Juan Rallo analiza la situación actual de la sanidad pública española en función de los resultados del reciente ranking de eficiencia según Bloomberg y de la evolución de los indicadores de calidad de vida del INE en los últimos años.
Artículo de El Confidencial:
Protesta por los recortes sanitarios y en contra de que se privaticen hospitales públicos. (EFE)
Cuando los defensores de la Sanidad pública española pretenden demostrar su superioridad frente a otras alternativas privadas como la estadounidense, suelen comparar dos variables: costes y resultados. En efecto, la sanidad estadounidense es mucho más cara que la española (nuestro país destina el 9% de su PIB a gasto sanitario, mientras que EEUU dedica más del 17%) y sus resultados no son, al menos a primera vista, mejores (indicadores como la esperanza de vida están por encima en nuestro país).
La realidad, como suele suceder, es bastante más compleja de lo que a simple vista podría parecer: ni la sanidad estadounidense es un ejemplo de sanidad privada y liberalizada —por ejemplo, su gasto público en sanidad representa un porcentaje del PIB superior al de España— ni, además, EEUU gasta en sanidad mucho más que Europa una vez corregimos por su renta disponible después de impuestos. Pero, en todo caso, sigue siendo cierto que quienes vindican la superioridad de la Sanidad pública española lo hacen, en última instancia, apelando a un indicador muy concreto: su eficiencia, esto es, la relación entre los resultados alcanzados y el coste incurrido en lograrlos.
A su entender, por tanto, el sistema sanitario español logra resultados análogos a los de otros sistemas sanitarios pero con costes bastante menores. Y así es: recientemente, la Sanidad española se convirtió en el tercer sistema sanitario más eficiente del mundo según Bloomberg (en 2009, éramos el octavo). ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues esencialmente gracias a los recortes de gasto practicados durante la crisis: mismos resultados que antes de ella pero destinando menos recursos (más eficiencia). No en vano, el gasto público en sanidad alcanzó en 2009 su máximo de 1.630 euros por español, mientras que en 2014 había descendido a 1.400: un recorte nominal del 14% que, unido a la tasa de inflación del 7,6% durante ese mismo periodo, nos lleva a un recorte final de alrededor del 20%.
Fueron muchos los que pronosticaron que un recortazo de tal magnitud iba a hundir la calidad del sistema sanitario: en esencia, se presuponía que la Sanidad pública estaba funcionando en su punto de máxima eficiencia y que, por consiguiente, toda minoración del gasto necesariamente tenía que repercutir gravemente sobre la calidad del servicio prestado. Pero los datos que disponemos no acreditan 'prima facie' este negro augurio. Sin ir más lejos, el Instituto Nacional de Estadística publicó la semana pasada la edición 2016 de sus Indicadores de Calidad de Vida, y en ellos se constata que los indicadores sobre la salud de los españoles no han empeorado durante la crisis, sino que más bien han mejorado ligeramente.
Así, la esperanza de vida al nacer de los hombres ha pasado de 78,6 años en 2009 a 79,9 en 2015; a su vez, la esperanza de vida al nacer de las mujeres se ha incrementado desde 84,7 años en 2009 a 85,4 en 2015. Asimismo, la esperanza de vida en buena salud (número de años que podemos disfrutar con buen estado de salud) se incrementó desde 63,1 a 65 en el caso de los hombres y de 62,1 a 65 en el caso de las mujeres. Igualmente, el porcentaje de personas que sufren limitaciones graves en su actividad diaria se ha reducido desde el 5,6% en 2009 al 5,1% en 2015, y cae especialmente entre los deciles más pobres (el primer decil pasa de un 6,3% de población gravemente limitada a un 3,6%; el segundo, del 8,3% al 6,6%; y el tercero, de 8,1% a 7,1%). Acaso el único indicador que empeora con respecto a 2009 sea el de morbilidad crónica, esto es, el porcentaje de personas con problemas de salud de larga duración: en este caso, aumenta del 30,2% de la población en 2009 al 32,7% en 2015, si bien los deciles más pobres de renta mejoran (el primer decil cae del 31,5% al 25,8%, y el segundo del 37,8% al 34%).
En suma, en general la salud de los españoles ha mejorado desde el momento en que comenzó a recortarse el gasto sanitario. Ahora bien, acaso se replique que ambos fenómenos no tienen nada que ver: si la salud de los ciudadanos ha mejorado, habrá sido a pesar de los recortes y de la pérdida de calidad del sistema sanitario. Mas hay un indicador muy relevante que apunta en un sentido opuesto: pese a haber recortado el gasto sanitario per cápita en un 20%, el porcentaje de la población sin acceso a la Sanidad por causas económicas ha caído.
En 2004, en plena burbuja inmobiliaria, el 4,8% de los españoles que necesitaron ir al médico no pudo hacerlo debido a su alto coste, a la falta de disponibilidad de infraestructura sanitaria cercana, a no disponer de tiempo o a las largas listas de espera; en 2009, antes de los recortes, fue el 2,7%; en 2014, el 2%.
En definitiva, la accesibilidad efectiva a la Sanidad así como la salud de la población española no han empeorado, sino que incluso han mejorado durante la era de los recortes. La mejoría, además, ha sido especialmente acusada entre los estratos más pobres de la sociedad. Las furibundas críticas que se lanzaron contra los ajustes del gasto sanitario fueron, pues, simplemente la expresión de un conflicto profesional entre la burocracia y sus gestores políticos: la burocracia sanitaria quería más personal, más salarios y más medios materiales, aun cuando no eran necesarios para prestar un buen servicio, y los políticos, asediados por el déficit, se resistieron a concedérselos.
La mejoría de la calidad y el ahorro de costes vividos desde 2009 han permitido que nuestro sistema sanitario se haya convertido en el tercero más eficiente del mundo. ¿Un logro insuperable por cualquier sistema de sanidad privada? En absoluto: la sanidad de Singapur está justo por encima de nosotros (su coste es la mitad que la española) y el 60% de su gasto es privado, no público. Un modelo del que podemos aprender mucho para mejorar todavía más nuestra eficiencia y, sobre todo, para ampliar la libertad de elección del paciente. Máxime porque, tan pronto como la recaudación impositiva vuelva a aumentar, nuestros políticos se expondrán al perversísimo incentivo de disparar el gasto sanitario por muy innecesario que resulte.
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