 usuarios al día y generan ingresos de 370 millones de euros al año. La AP-1, que actualmente explota el grupo Itínere, se trata de una vía abierta al tráfico en 1984, de 84,3 kilómetros de longitud, que forma parte del eje de comunicaciones entre el centro del país y Europa a través de Francia. La autopista registra actualmente una intensidad media diaria de tráfico de 16.321 vehículos, según los últimos datos de la estadística del Ministerio de Fomento.
"La mayor parte del tráfico es de largo recorrido, con marcado carácter estacional, un alto porcentaje de vehículos extranjeros y también de vehículos pesados", según detalla Itínere, grupo al que la vía reporta ingresos de 67,7 millones de euros anuales. Según Seopan, los extranjeros llegan a suponer en los meses de verano hasta el 50% del total de usuarios de la autopista, que requiere una ampliación estimada en 327 millones de euros.
La AP-4 Sevilla-Cádiz, de Abertis, tiene 93,82 kilómetros de longitud y es la que más tráfico registra, unos 18.343 usuarios diarios, mientras que la AP-7, también de Abertis, cuenta con 16.814 vehículos al día en el trazado entre Tarragona y Valencia, de 225,3 kilómetros de longitud, y con otros 15.824 tránsitos diarios entre la ciudad del Turia y Alicante, de 148,5 kilómetros. Abertis agrupa a través de la sociedad filial Aumar estas dos concesiones, con las que ingresa unos 302 millones de euros al año, según datos del grupo.

Abertis, el grupo más afectado

Precisamente, esta compañía es la que más se va a ver afectada por el vencimiento de plazo de explotación de autopistas en los próximos años, cuando afronta la conclusión de 1.008 kilómetros de vías. Estos vencimientos, que representan casi las dos terceras partes del total de 1.559 kilómetros de vías que la compañía gestiona en España, tendrán lugar después de que ACS y la italiana Atlantia se hayan hecho con la compañía, que también tiene autopistas en Francia, Italia, India, Brasil, Chile, Argentina y Puerto Rico.
Además de los tramos mencionados, Abertis afronta la conclusión en 2021 de Acesa, filial que explota 479 kilómetros de pago en Cataluña (la AP-7 La Jonquera-Barcelona y Barcelona-Tarragona), la AP-7 Montmeló-El Papiol y la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo). Asimismo, en ese año, el grupo ve concluir la concesión de 66 kilómetros de autopistas regionales, la C-31/C-32 Montgat-Palafolls y la C-33 Barcelona-Granollers.
Abertis aseguró recientemente contar con un fondo de 136 millones de euros para atender pequeños desperfectos y otro de 146 millones para grandes reparaciones y fallos estructurales de las vías con el fin de revertirlas al Estado en "perfecto estado". En el caso de Itínere, segundo mayor concesionario de vías de país, la conclusión de la AP-1, su segunda mayor autopista, coincide en medio del arbitraje promovido por los accionistas Sacyr Kutxabank y Abanca contra el primer socio de la empresa, Corsair Capital. El objetivo del pleito es superar el rechazo de este fondo estadounidense a que vendan la participación del 55,4% que suman en Itínere.

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