Un contundente y esclarecedor artículo de J.L. González Quirós sobre el control político del poder judicial a raíz del bochornoso escándalo salido a la luz entre los tejemanejes de unos y otros para decidir jueces con los que obtener poder y beneficios, centrándose en la públicación del Whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.
Artículo de Disidentia:
En poco más de una semana, la opinión pública, que es el soporte de cualquier democracia moderna, ha descubierto no sin grave escándalo, que la llamada “politización de la Justicia” no era solamente un rumor (casi, un clamor) evidenciado con centenares de ejemplos, sino algo que ocupaba de manera sustancial los tejemanejes de los políticos, y cuyos resultados y alteraciones medían con precisión de miniaturista.
La publicación de un WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha puesto al descubierto la diferencia entre lo que los políticos dicen sobre la Justicia y lo que hacen con ella cuando creen que nadie los escucha. Teniendo en cuenta que Cosidó ha sido, al menos oficialmente, director general de la Policía, su descuido es comparable al de un director general de la guardia civil que no acertase a distinguir a un picoleto entre la multitud por creer que siempre usan uniforme blanco. En medio de tamaño quilombo, la renuncia de un prestigioso magistrado a atenerse a los minuciosos planes que habían apañado los padrastros de la patria, ha supuesto un cierto respiro, un gesto inhabitualmente digno en una atmósfera de mezquindad tan absurdamente disimulada.
El texto del famoso WhatsApp es todo un tratado de cinismo político, pero, a mi entender, alcanza su momento de esplendor en las últimas líneas, cuando el autor, tras presumir de haber engañado con astucia al perverso enemigo, se rasga las vestiduras por la inocencia y el descuido culpable de unos cuantos idealistas de su cuadrilla que, al parecer, han insinuado mansamente objeciones al apaño. Reléase el pasaje: “Otra consideración importante, es que éste reparto 50% para los próximos años, supone más de lo que nos correspondería por el número de escaños o si hubiesen entrado otras fuerzas políticas. En fin, un resultado esperanzador. Lo que leo estos días es de una ignorancia que raya el delito”. Y remata el relato victorioso advirtiendo que podría dar más detalles si alguien los demanda, seguro del éxito alcanzado.
Al autor del malhadado texto, del que Cosidó solo se considera repetidor, le parece “de una ignorancia que raya el delito”, que se pueda poner en duda el fondo del asunto. Ahora bien, ¿cuál es ese fondo? Y, algo más, ¿por qué razón los negociadores del PP se sienten tan ufanos de controlar “desde atrás” la sala penal y no, por ejemplo, la de lo mercantil o lo civil?
Dicho sea de paso, la mentalidad del autor del texto pone de manifiesto la convicción de que la política es esencialmente un arte de la mentira, sin caer en la cuenta de que para ser mínimamente competente en esa disciplina lo primero que hay que hacer es no reconocerlo jamás. Es esa falta de competencia al manejar al tiempo los secretos de un saber supuestamente arcano y los mecanismos de la opinión lo que ha causado el desastre al que se ha visto llevado el partido de tan insólitos Maquiavelos.
Pero vayamos al fondo político del asunto. Que la Justicia emana del pueblo, es una afirmación tan indiscutible como retórica, pero ha servido para poner a prueba lo esencial, la forma en que se administra por “Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley” tal como establece la CE en su artículo 117. 1. Es evidente que la legitimidad del poder judicial no estaría suficientemente asegurada si se fundase únicamente en los acuerdos de los mismos jueces, lo que supondría un corporativismo al margen de cualquier control, de forma que es razonable que, en la medida en que ese poder de los jueces se articula como un brazo ejecutivo, pues está formado por personas e instancias capaces de dictar sentencias y privar de libertad, su gobierno tiene que estar sometido a alguna especie de control externo, de la misma forma que el poder legislativo está sometido al poder del voto ciudadano en elecciones libres.
