Diego Sánchez de la Cruz muestra cómo la extrema izquierda y su ramificación por el movimiento ecologista (como herramienta del marxismo cultural) callan ante los desastres medioambientales provocados por los regímenes socialistas, mostrando una vez más su enorme hipocresía y el verdadero objetivo del uso de la etiqueta ecológica.
Artículo del Instituto Juan de Mariana:
No pocos movimientos ecologistas europeos abanderan la aplicación de políticas económicas de corte marxista. Esta postura antimercado resulta, cuando menos, llamativa, pues el historial de los países comunistas en lo tocante a la protección del medio ambiente está repleto de catástrofes y malas prácticas.
Un ejemplo lo tenemos en el caso del Mar de Aral, que acabó convertido en un desierto bajo la gestión de la Unión Soviética. Las cosas no funcionaron mucho mejor en la central nuclear de Chernóbil, donde el régimen comunista que gobernaba Ucrania presidió uno de los episodios más negros de la década de 1980.
En la actualidad, el entusiasmo que muestra cierto ecologismo izquierdista ante los regímenes latinoamericanos del "socialismo del siglo XXI" vuelve a poner de manifiesto la doble vara de medir que aplican sus activistas a la hora de evaluar estas cuestiones.
Ecuador: un derrame petrolero por semana
El caso más llamativo es el de Ecuador, donde el control estatal de la producción petrolera está arrojando resultados nefastos.
Lo cierto es que el país andino nunca ha tenido un buen historial en lo tocante a la protección del entorno. De acuerdo con los datos del ministerio de Medio Ambiente, la media de accidentes petroleros entre los años 2000 y 2010 fue de 50 derrames al año. No obstante, la llegada al poder de Rafael Correa ha empujado esta cifra al alza, con un aumento del 20% en el año 2011.
Biólogos como Diego Mosquera apuntan que Ecuador "es un precedente mundial de cómo no hacer las cosas. Al norte de país se puede hacer lo que llamamos un "toxitour", es decir, un tour en el que uno puede ver todos los efectos directos e indirectos que la explotación petrolera ha dejado en el medio ambiente". La incapacidad técnica del sector a la hora de minimizar estos daños ha alcanzado cotas tan altas que, como explicó la BBC, Ecuador registra un derrame petrolero por semana.
Curiosamente, la izquierda europea que apoya con mayor entusiasmo a Rafael Correa permanece callada ante este desastroso récord medioambiental. De hecho, el régimen ecuatoriano ha llegado al extremo de exigir dinero a la comunidad internacional bajo amenaza de explotar las reservas petrolíferas de los campos amazónicos de mayor biodiversidad.
Este "chantaje ecológico" fracasó de manera rotunda: el régimen de Rafael Correa apenas recaudó el 0,37% del dinero que pretendía captar por esta vía. Constatado el fiasco, Ecuador procedió a explotar las reservas del llamado Yasuní ITT, ante el silencio de los partidos políticos europeos que simpatizan con los gobiernos del "socialismo del siglo XXI".
Desde España, el portavoz de Izquierda Unida, Alberto Garzón, respaldó la decisión de perforar el Yasuní y culpó de esta decisión al capitalismo, argumentando que Correa se vio obligado a extraer el petróleo amazónico por culpa de la "lógica depredadora de un sistema económico dirigido por los beneficios".
El canal de Nicaragua
Otro proyecto que ha despertado críticas en América Latina pero no parece merecedor de las críticas del ecologismo izquierdista es el del canal de Nicaragua. Esta obra, que pretende ofrecer una alternativa al centenario cauce panameño, podría empezar a desarrollarse en un futuro cercano, al calor del interés que han mostrado diversos inversores chinos.
En la revista Nature, Axel Meyer y Jorge Huete-Pérez explican que "no se han publicado informes de impacto económico o medioambiental sobre el proyecto. De hecho, se dan por buenas las cifras que aporta la constructora china que aspira a construir la obra. El gobierno de Nicaragua no está aportando ningún tipo de información a la ciudadanía, pero sabemos que excavar el país de costa a costa supondría una inversión cuatro veces mayor que el PIB del país y que por el camino se perderían 400.000 hectáreas de bosque y humedales".
Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua y afín al "socialismo del siglo XXI", se niega a pronunciarse al respecto. En la única ocasión en la que ha hecho declaraciones sobre el posible impacto ambiental de la obra, se limitó a apuntar que "hay que quitar algunos árboles...".
Las dudas sobre el proyecto también han llegado a la prensa internacional: el diario Washington Post y la revista The Economist han echado más leña al fuego. Por su parte, el portal Wired también ha expresado su recelo ante este proyecto.
No obstante, como explica el Instituto Cato, "resulta interesante queninguna de las grandes organizaciones ecologistas, como por ejemplo Greenpeace, se ha pronunciado acerca de lo que supondría construir el Canal de Nicaragua. Esta actitud contrasta con el activismo que ha despertado el proyecto a nivel local. Por eso resulta difícil de entender el mutismo del movimiento ecologista internacional".
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