jueves, 27 de octubre de 2016

Multar el porvenir

Juan Manuel López-Zafra critica la multa impuesta por Madrid a Blablacar, y el intento de poner puertas al campo que supone (la finalidad no es otra que defender los privilegios de ciertos grupos de presión), así como las tendencias mundiales en la cuestión del transporte. 


Artículo de El Confidencial:

Foto: Fotografía facilitada por BlaBlaCar de tres pasajeros que comparten un viaje en coche. (EFE)Fotografía facilitada por BlaBlaCar de tres pasajeros que comparten un viaje en coche. (EFE)


«Si se mueve, ponle un impuesto; si se sigue moviendo, regúlalo; si deja de moverse, subsídialo», Ronald Reagan.
El pasado 17 de octubre conocíamos por los medios que la Comunidad de Madrid imponía la primera sanción en Europa a BlaBlaCar, “por vulnerar los artículos 140.2 y 141.7 de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT)” y no disponer los conductores sancionados "de ningún título habilitante para ejercer dicho transporte". El director general de Transportes de la citada comunidad ha advertido a la compañía de que "tendrá que cambiar su metodología si quiere funcionar en España". Una de las razones aludidas es la búsqueda de lucro por parte de los conductores, excediendo los límites que se señalan como propios de una actividad instalada dentro de la denominada economía colaborativa, de la que ya hablamos aquí en marzo pasado. Como recuerda la compañía sancionada, la relación contractual entre los conductores y la plataforma tecnológica a través de la que prestan sus servicios es inexistente; en todo caso, la Comunidad de Madrid prefiere ponerse frente a los usuarios para advertir a la compañía de que “hasta que España no cambie la ley, su manera de trabajar es ilegal".
La autoridad no ha mostrado ningún interés en modificar la ley, prefiriendo mantener el 'statu quo' para ganar unos votos, no perder ninguno (los contribuyentes en general no consideramos esa variable como decisiva para dar nuestro voto) y evitar problemas asociados a las habituales manifestaciones de los afectados en defensa de sus 'derechos'. Más allá de los intereses de los propietarios de taxi (como la defensa de la inversión en la compra de la licencia, otro monopolio que les otorga la Administración para controlar la oferta a costa del contribuyente), lo único que ha hecho la Comunidad de Madrid, más allá de poner nuevamente de manifiesto su voluntad de controlar al ciudadano e impedir su natural derecho de elección, es hacer buena la cita de Reagan y ponerle puertas al campo.
El 46% de los madrileños comparte habitualmente el coche, de acuerdo con el informe 'Foro de movilidad 2015', de Alphabet; el 56% de los usuarios que comparten coche de forma habitual lo hace por ahorrar, y el 25% emplea el teléfono móvil en sus desplazamientos; de ellos, un 14% lo hace para algo más que recibir o emitir llamadas. La tenencia en propiedad de los vehículos está disminuyendo en los EEUU, como se señala en 'Urban mobility at a tipping point', de Bouton et al.; así, los vehículos por persona habrían caído un 6,3% entre 2006 y 2012, los vehículos por conductor un 5,2% en el mismo período y los vehículos por hogar también un 5,9%. De acuerdo con los citados autores, la movilidad urbana evolucionará de acuerdo con los 'drivers' señalados en el Cuadro 1.
Un estudio de Nissan define a los menores de 35 como 'nativos colaborativos'; este tipo de consumidor de automóvil se caracteriza por no considerar la propiedad del vehículo como una necesidad; los tiempos de desplazamiento al volante se consideran como tiempos robados a su conexión con el mundo y por lo tanto su coche ideal debería devolverles esa posibilidad; consideran asimismo que el coche debe reaccionar a sus deseos como lo hacen los 'smartphones', esto es, a órdenes de voz y táctiles, además de buscar la posibilidad de cargar todos su dispositivos electrónicos dentro del coche.

Cuadro 1. Futuro y presente de la movilidad urbana. Fuente: elaboración propia partir de 'Urban mobility at a tipping point', de Bouton et al. (2015).

El 'Innovative mobility carsharing outlook' del Transportation Sustainability Research Center, de la Universidad de Berkeley, señala una tendencia exponencial en el 'carsharing', pasando de los 32.647 usuarios en todo el continente americano en 2003 a más de 1.600.000 en 2014. A fecha de hoy, son ya más de 26 las compañías que prestan su servicio en distintas ciudades de EEUU, y 19 en Canadá. Existen actividades de 'carsharing' en más de 1.500 ciudades de más de 30 países, con casi cinco millones de usuarios activos y más de 100.000 vehículos dedicados a esta actividad.

Figura 1. Tendencia en el 'carsharing'. Fuente: Transportation Sustainability Research Center, Universidad de Berkeley (invierno 2016).
El informe 'Automotive revolution. Perspective towards 2030', de McKinsey, plantea que el 8% de los vehículos nuevos en 2030 se dedicará al 'carsharing'. BlaBlaCar entra más dentro del 'ride sharing', el viaje compartido, que no deja de ser una variante del anterior, al poner en contacto a conductores que se desplazan entre dos lugares en su vehículo privado y pasajeros que están de acuerdo en compartir los gastos de viaje. La compañía multada cuenta con más de 35 millones de usuarios inscritos en los más de 20 países en los que opera pasados 10 años desde su lanzamiento, un 10% de ellos en España, que habrían recorrido 1.200 millones de kilómetros, con una ocupación media de 2,8 personas por vehículo frente a los 1,7 en Europa; esta iniciativa habría ahorrado 700.000 toneladas de CO2 hasta enero de 2014. Solo los usuarios españoles habrían ahorrado 90.000 toneladas en 2015. El 85% de sus usuarios señala que emplean el sistema básicamento por el ahorro de costes que supone; un 40%, además, señala motivos medioambientales. La confianza de los usuarios en el servicio es en España de las más elevadas, con casi nueve puntos en una escala de 10.
De la mala fe en la actuación de la Comunidad de Madrid, da cuenta el conjunto de razones que he señalado en el preámbulo. De la imposibilidad de poner puertas al campo, da cuenta lo que acabo de exponer. La Comunidad de Madrid, en vez de buscar soluciones que supongan una transición adecuada hacia la movilidad del siglo XXI, ha preferido multar el porvenir. Eso sí, no les quepa duda de que dirán que lo han hecho por nuestro bien.

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