jueves, 20 de octubre de 2016

Una breve aproximación histórica al problema de las pensiones públicas

Javier Gaite realiza una breve aproximación histórica al problema de las pensiones públicas y de qué manera nos condena la servidumbre paternalista del Estado, impidiéndonos progresar y retirarnos en unas mejores condiciones.
Una breve aproximación histórica al problema de las pensiones públicas
Muchas personas conocen, en mayor o menor medida, la delicada situación por la que pasa el sistema de pensiones. Una minoría, consciente de ello, se prepara para afrontar el futuro; sin embargo, aún son muchos los que no hacen nada, pues piensan que el Estado podrá solucionar los problemas de los que adolece el sistema.
Pero, incluso aunque se llegarán a solucionar esos problemas, el sistema de pensiones seguiría siendo lo que es: un sistema injusto y antisocial; de todo menos solidario, que es lo que nos quieren hacer creer a base de eufemismos y demagogia.
En sus comienzos (la Alemania del canciller Otto Von Bismark), los planes estatales de pensiones fueron creados para promover el bienestar de los trabajadores y lograr que la economía siguiera funcionando con la máxima eficiencia.
El sistema tuvo buena acogida, sobre todo entre aquellos que estaban a pocos años de jubilarse, que recibieron una pensión sin apenas haber cotizado.
Además, la enorme cantidad de trabajadores que existía en relación al número de pensionistas, unido a la menor esperanza de vida (38 años a causa de la alta mortalidad infantil) y a la edad de jubilación establecida (70 años), hacían que las cotizaciones sociales fueran de pequeña cuantía.
Por entonces, el sistema estaba pensado para actuar a modo de red de protección de aquellas personas, que de manera excepcional, superasen los 70 años y carecieran de patrimonio; sin embargo, fue evolucionando y acabó convirtiéndose en el sistema por defecto para financiar las pensiones de todos los trabajadores.
El sistema fue consolidándose a lo largo del s. XX, sobre todo a partir de los años 40 y 50, durante los cuales el aumento de la población producido por la explosión de natalidad (el llamado baby boom), dio lugar a que hubiera muchos trabajadores pagando sus impuestos y contribuyendo al sistema público de pensiones durante las décadas de los 60, 70 y 80; lo cual, dicho sea de paso, no implicaque el sistema fuera el adecuado, si no simplemente sostenible.
No fue hasta la década de los 90 cuando empezó a ponerse en duda su sostenibilidad, pues el sistema no había evolucionado al mismo ritmo que la sociedad: la esperanza de vida había aumentado y la natalidad descendido; y a pesar del Pacto de Toledo, esa gran falacia de la que fueron cómplices todos los partidos políticos de la época, y mediante el cual se pretendió mantener a la sociedad inconscientemente tranquila respecto a la supuesta robustez del sistema, los problemas no han dejado de aumentar.
Si a todo esto le sumamos que en la actualidad todos los millones de personas que nacieron durante el baby boom se están empezando a jubilar, no es de extrañar que el número actual de trabajadores que están contribuyendo al sistema público de pensiones vaya en descenso y se haya originado el problema de cómo financiarlo a largo plazo.
Las soluciones que los gobiernos están aplicando para hacer frente a este problema pasan por mantener el sistema como sea, aunque sea a costa de empeorar las condiciones de jubilación de los pensionistas y endurecer las de acceso a los trabajadores. El caso es decir que las pensiones están aseguradas, aunque luego la realidad sea muy distinta, pues el sistema dificulta al ciudadano progresar con el esfuerzo y el ahorro que ha acumulado a lo largo de toda su vida.
Y es que al final tenemos que ser conscientes de una cosa: el Estado del bienestar empieza a tocar fondo; un Estado del bienestar que ha dado lugar a una sociedad conformista, que ha entregado al Gobierno mayor poder para que solucione sus vidas a cambio de su libertad y prosperidad.
Si queremos prosperar, no debemos dejar nunca que nos condenen a la servidumbre paternalista del Estado. Debemos ocuparnos nosotros mismos de nuestros asuntos y no delegar en incompetentes instancias políticas lo que no es más que una responsabilidad personal e individual.
Si somos conscientes del castigo al que el Estado nos someterá durante toda nuestra vida laboral (y el que nos tiene preparado para cuando nos jubilemos) y cómo gracias a la creación de un patrimonio podemos aminorar su impacto y concebir nuestro retiro al margen de las condiciones impuestas por el Gobierno, empezaremos a ver que nuestro retiro, el cual no tiene porque coincidir con la edad de jubilación, no tiene porque ser planificado penosamente por el Estado.

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