Juan Rallo analiza el rescate de las cajas en España, el coste que está suponiendo hoy y se estima que suponga y qué se debería haber hecho con las cajas en lugar del rescate por parte del contribuyente español.
Artículo de El Confidencial:
Foto: Reuters.
No es verdad, y nunca lo ha sido, que haya que rescatar a los bancos (o a las cajas) para evitar un agravamiento de las crisis económicas. Como le gusta decir al economista Perry Mehrling, si hay que preocuparse por algo, debería ser “por los mercados financieros y no por las instituciones financieras”. O dicho con otras palabras, lo que hay que evitar es un colapso de la intermediación financiera que conduzca a una ronda de impagos crediticios, liquidaciones forzadas de activos y, en suma, una depresión secundaria de carácter deflacionista: pero nada de ello pasa necesariamente por reflotar entidades financieras quebradas a costa del contribuyente.
A la postre, si el objetivo primordial de los rescates bancarios ha sido el de recapitalizar entidades problemáticas (de modo que estas puedan seguir enlazando financieramente a ahorradores e inversores), bien podría haberse logrado ese mismo objetivo imponiendo quitas a los acreedores de los bancos insolventes e incluso dejando caer a aquellas entidades con una influencia no sistemática sobre el resto de la economía (es decir, entidades que efectuaran una intermediación entre acreedores y deudores poco sofisticada y de bajo valor añadido). Pero no se hizo, ni en la mayor parte de Occidente ni, desde luego, en España.
Dentro de nuestro país, nuestros gobernantes recurrieron a la estrategia de tomar el dinero de los contribuyentes para rescatar las cajas de ahorros que sus subalternos habían quebrado durante los años anteriores. De acuerdo con la nueva nota informativa publicada recientemente por el Banco de España, el capital insuflado a las cajas de ahorro españolas entre 2009 y 2017 asciende a 79.906 millones de euros: de ellos, 23.005 millones han sido aportados por el Fondo de Garantía de Depósitos (nutrido por las contribuciones que había efectuado la banca con anterioridad a la crisis) y 56.901 millones de euros por el FROB, esto es, por el conjunto de contribuyentes. Las entidades que mayores transferencias recibieron han sido Bankia (24.609 millones de euros), Catalunya Banc (13.853 millones de euros), la CAM (11.729 millones de euros) y Novacaixagalicia (10.390 millones de euros): entre las cuatro, concentran el 76% del coste total del rescate.
¿Qué parte de esos 79.906 millones de euros vamos a recuperar los españoles durante los próximos años? Pues una porción muy reducida: de acuerdo con las actuales estimaciones del Banco de España, el FROB ha cosechado hasta la fecha 5.027 millones de euros (de los 56.901 millones invertidos), mientras que el Fondo de Garantía de Depósitos apenas ha recibido el reintegro de 673 millones. Si, tal como espera el Banco de España, merced a la privatización de Bankia recuperaremos 9.857 millones de euros adicionales, el coste final del rescate para el FROB —para los contribuyentes— habrá ascendido a 42.017 millones de euros (y a 22.323 millones de euros adicionales para el Fondo de Garantía de Depósitos). El coste neto del rescate para Bankia —asumiendo, nuevamente, que vaya a ser privatizada y no mantenida en el patrimonio del Estado para que los políticos puedan juguetear caprichosamente con ella— habrá ascendido a 14.212 millones de euros; el de Catalunya Banc, a 12.688 millones; el de la CAM, a 11.729 millones, y el de Novacaixagalicia, a 9.317 millones.
Así pues, y atendiendo a la situación financiera del FROB a cierre de 2017, el rescate nos habrá costado una media de 2.275 euros por familia española. Es ese agujero el que deberían haber asumido prioritariamente los acreedores de las cajas de ahorros y no los contribuyentes españoles (imponiéndoles quitas, o canjes forzosos de deuda por acciones, en función del orden de prelación de sus créditos). Y deberían haberlo asumido por un doble motivo: primero, porque los españoles no son responsables de la gestión imprudente y calamitosa que los políticos ejercieron sobre las cajas, de modo que no deberían haberse hecho cargo de sus destrozos; y, en segundo lugar, porque rescatar a los deudores insolventes —en lugar de forzarles a internalizar sus pérdidas— generaliza un clima de riesgo moral que incentiva la repetición de exactamente las mismas malas prácticas en el futuro.
La expectativa de socializar las pérdidas de la actividad bancaria —ya sea a través de las refinanciaciones del banco central o de las recapitalizaciones del Tesoro— es el principal catalizador de las malas artes crediticias. Nunca debimos haber rescatado a las cajas: nunca debimos haber castigado a los contribuyentes con una mordida fiscal de 2.275 euros por familia y nunca debimos haber privilegiado las entidades financieras con una protección absoluta frente a las consecuencias económicas de su propia irresponsabilidad.
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