Juan Rallo analiza la pésima regulación laboral en España, que aboca al desempleo a millones de potenciales trabajadores.
La solución es sencilla, pero no hay intención política al respecto.
La solución es sencilla, pero no hay intención política al respecto.
Artículo de El Confidencial:
Fachada de una oficina de empleo en Madrid. (EFE)
El principal problema económico de España es el desempleo: una de cada cinco personas deseosas de trabajar se halla en paro. No es una anormalidad de nuestra historia reciente: en los últimos 35 años, hemos superado en 13 ocasiones la tasa de desempleo del 20%. ¿Cómo acabar con esta lacra endémica que impide a millones de españoles insertarse en sociedad?
El paro es un fenómeno inexistente en la inmensa mayoría de mercados que componen una economía: si la demanda de un producto se reduce, su precio tiende a reducirse lo suficiente como para lograr que todas sus unidades se vendan. En el mercado laboral, sin embargo, la rebaja de los salarios se encuentra obstaculizada por regulaciones como los salarios mínimos o los convenios colectivos, presuntamente dirigidas a 'proteger' a los trabajadores: por ejemplo, entre 2008 y 2015, los salarios medios españoles apenas se redujeron un 2,7% en términos reales.
Sin embargo, si el coste laboral no baja lo suficiente tras un desplome de la demanda empresarial por trabajadores, lo que sucederá es que el desempleo inevitablemente se incrementará. No se trata de ninguna consecuencia económica extraordinaria propia del mercado de trabajo: es exactamente lo mismo que ocurre en cualquier otro bien o servicio. Si los consumidores de un producto dejan de querer comprarlo y su precio se mantiene rígido, entonces se quedará sin vender: a falta de ajuste en los precios, el ajuste termina viviéndose en las cantidades demandadas. Por ello, la legislación que pretende proteger a los trabajadores de cualquier recorte salarial en realidad termina condenando a buena parte de esos trabajadores al desempleo, esto es, a sufrir un recorte salarial absoluto (sueldo cero).
Acaso se aduzca que tales argumentos son coherentes en el campo de las ideas, pero que jamás funcionarían en la práctica: si, en medio de una crisis económica, los salarios pudieran ajustarse intensamente a la baja, el resultado no sería más empleo con menores salarios, sino menor empleo con menores salarios. Los empresarios, se dice, tratarían de aprovecharse para incrementar sus beneficios y no se abstendrían de despedir por mucho que pudieran abaratar las contrataciones. La realidad, sin embargo, es muy distinta.
En una reciente investigación llevada a cabo en el mercado laboral italiano entre 2008 y 2013, los economistas Sergei Guriev, Biagio Speciale, Michele Tuccio compararon el comportamiento de los salarios y del nivel de empleo, tanto en la muy regulada economía formal como en la desregulada economía sumergida. Los resultados obtenidos no deberían sorprender a nadie porque corroboran lo que indica el sentido común: los salarios se redujeron mucho menos en la economía formal que en la economía informal (en concreto, cayeron un 20% en la informal, mientras que se mantuvieron constantes en la formal), pero en contrapartida el empleo también disminuyó mucho más intensamente en la economía formal que en la informal (en particular, el número de ocupados se desplomó un 16% en el mercado laboral regulado mientras que creció en 1,6% en el desregulado). De hecho, los tres investigadores estiman que si la flexibilidad se hubiera extendido a la totalidad del mercado laboral italiano, el empleo se habría reducido menos de un 5% frente a la profunda caída del 16% que se experimentó.
La disyuntiva laboral de una crisis, pues, es palmaria: a corto plazo, o disminuyen los salarios o disminuye el empleo. No resulta en absoluto realista esperar que la producción total de la economía se hunda (que caiga el PIB) y que, al mismo tiempo, tanto el número de trabajadores como sus salarios se vayan a mantener constantes. La masa salarial es el principal componente del PIB, y si este se contrae, la masa salarial también lo hará: ya sea porque el número de perceptores de salarios cae o porque la cuantía de cada salario minora. En medio de una crisis, no hay otra.
De ahí que debamos escoger entre un mercado laboral hiperregulado que preserve los salarios o un mercado laboral liberalizado que preserve el volumen de empleo. España claramente ha optado por el primer modelo durante las últimas tres décadas, lo que ha enconado la destrucción de puestos de trabajo, agudizado las crisis, ralentizado las recuperaciones y bloqueado la integración laboral de un quinto de la población adulta.
Pero existe una alternativa mucho más justa y funcional: la alternativa de un mercado laboral liberalizado donde trabajadores y empresarios renegocien dinámicamente sus condiciones, sin someterse a ninguna paternalista normativa estatal que termina dañando a aquellos que asegura querer beneficiar. Si a los políticos verdaderamente les importara el drama del paro, la primera medida que aprobarían en las nuevas Cortes sería la de derogar toda la normativa (anti)laboral actual, responsable directa de multiplicar el número de desempleados durante las crisis. No lo harán, y millones de personas seguirán pagando las consecuencias de tamaña irresponsabilidad.
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