Guadalupe Sánchez analiza el irresponsable e inmoral empleo de las instituciones del Estado en beneficio de los intereses propios y en contra de los intereses del propio Estado, a raíz de los acuerdos alcanzados y negociados entre el PSOE y Podemos y los nacionalistas independentistas, y que vulneran la separación de poderes.
Artículo de Disidentia:
Que el acuerdo alcanzado por el PSOE con Podemos y los partidos nacionalistas e independentistas iba mucho más allá de la mera moción de censura, y que nos encontramos ante un auténtico pacto de gobierno, es algo que prácticamente nadie se atreve a cuestionar, salvo los hooligans profesionales. Y que los hechos coetáneos y posteriores al pacto no han hecho más que arrojar certidumbre sobre el sentido y contenido de los acuerdos alcanzados también es bastante evidente.
Buena prueba de ello es el viraje de la postura del presidente del Gobierno respecto a la calificación jurídica de los sucesos ocurridos en Cataluña el pasado 10 de octubre, que se están enjuiciando en el Tribunal Supremo. Este cambio de postura sólo se comprende como un gesto hacia los partidos independentistas que, a cambio de su apoyo, han exigido públicamente al Gobierno romper la separación de poderes, poniendo en libertad a los políticos que se encuentran en prisión provisional.
Y si hace algo menos de seis meses Pedro Sánchez afirmaba tajantemente que la convocatoria y celebración del referéndum constituyen un delito de rebelión, ahora, el gobierno que encabeza impone a los cuerpos jurídicos del Estado la calificación de esos mismos hechos como sedición, lo que determina una sustancial rebaja de la pena, con el único objetivo de conseguir el apoyo de los partidos independentistas a unos presupuestos que le permitirán aferrarse al poder hasta 2020. De hecho, hemos escuchado atónitos las declaraciones públicas de miembros del gobierno exponiendo su esperanza de que “esto sea suficiente” para sacar adelante los presupuestos, y hemos asistido incrédulos a negociaciones con los encarcelados en la prisión.
Por supuesto que existen argumentos razonados y razonables para defender desde un punto de vista jurídico penal la calificación de sedición frente a la rebelión, sin que ello coloque a quienes nos mostramos partidarios de la primera del lado del independentismo. Pero es que el cambio de postura de gobierno no obedece a una cuestión jurídica, sino de mera oportunidad política, en la necesidad del Gobierno de mostrar ante sus socios “voluntad política” de acceder, en la medida de lo posible, a sus exigencias de volar por los aires la división de poderes, mediante la instrumentalización de la posición de los servicios jurídicos del Estado en un proceso penal en el que se juzgan hechos de extrema gravedad de los que fuimos víctimas todos los españoles, pues los encausados buscaban subvertir el orden constitucional y destruir nuestro marco de convivencia.
Claro que es cierto que la Abogacía del Estado es un órgano administrativo que depende del Ministerio de Justicia y, por ende, del ejecutivo, pero no deja de ser más cierto que entre sus funciones se encuentra la representación y defensa del Estado y de sus organismos ante los órganos jurisdiccionales. Y cuando lo que se enjuicia es la comisión de delitos que persiguen, por su propia naturaleza, la destrucción del Estado, la defensa de éste debe trascender a la del propio gobierno y sus intereses partidistas puntuales.
Buena prueba de que lo que afirmo es cierto es que, ante la imposición del gobierno de calificar provisionalmente los hechos como sedición para apaciguar a sus socios, el abogado del Estado responsable de la causa se ha negado a firmar el escrito de acusación, en el que únicamente consta la firma de la directora de la Abogacía General del Estado, algo bastante inaudito en nuestra democracia.
Personalmente, considero intolerable que el Gobierno realice estos “gestos de acercamiento” a quienes le exigen públicamente influir en el poder judicial y vulnerar la separación de poderes. Ante hechos tan graves, el sentido de la responsabilidad de quien detenta el poder ejecutivo debería anteponer los intereses del Estado a los suyos propios, pues el Estado no es otra cosa que las instituciones garantes de nuestras libertades y derechos, de nuestra convivencia, que necesariamente deben trascender a las necesidades temporales del partido que ocupa una de estas instituciones, el Gobierno. En suma, los intereses del Estado no son los del Gobierno.
Eso, y no otra cosa, es el célebre “sentido de Estado” del gobernante que, por desgracia, anda tan desaparecido en los últimos tiempos. Y no olvidemos que la peor forma de corrupción es la que consiste en apropiarse de las instituciones e instrumentalizarlas para conseguir los propios fines, pues es la que consigue que el ciudadano las identifique con el político de turno, la que conduce inexorablemente, primero a su descrédito, y finalmente a su demolición.
No hay comentarios:
Publicar un comentario