Para ello, las dos herramientas más importantes son la educación y los medios de comunicación, lo que controla con más énfasis cualquier dictadura y en menor grado cualquier partido en democracia cuyas capas de poder y control político son mayores, como el caso español.
En el caso español, los medios públicos heredados del franquismo no han desaparecido (seguimos teniendo TV y radios públicas, siendo la prensa estatal la única que sí desapareció con la democracia), siendo herramientas de manipulación, adoctrinamiento, colocación de afines, desvío de dinero hacia lobbies ideológicos cercanos y de propaganda de los partidos en el poder, y sin ningún tipo de justificación hoy.
Lejos de tener suficiente con esto, las manos del control político llegan más lejos, gracias a otra herramienta perversa que han ido engrosando a costa del nivel de vida del ciudadano. Las subvenciones y ayudas a los medios privados, muchas veces disfrazadas e incrementadas mediante una de sus fuentes de financiación: la publicidad institucional.
De esta manera, se pervierte una vez más el capitalismo manteniendo con el dinero del ciudadano y de empresas eficientes empresas ineficientes pero que sirven a la causa del político al cual chantajea en beneficio propio a cambio de dinero público.
Sus efectos son perversos. A lo ya dicho, se añaden cuestiones morales, de privilegios, de despilfarro, de coste de oportunidad (dinero que no es dedicado a donde realmente hace falta y cubre necesidades humanas), de mala asignación de recursos (implican desviar dinero de donde es demandado por los consumidores hacia donde decide arbitrariamente el político con efectos que van desde la destrucción de empleo en sectores que serían rentables sin los impuestos que les afectan para recaudar dicho dinero para subvenciones. Implica también reducir salarios en otros sectores privilegiando a los subvencionados. Implica arrebatar SU dinero a las familias y empresas que han ganado justamente para privilegiarse a sí mismo y sus afines y lobbies. Implica distorsionar la economía para mal creando una lucha constante de conflictos entre grupos de poder que luchan para ganar rentas (robar) acercándose al poder (política) en lugar de satisfaciendo necesidades ajenas (mercado), lo que corrompe la democracia y a las personas, destruyendo las bondades del sistema capitalista (no socialización de pérdidas, premiar a las empresas que satisfacen necesidades, y castigar a quienes no, mediante el indicador de los beneficios y pérdidas, y no mediante la arbitrariedad política, que implica menor y mucha más injusta insatisfacción.
Rubén Arranz se hace eco del más reciente caso en Galicia tras los resultados electorales.
Artículo de Voz Pópuli:
El reparto de la publicidad institucional entre los medios de comunicación ha vuelto a generar suspicacias en España. En esta ocasión, han surgido en Galicia, donde el Gobierno regional ha repartido 341.000 euros a la prensa pocos días después de que el Partido Popular ganara las elecciones en esta comunidad autónoma, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza. La distribución de estos fondos se ha realizado a través de la firma de 18 convenios. O lo que es lo mismo, sin convocar un concurso público para decidir su destinatario en virtud de sus méritos.
La adjudicación de contratos de publicidad institucional, ayudas públicas y subvenciones a las televisiones, radios y editoras de prensa ha sido históricamente objeto de polémica, ante las sospechas sobre la influencia que estas acciones tienen sobre la línea editorial de estos medios; y ante los indicios de que las Administraciones privilegian a los periódicos 'amigos' frente a los críticos.
Uno de los ejemplos paradigmáticos, en este sentido, es el de Cataluña, una comunidad autónoma en la que, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2013, la Generalitat repartió 181 millones de euros en este sector, según datos recopilados por el diario El Mundo.
De esta cantidad, 99 millones se correspondieron con publicidad institucional y 82 millones con subvenciones que se otorgaron desde para auspiciar la edición de prensa en catalán hasta para acometer mejoras en la infraestructura de estas empresas.
En este tiempo, algunos medios de comunicación que habían apostado tradicionalmente por el ‘encaje’ de Cataluña en España comenzaron a coquetear con el ideario independentista, motor del ‘procés’ impulsado por Artur Mas. Entre ellos, los periódicos más leídos: La Vanguardia y El Periódico de Cataluña.
La excusa: fomentar la natalidad
En el caso de Galicia, el Ejecutivo autonómico ha repartido estos 341.000 euros para una campaña de publicidad institucional que ha considerado importante en este inicio de legislatura. Su objeto será el de realizar “acciones divulgativas sobre el fomento de la natalidad y la necesidad de incrementar las tasas de natalidad de la comunidad autónoma”.
Así lo publicó el Diario Oficial de Galicia el pasado 10 de octubre, es decir, 15 días después de la celebración de los comicios autonómicos del 25 de septiembre en los que el PP obtuvo mayoría absoluta. Cabe incidir en que los convenios por los que se autorizó la distribución de estas subvenciones se rubricaron el 20 de septiembre entre estas empresas y la Consejería de Política Social como firmante de los acuerdos.
Dentro de la prensa escrita, los beneficiados por este reparto de dinero público serán La Voz de Galicia (149.796 euros), Faro de Vigo (68.372), El Progreso de Lugo (25.820), La Región (21.008), Diario de Pontevedra(10.913), La Opinión de La Coruña (9.057), Atlántico Diario (3.207) y El Ideal Gallego (10.630).
La radio-televisión pública gallega, CRTVG, recibirá 23.953 euros, por los 4.182 de Onda Cero, los 4.826 de COPE Galicia, los 707 de ESRadio, los 2.284 de Radio Coruña, los 707 de Radio Lugo, los 1.126 de Radio Orense, los 1.190 de Radio Pontevedra, los 1.061 de SER Santiago y los 2.380 de SER Vigo.
El que la Xunta haya recurrido al subterfugio de la firma de un convenio para distribuir estos 341.000 euros ha desatado diversas críticas, como la Confederación Intersindical Gallega (CIG), que ha cuestionado la efectividad de esta medida para “fomentar la natalidad”. Por su parte, la periodista de la plataforma CIVIO, Eva Belmonte, ha denunciado la metodología utilizada por Núñez Feijóo por su discrecionalidad, que le ha permitido esquivar las normas que rigen la contratación pública. Según sus datos, en 2015 fueron 485.000 euros los que el Gobierno autonómico concedió de esta forma, de los que 243.700 euros fueron a parar a La Voz de Galicia.
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