La fórmula constitucional respetaba absolutamente lo esencial, la independencia del juez a la hora de dictar sentencia, estableciendo que el órgano de autogobierno de los jueces estaría presidido por el Presidente del Tribunal Supremo y formado por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años, de los cuales, doce serían escogidos entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, y ocho entre juristas de reconocido prestigio elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado.
Una cierta ambigüedad en la redacción del texto constitucional permitió al gobierno socialista de Felipe González modificar la legislación sobre el particular, interpretando que el término “entre” referido a la docena de jueces no implicaba que fuese elegida por los propios jueces, de forma que la totalidad del Consejo pasó a ser elegida por el Parlamento, una modificación legal que el Tribunal Constitucional no consideró contraria a la Constitución, aunque advirtió sobre los riesgos de politización que conllevaría.
Los socialistas han seguido firmes en la defensa de esta fórmula, mientras que el PP ha prometido en más de una ocasión modificarla para evitar los riesgos que, de modo nada profético, advertía el Tribunal Constitucional, pero nunca lo hizo, ni siquiera cuando pudo hacerlo, de manera que la declaración del autor del texto del WhatsApp debe darse por la más correcta en la política efectiva del PP que, efectivamente, ha considerado una ingenuidad casi delictiva que sus electores piensen que podría llegar a renunciar a su generosa cuota de control sobre el gobierno de los jueces que le dota de un instrumento muy persuasivo para que estos sean tan independientes cómo quieran, pero sin olvidar nunca quién es el que manda.
Así las cosas, parece que a Pablo Casado le han querido endosar un acuerdo con el que, decidido como parece y debiera estar a recuperar la confianza de sus electores, ha dicho no estar conforme. Al rechazar finalmente un acuerdo tan obsceno, Casado vuelve a la tradición intencional del PP, nunca llevada a efecto como se ha dicho, para dotar de una mayor independencia al órgano de gobierno de los jueces, y ya veremos si en esta ocasión el PP acaba por ir algo más en serio.
Al controlar sin ningún contrapeso efectivo el órgano de supuesto autogobierno de los jueces, los políticos obtienen un instrumento de presión muy poderoso sobre las carreras y procesos judiciales, de manera que si efectivamente se volviese a una formulación más cercana al espíritu de la Constitución, se aligeraría la carga de intereses y ambiciones personales que pueden doblar la vara de la justicia en beneficio de una carrera personal brillante para cada juez, si ceden, y a veces parecen hacerlo, a la explicable tentación de la promoción con el apoyo de las fuerzas políticas que pueden determinar su posición y fortuna en una profesión tan singular.
Ahora mismo, los partidos políticos no solo pueden controlar sin mayor restricción el gobierno de los jueces, sino que pueden dedicarse a intentar carambolas a cuatro bandas con nombramientos y ascensos. Desde “atrás”, sin que se note mucho, como es norma entre poderes que gustan de ocultarse. La razón por la que determinados personajes muy poderosos en el PP quieren controlar, muy precisamente, la sala penal no es difícil de imaginar a la vista del rosario de causas pendientes que afectan al partido y a su ex presidente, cuya salida a trompicones de Moncloa es imposible no relacionar con la reciente sentencia sobre el caso Gürtel, en la que dicho sea de paso, se deslizaba una morcilla jurídica bastante discutible pero inequívocamente dirigida a las posaderas de Rajoy, digamos como una especie de aviso de lo que se le puede venir encima, si no está listo.
Si se recuerdan algunos escándalos recientes del Supremo, y se considera la importancia decisiva de algunos procesos pendientes, hay que alegrarse de que todavía queden jueces capaces de defender la dignidad e independencia de su función en un clima político tan proclive al control absoluto de sus actos. Es de esperar que los demás jueces sepan emularse con un ejemplo tan elocuente, y que los ciudadanos seamos capaces de decir a los políticos que no queremos que puedan seguir poniendo sus manazas, ni desde atrás ni por delante, sobre la delicada balanza de la Justicia.
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