Juan Rallo analiza la cuestión de implantar peajes en las autovías, puesta sobre la mesa por el PSOE, las alternativas que hay al respecto, el aspecto positivo de la medida y el peligro en que puede caer la propuesta (que desgraciadamente es habitual en política).
Artículo de su página personal:
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha puesto sobre la mesa una idea que a buen seguro generará controversia entre la ciudadanía: comenzar a cobrar un peaje por circular a través de las autovías actualmente gratuitas dentro del territorio nacional. La idea podría parecer otra ocurrencia meramente confiscatoria del Ejecutivo socialista: otra más de ésas a las que tanto nos ha acostumbrado durante los últimos meses. Sin embargo, en este caso particular, tiene más sentido de lo que intuitivamente podría parecer.
A día de hoy, España cuenta con una red de vías de gran capacidad de 17.108 kilómetros: de ellos, 12.405 kilómetros corresponden a autovías, 3.039 a autopistas de peaje y 1.664 a vías multicarril. A su vez, la red de carreteras convencionales (generalmente gestionada por las comunidades autónomas) totaliza 148.374 kilómetros. El gasto público en carreteras (tanto para ampliar la red como para mantenerla en buenas condiciones) se ha reducido drásticamente a lo largo de la crisis: mientras que en 2009 se destinaban casi 20.000 millones de euros a la inversión dentro de este capítulo, en 2016 apenas se inmovilizaron 6.700 millones.
Y, como consecuencia de tantos años de infrainversión (en parte justificada por el exceso de inversión pública previó a 2009 y en parte debido a nuestra delicadísima situación presupuestaria de nuestro país), la Asociación Española de la Carretera estima que nuestras vías públicas sufren un déficit de inversión en mantenimiento cercano a los 7.000 millones de euros: de ellos, 2.211 millones serían imputables a la red de carreteras que gestiona el Estado (casi la mitad de los cuales son vías de gran capacidad). En tal caso, ¿quién debería hacerse cargo del mismo? Al respecto existen tres posibles respuestas.
La primera es que nadie se haga cargo de ese mantenimiento, de tal manera que las autovías vayan deteriorándose hasta quedar inutilizadas. Por motivos obvios, esta propuesta no es fácilmente generalizable al conjunto de vías: puede que haya algunas que deban cerrarse al tráfico por su reducido uso, pero muchas otras no y éstas deberán conservarse en un estado adecuado por cuestiones tanto económicas como de seguridad vial.
Una segunda alternativa es que pague el contribuyente: es decir, que se suban los impuestos para que, entre todos los españoles, sufraguemos el sobrecoste de conservar las vías. Esta posibilidad, empero, no resulta demasiado equitativa: no es lógico que aquellos ciudadanos que utilicen las autovías de manera menos intensiva carguen con su coste en las mismas proporciones que aquellos otros que las utilizan de manera habitual. O dicho de otra manera, ¿por qué el jubilado que no tiene coche ha de financiar unas carreteras que no va a utilizar jamás en los mismos términos en que las financia un transportista que las utiliza (y las desgasta) diariamente?
Y de este modo llegamos a la tercera posibilidad: cobrar un peaje a las autovías a modo de copago, esto es, que aquellos que más intensivamente usen una autovía, más contribuyan a financiar su amortización y su mantenimiento. Así es, de hecho, cómo nos organizamos para financiar otro tipo de transportes también gestionados por la administración pública: los usuarios del tren o del metro compran billetes cuya recaudación se utiliza en parte a mantener tales infraestructuras.
Por mucho que la idea haya surgido de las entrañas del PSOE, no se trata de una mala idea. En el pasado, de hecho, diversas voces dentro del Partido Popular (como el ex secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, o la propia Esperanza Aguirre) impulsaron propuestas similares. La única cautela que obviamente debemos tener es que, si al final llega a aplicarse, no se use como excusa para tapar otros agujeros financieros del Estado distintos al propio mantenimiento de las carreteras. Es decir, que no lo empleen como herramienta meramente confiscatoria.
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