Beatriz Parera y Rafael Méndez muestran otra muestra más de la dependencia judicial sobre el poder político, gravísimo en una democracia y la nueva evidencia del cinismo e hipocresía de Sánchez (PSOE), su constante mentira en cada acto respecto al dicho, y la instrumentalización de todo (incluida la Justicia) para obtener el interés personal (mantenerse en el poder, mantener el pacto y apoyo de los independentistas) a costa del interés general y constitucional que supuestamente representa.
Artículo de El Confidencial:
La abogada general del Estado, con la ministra Delgado. (EFE)
El Gobierno ha destituido al abogado del Estado encargado de la causa del 'procés', Edmundo Bal, informan a El Confidencial fuentes jurídicas. El encargado del departamento penal de la Abogacía se oponía a la acusación en la causa que conduce el Tribunal Supremo por el delito de sedición, y defendía que debía mantenerse la rebelión en la línea de la Fiscalía. La decisión le ha sido comunicada este miércoles por la tarde por la abogada general, Consuelo Castro, y cuenta con el aval de la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Justicia afirma que el motivo esgrimido ha sido la pérdida de confianza que provocó su negativa a firmar el escrito que se presentó ante el alto tribunal, en el que se descartaba la violencia durante los hechos de hace un año. En esa acusación, se reclamaban penas mínimas de 12 años de cárcel para el principal de los responsables, Oriol Junqueras. La acusación presentada llevó una firma destacada. Castro, la jefa del departamento tras la llegada de Sánchez a La Moncloa, impuso su jerarquía, y firmó el escrito que excluía la rebelión y que solicitaba la mitad de penas que la Fiscalía.
La Abogacía, dependiente de Justicia, acusa también por malversación, como adelantó este diario que estaba planteando. Su rúbrica se plasmó debido a que Bal, responsable hasta este miércoles del departamento, no accedió a avalar con su nombre ese escrito. Antes de ese momento crítico, el abogado llegó a realizar hasta tres borradores: el primero en la línea que él defendía, por rebelión, el segundo solo por malversación y el último por sedición. La noticia de su relevo la ha adelantado 'El País' casi a la vez que se le comunicaba al afectado, según fuentes de la Abogacía.
La decisión del Ejecutivo de elegir una línea distinta a la de la Fiscalía, que acusa por rebelión y pide 25 años para el 'exvicepresident', fue interpretada como un gesto hacia los de ERC en plena negociación de los Presupuestos. Durante semanas, el Ejecutivo ha mantenido que la acusación era una decisión de los abogados de Estado del caso y que no había instrucciones políticas, algo que ahora se termina de desmontar.
En julio, Pedro Sánchez fue preguntado en 'eldiario.es' sobre si iba a dar instrucciones a la Abogacía del Estado. "Creo que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado tienen que basarse en fundamentos jurídicos para fijar la posición del Estado. Yo voy a respetar las decisiones que tomen". Hace unas semanas, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, insistió en que la Abogacía del Estado está trabajando únicamente con "criterios técnicos y jurídicos, con imparcialidad". Añadió que no existía ningún plan para cambiar la calificación del escrito de la Abogacía. Solo José Luis Ábalos, ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, admitió que había sido un decisión política al afirmar que el informe de la Abogacía era "riguroso jurídicamente pero atendiendo también a la política del Gobierno".
El Gobierno es el 'cliente' de los abogados del Estado y puede imponer la línea de defensa. Al contrario que la Fiscalía, la Abogacía tiene dependencia jerárquica de Justicia. Sin embargo, el empeño del Gobierno de vestir como una decisión técnica la acusación por sedición levantó un extendido malestar en la Abogacía del Estado. No solo suponía acusar por la mitad que la Fiscalía, sino que el Gobierno lo vendía como una decisión de la base de la Abogacía, cuando lo normal al llegar a un juicio es llevar una acusación de máximos que luego se puede rebajar.
La discrepancia de Bal con la línea impuesta por la titular del ministerio se remonta a meses atrás. Bal, relevado este miércoles, ya lo estuvo durante unas horas durante el episodio de la defensa del juez Pablo Llarena en Bélgica. En aquel momento, la ministra y la abogada general le culparon de la filtración de los informes que contradecían el criterio de Delgado de no amparar al magistrado demandado por Carles Puigdemont.
El ministerio confirmó la decisión este miércoles por la tarde con una breve nota en la que asegura que la abogada general del Estado, Consuelo Castro, ha cesado a Bal y agrega que el puesto de abogado del Estado jefe de lo Penal es uno de los cargos de confianza del cuerpo y como tal depende directamente de la abogada general. Desvincula así a la titular de Justicia de la decisión.
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