No necesitamos más gasto público en educación

Juan Rallo analiza la idea central de las propuestas de todos los partidos políticos, que no es otra (como no podía ser de otra manera para variar) que la de incrementar el gasto público en educación.

Y es que como muestran los distintos informes internacionales, el último el famoso "Education at a glance" del 2015 de la OCDE, España no cuenta con menos recursos que el resto de la OCDE, sino que hacemos un uso muy ineficiente de los mismos.

Artículo de Libre Mercado:

Todos los partidos políticos están centrando una parte significativa de su campaña electoral en sus propuestas para reformar el sistema educativo. La idea central sigue siendo la misma desde hace lustros: incrementar el gasto público para que la escuela pública cuente con mayores recursos. En esta campaña, además, se ha incorporado la idea de que las administraciones públicas deban ofrecer plazas escolares hasta los 18 años. Al parecer, pues, los problemas de la educación española pasan por inflar el presupuesto público: la voracidad de la burocracia educativa no se sacia nunca.

Sucede que, hace apenas unos días, la OCDE publicó su famoso informe Education at a Glance correspondiente a 2015 y la radiografía que se desprende de él no casa en absoluto con el diagnóstico que están efectuando nuestros políticos. A la postre, no es verdad que la educación pública española esté exageradamente infrafinanciada ni que, en consecuencia, cuente con menores recursos que en el resto de la OCDE.

Así, el gasto público por estudiante sólo está ligeramente por debajo de la media de la OCDE (página 251 del informe): en 2012 ascendió a 9.004 dólares por estudiante (frente a 9.317 en la OCDE). Ahora bien, si ponemos este gasto por estudiante en relación a nuestra renta per cápita, estamos ya gastando más que la media: el gasto por estudiante representa el 28% de nuestra renta per cápita, frente al 27% de la OCDE o de la mismísima Finlandia (p. 221).

Este considerable gasto público en educación permite contar con una de las plantillas de profesores más grandes y mejor remuneradas de la OCDE. Así, y como podemos leer en la página 424, la ratio de estudiantes por profesor es de 14 en Primaria (frente a los 15 de la OCDE), 11 en Secundaria (13 en la OCDE) y 12 en la Universidad (16 en la OCDE). Por otro lado, y según encontramos en la página 440, el salario inicial de los profesores en el sistema público es de 36.422 dólares en Primaria (frente a los 29.807 de la OCDE o los 32.356 de Finlandia) y de 40.752 dólares en Secundaria (31.013 en la OCDE y 34.945 en Finlandia). Por último, el profesorado español también trabaja menos horas que en el resto de la OCDE (si bien imparte más horas de clase que la media): en Primaria y en Secundaria inferior, los profesores españoles han de trabajar 1.140 horas anuales en la escuela, frente a las 1.196 o 1.172 de la OCDE; sólo los profesores de Secundaria superior pasan cinco horas más al año en el centro de enseñanza que sus pares de la OCDE (página 458).

Tengamos presente que las nóminas del profesorado representan alrededor del 70% del total del gasto público en educación. Por consiguiente, cuando los partidos políticos reclaman aumentos del gasto público, lo que, en el fondo, están reclamando es o mayores salarios o menos horas de trabajo para los profesores (por la vía de contratar a más profesores y, por tanto, reducir la ratio de alumnos por profesor).

En principio, y a tenor de lo que estamos escuchando en la campaña electoral, cabría una tercera posibilidad: hay que aumentar el gasto para contratar a más profesores, pero no con el propósito de reducir sus horas medias de clase, sino con el de incrementar las horas lectivas que reciben los alumnos. Aquí encajaría, por ejemplo, la propuesta de elevar la oferta de plazas escolares hasta los 18 años.

Sucede que esta idea tampoco casa demasiado bien con la realidad de nuestro entorno: el porcentaje de la población escolarizada en España ya es de los más elevados del mundo (p. 316). Por debajo de los dos años de edad, el 32% de la población española se halla en una institución educativa (frente al 21% de la OCDE o al 28% de Finlandia); entre los 3 y 4 años esta cifra se eleva al 96% (frente al 81% de la OCDE o al 71% de Finlandia); entre los 5 y los 14 años, el porcentaje se mantiene en el 97% (frente al 98% de la OCDE o el 97% de Finlandia); y entre los 15 y los 19 cae hasta el 87% (frente al 84% de la OCDE o el 86% de Finlandia). Pero no se trata sólo de que un porcentaje altísimo de la población juvenil esté en la escuela, sino que el número de horas que obligatoriamente pasa en el centro educativo también es de los más altos del mundo: 8.991 horas frente a 7.570 en la OCDE o 6.327 en Finlandia (página 412).

En definitiva, el sistema educativo español no adolece de una insuficiencia de recursos financieros: gastamos más de lo que deberíamos según nuestra renta per cápita, nuestros profesores están mejor remunerados que en la mayoría de los países occidentales y nuestros niños y adolescentes pasan más horas en las aulas que en otros países de nuestro entorno. Los pésimos resultados obtenidos no se deben a la falta de medios, sino al muy ineficiente uso de esos medios: no tenemos que añadir más gasto al agujero negro del sistema educativo público, sino que debemos cambiar de raíz su organización. No despertar y cebar al diplodocus, sino extinguirlo. Es decir, necesitamos reemplazar un sistema educativo burocratizado y políticamente planificado por un sistema educativo privado, libre y en competencia.