Las autonomías adjudican contratos sin justificar la inversión y a dedo

Javier Romera y Eva Díez muestran los insultantes resultados del último informe del Tribunal de Cuentas acerca del procedimiento de las Autonomías. 

La conclusión es evidente: nepotismo, favoritismo, adjudicaciones a dedo, sin valoración ni objeto, corrupción, ocultamiento de déficits, ilegalidades, colocación de afines y creaciones de sociedades públicas sin sentido ni necesidad, descontrol contable, despilfarro de recursos y pérdidas millonarios que salen del bolsillo del ciudadano...

Pero no pasa nada. Cosas de austeridad pública...

Artículo de El Economista:

Descontrol absoluto en las licitaciones y adjudicaciones llevadas a cabo por los Gobiernos autonómicos. Es la advertencia que hace el Tribunal de Cuentas en su último informe, publicado ahora, pero en el que se fiscalizan los contratos correspondientes al ejercicio 2013. El organismo supervisor asegura que, en muchos de ellos, "no se especifica con un mínimo de concreción razonable la justificación de su necesidad" ni se acreditan las inversiones públicas a realizar.

El Tribunal llega a decir incluso que "en algunas ocasiones se utiliza como justificación las propias competencias u otras circunstancias igualmente genéricas". En muchos casos, y al igual que ocurría en ejercicios anteriores, se han detectado contratos adjudicados a dedo, sin concurso público ni publicidad, por el procedimiento negociado. Y ello "sin que queden suficientemente justificadas las razones por las que sólo pueda encomendarse el objeto del contrato a un único empresario". En este sentido, en el informe se refleja que en muchos casos, ni siquiera se han solicitado al menos tres ofertas antes de abrir una negociación.

Y por si esto fuera poco, las declaraciones de urgencia en algunos casos no cumplen con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, ya que "la motivación es genérica" o se fundamenta, simplemente, en el hecho de que el contrato vigente está a punto de concluir. "Debe iniciarse la realización del contrato posterior con la suficiente antelación para poder seguir una tramitación ordinaria, la única que es plenamente respetuosa de los principios de publicidad y libre concurrencia", asegura de forma tajante el Tribunal de Cuentas.

Métodos de valoración

Respecto a los contratos adjudicados mediante procedimiento abierto "se continúan observando deficiencias relativas al establecimiento, definición y aplicación de los criterios objetivos de adjudicación, así como una insuficiente determinación de las fórmulas y métodos de valoración", para llevar a cabo la correspondiente adjudicación. El Tribunal recuerda que los contratos se adjudican, en gran medida, por la "apreciación subjetiva" de una comisión técnica, cuyos informes "atentan contra los principios de transparencia y trato igualitario entre los licitadores".

El informe también llama la atención sobre los "injustificados" retrasos en la ejecución de los contratos, "particularmente incongruentes" cuando la adjudicación se ha concedido a través de la tramitación de urgencia.

Pérdidas millonarias

La asfixia económica de las empresas públicas obliga a las distintas Administraciones a emitir una financiación constante para garantizar su viabilidad. El Tribunal de Cuentas señala que las 402 sociedades fiscalizadas suman unas pérdidas agregadas de más de 4.000 millones. A los número rojos, se suma además un serio endeudamiento financiero de los entes que alcanza los 10.204,6 millones.

Ante esta situación, las diferentes autonomías inyectan al año unos 3.800 millones, según se desprende del informe. Tan sólo la Región de Murcia suma, con 1.971 millones, el 50% de las pérdidas de los entes públicos. El gran agujero de la región procede del Servicio Murciano de Salud, que en esta autonomía y al contrario del resto tiene naturaleza de sociedad mercantil. La compañía perdió en el periodo fiscalizado hasta 1.935,7 millones, obligando al Gobierno regional a cubrir las pérdidas.

Incidencias contables

El Tribunal de Cuentas alerta también del descontrol contable existente en las sociedades públicas. El informe señala que los inventarios "mantienen sin registrar en su activo las cesiones de bienes muebles, inmuebles o derechos de arrendamiento realizados a su favor". De igual modo, cuestiona las diferencias que hay entre los datos que tienen las sociedades y las regiones.

El organismo aprecia además errores a la hora de clasificar las subvenciones otorgadas. Así, determinadas compañías imputan estas inyecciones de capital como ingresos de explotación, y en otros casos, como fondos propios.

Por otro lado, el documento también pone en cuestión la excesiva creación de sociedades cuando ya existen otras sin actividad y con similar objeto. "Queda sin justificación la necesidad de la creación o permanencia de otras (sociedades) análogas", insiste el informe.

Además, aconseja a las comunidades que analicen la verdadera obligación de mantener determinadas compañías con sus respectivas inversiones cuando la mayoría de éstas presenta una situación deficitaria en los resultados de explotación. El Tribunal de Cuentas aplica la lógica más rotunda y recuerda que, a peores resultados, mayor necesidad de aportación económica.

Cambian ayudas por créditos

El Tribunal de Cuentas detecta un cambio en el modo de operar de las Administraciones autonómicas a la hora de financiar a sus respectivas empresas públicas. El informe señala que en los últimos ejercicios se ha producido un efecto de sustitución de la concesión de subvenciones por el otorgamiento de préstamos. "En este cambio puede influir el hecho de que la concesión de créditos no tiene impacto en el déficit, puesto que tiene la consideración de operación financiera", explica el organismo.

Sin embargo, el informe apunta a la par a que no se debe olvidar que estas operaciones sí pueden tener una repercusión futura en las cuentas públicas. "Si los prestatarios no son capaces de devolver la financiación concedida sería necesario hacer inyecciones de capital", asegura. De igual modo, destaca que en algunas regiones se aprecia una tendencia a sustituir las ayudas por autorizaciones de endeudamiento avaladas por las autonomías.