viernes, 4 de mayo de 2018

Primeros tres imputados en Madrid por la red de financiación del PSOE

Ya comienzan los primeros imputados por la red de financiación del PSOE y del Bloc (Compromis). 

Por supuesto, no será un tema mediático que veremos cada día en los medios hasta la saciedad con fines evidentes.

Juan Nieto informe en el siguiente artículo. 


Artículo de El Mundo: 

El ex secretario general del PSPV (i) y la candidata a la alcaldía de Alicante se abrazan el ex presidente del Gobierno durante un mitín ERNESTO CAPARRÓS

El juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha incoado diligencias previas en la causa remitida por el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que ha investigado la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc en las elecciones del año 2007, relativa al concurso de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2010, por importe de 126.208 euros que ganó Crespo Gomar, por los presuntos delitos de prevaricación y/o malversación, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un comunicado.

En el marco de esta investigación, el juzgado ha llamado a declarar en calidad de imputados -ahora, investigados-, el próximo jueves 11 de mayo, a partir de las 10:00 horas, a Rosario G.V. y Sandra S.F, respectivamente presidenta y secretaria de la Mesa de Contratación, y a José María A.G., el interventor que presumiblemente autorizó el pago y que formaba parte como vocal de la Mesa de Contratación.

Estas diligencias parten de un oficio de la Policía Nacional que recibió el juzgado de Instrucción 21 de Valencia a finales del año 2016. Tras un año de investigación, la juez constató indiciariamente un presunto delito continuado de falsedad documental que habría permitido a PSPV y Bloc obtener financiación a través de terceras empresas.

No obstante, la juez constató que los delitos electorales que serían atribuible a ambas formaciones políticas han prescrito y archivó las actuaciones. Tras constatar que Crespo Gomar habría recibido contratos públicos de administraciones socialistas tras las elecciones de 2007, la juez repartió en cuatro juzgados el asunto para que las diligencias continúen en los partidos judiciales de Madrid, Benidorm y Gandía por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El primer juzgado que ha movido ficha es el que indaga en la contratación de este plan de comunicación por parte del Ministerio de Vivienda. El presidente del Gobierno era José Luis Rodríguez Zapatero y la ministra, Beatriz Corredor, en la actualidad Secretaria federal de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda del PSOE.

La juez de Valencia remitió este expediente a los juzgados de Madrid tras detectar que, «del estudio del contenido del expediente, resulta muy llamativo que se procediese a la apertura de la oferta económica sin disponer de los informes técnicos», según consta en el auto de inhibición.

Según razonó la juez, «en los procesos de licitación pública siempre se produce la apertura en primer lugar de la oferta técnica y posteriormente, una vez puntuada, la económica». Además, el expediente también «pone de relieve la falta de motivación en el rechazo de uno de los licitadores por baja temeraria, lo que claramente favoreció a Crespo Gomar, quien no hubiese resultado adjudicatario de no haberse rechazado al otro licitador».

Asimismo, afirmó la magistrada en su auto de inhibición, «existen en el expediente una serie de irregularidades, de las que indiciariamente parece concluirse que el expediente estaba adjudicado antes de que formalmente se hubiesen seguido los trámites o pasos legales».

Así, con anterioridad al día 18 de diciembre de 2008, «fecha en la que todavía no se había firmado el contrato entre Crespo Gomar y la Administración, se requirió a la Intervención General para que mandase delegado al acto de recepción de los servicios contratados, apareciendo ya el nombre de Crespo Gomar».

Además, «para poder suscribir un contrato administrativo (el del expediente figura firmado el 29 de diciembre) se requiere que previamente el abogado del Estado haya bastanteado los poderes que aporta la persona que comparece a la firma del contrato en representación de la adjudicataria».

«En el expediente objeto del informe, el bastanteo del abogado del Estado lleva la firma del 5 de enero, por lo que resulta imposible que el 29 de diciembre se firmase el contrato», concluyó la magistrada.

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