martes, 19 de junio de 2018

Sánchez eleva 2.500 millones el gasto en apenas 17 días de Gobierno

Lleva dos semanas, y como no había duda de que ocurriría, el nuevo gobierno ha empezado a multiplicar el gasto (y esto acaba de empezar como se desprenden de las intenciones públicas y las medidas que se pretenden llevar a cabo), y a advertir de más y más impuestos. 
Son los que vienen a arreglar el país y sus desequilibrios (pero aumentan el déficit y el gasto), a reducir la corrupción y el fraude (cuya correlación con las trabas a la actividad económica y al mayor gasto y control arbitrario por parte del Estado son evidentes), a reducir los riesgos del país (pero aumentan el desequilibrio fiscal y presupuestario debilitando al país ante un cambio del ciclo económico y una situación adversa) y a mejorar el poder adquisitivo de las personas y la economía (a las que cruje con mayores impuestos).
Es lo que se denomina un win-win (gana en cualquier caso), pues las promesas de más y más gasto público (que el votante parece desconocer siempre que sale de su propio y esquilmado bolsillo en mayor proporción de lo que le es dado vía servicio gubernamental) son un medio de propaganda electoral perfecto para conseguir la reelección, y si no lo consigue aún así, dejará a su sustituto con múltiples promesas de gasto que tendría que asumir, y que llevarían al deterioro económico y social posterior, que le podrían valer una futura elección, responsabilizando a su enemigo electoral de dicha situación. 
José Luis Bajo Benayas, Alberto Vigario y Javier Mesones informan en el siguiente artículo. 

Artículo de El Economista: 
pedro-sanchez-1oct17-efe.jpgFoto: Efe.
En apenas 17 días de Gobierno, el presidente Pedro Sánchez ha efectuado una batería de promesas cuyo coste asciende, por ahora, a 2.500 millones de euros. El restablecimiento de la sanidad universal, la futura eliminación de los copagos farmacéuticos o la decisión de suprimir peajes se han adoptado sin una sola medida de ajuste compensatoria y sin tener en cuenta a la Comisión Europea, que ya ha advertido que España incumplirá este año su meta de déficit y deberá acometer un ajuste estructural de 6.500 millones el próximo año.
Cabe recordar, además, que el Ejecutivo socialista planea dedicar más recursos a las pensiones -hasta ahora muestra un inequívoco compromiso de vincularlas al IPC a corto, medio y largo plazo, y no solo hasta 2019 como querían el PP y el PNV-; y también al sistema de financiación autonómica, sin que por el momento hayan trascendido los planes al respecto. Sí se sabe que la nueva titular de Hacienda, María Jesús Montero, era partidaria de destinar 16.000 millones más al año, aunque hoy su papel ha cambiado por completo. Esa propuesta la hizo cuando aún era consejera del ramo en Andalucía, por lo que no es descartable un cambio de discurso tras haber pasado a integrar el nuevo Consejo de Ministros.
También ha trascendido la intención del nuevo Ejecutivo de revertir cuantos "recortes" aprobó Mariano Rajoy durante su presidencia, por lo que no sería extraño que, cuando el PSOE presente los Presupuestos 2019, acabe prometiendo mayor gasto en áreas como la educación, las políticas de empleo, la vivienda o los servicios sociales.
Todo ello se produce en un complejo contexto de fragmentación parlamentaria que abocará al nuevo presidente a convocar elecciones generales dentro de un año o, a lo sumo, algo más de tiempo. Y eso significa que las promesas de gasto de hoy tendrán que ser asumidas por quien releve a Sánchez en La Moncloa, un trago de difícil digestión toda vez que España sigue encontrándose con graves problemas de deuda pública (casi en el 98% según los datos hechos públicos el lunes) y se encuentra en pleno proceso de reducción del déficit público. Éste debe situarse, según los planes que remitió a la UE el anterior Gobierno, en el 1,3% del PIB el próximo año.








La sanidad, punta de lanza
La sanidad ha sido, sin duda, la bandera más clara que ha tomado el Gobierno Sánchez en sus primeros días de mandato para escenificar su ruptura con el Ejecutivo de Rajoy. Ya en la oposición, el Partido Socialista criticó con dureza la reforma sanitaria llevada a cabo 2012, en tiempos de Ana Mato como ministra de Sanidad. Esa reforma tuvo dos pilares fundamentales: intentar acabar con el fraude que suponía la tarjeta sanitaria para todos y aplicar un copago farmacéutico a los pensionistas, según su renta. El nuevo Gobierno ya ha anunciado que suprimirá la primera medida y la segunda está sobre la mesa su supresión. Las dos decisiones tienen un precio: alrededor de 1.500 millones de euros cada año.
La sanidad gratuita para todos los extranjeros en nuestro país, incluidos los inmigrantes sin papeles, le costará al Gobierno cerca de 1.100 millones al año. Por un lado, si el Gobierno devuelve ahora la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, el Ejecutivo deberá preparar una partida de 500 millones anuales, si se toma el coste que tenía la atención sanitaria a los ciudadanos sin papeles en 2012. Si el Ejecutivo decide además extender la tarjeta sanitaria a todos los europeos residentes en España -como eliminó la reforma del PP- este gasto subiría otros 600 millones anuales.
Por su parte, volver al gratis total en medicamentos para los jubilados tendrá un coste extra aproximado de 400 millones de euros al año. Este gasto va directamente a las cuentas de las comunidades autónomas, que tendrían que dar su visto a la eliminación de este copago.

Los peajes, el último anuncio

El Ejecutivo de Sánchez ha anticipado igualmente su compromiso de suprimir los peajes de las autopistas una vez finalizada su concesión. El primer vencimiento se producirá el próximo 30 de noviembre, con la AP-1 entre Burgos y Armiñón que explota Itínere. Levantará las barreras y pasará a ser gestionada por el Ministerio de Fomento. Los usuarios dejarán así de pagar, pero las arcas públicas tendrán que asumir los costes de mantenimiento, al tiempo que verán diezmados los ingresos fiscales.
Los cálculos de la patronal Seopan señalan que la reversión de las nueve autopistas que vencen en 2021 tendrá un coste total de 450 millones para las cuentas públicas. Un importe que se eleva hasta los 1.000 millones si la decisión del Gobierno socialista se extendiera a toda la red de autopistas de peaje de España.

El Presupuesto pasa el trámite del Senado

El Pleno del Senado aprobó el lunes el dictamen y las nuevas enmiendas introducidas en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2018 con la mayoría de votos del PP y con la abstención del PSOE, después de que los socialistas insistieran en que asumen estas cuentas para no prorrogar las anteriores. El texto pasará la próxima semana al Congreso con 44 enmiendas más, que suponen un importe de 179 millones de euros de los que 144 millones se destinan sobre todo a infraestructuras en Aragón, una vez que el PP ha apoyado 27 enmiendas del PAR.
PP, Ciudadanos, Foro Asturias, UPN, el PAR y la Agrupación Socialista Gomera se posicionaron a favor del dictamen, que deja de incluir 31 millones de euros pactados entre el anterior Ejecutivo y el PNV cuando Mariano Rajoy era aún presidente.

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