Juan Rallo analiza la deslealtad del gremio cartelizador del transporte, que intentan mantener privilegios gracias al Estado y restringir la competencia en beneficio propio y contra el consumidor (tanto en calidad como en precio).
Artículo de su página personal:
Uber o BlaBlaCar son plataformas que abaratan el coste del transporte urbano e interurbano al tiempo que solucionan la práctica totalidad de los problemas que tradicionalmente dificultaban la provisión de este tipo de servicios por parte del sector privado. Y, al hacerlo, muchos de los mecanismos que empleaba el Estado para presuntamente asegurar la calidad de ese servicio —por ejemplo, la concesión de licencias— han quedado completamente desfasados.
Hoy en día, el usuario es capaz de efectuar un control de calidad previo gracias al mecanismo de evaluación y supervisión implementado por estas aplicaciones, de manera que las licencias administrativas son del todo prescindibles: no hay razón para que el Estado limite el número de proveedores de servicios de transporte de viajeros por carretera sólo a aquellos que cuenten con el plácet del propio Estado. En esencia, porque a día de hoy la limitación únicamente tiene como propósito contingentar el número de competidores, es decir, crear un cártel que permita inflar precios y deteriorar calidades.
Evidentemente, aquellos proveedores —taxis o autocares— que son poseedores de una licencia están colocando el grito en el cielo contra el “intrusismo” que representan Uber o BlaBlaCar, a los que acusan de “competencia desleal” por querer entrar en el sector sin las pertinentes autorizaciones administrativas. En realidad, sin embargo, no son Uber o BlaBlaCar quienes practican deslealtad alguna, sino todos aquellos que se parapetan tras su licencia para expulsar del mercado a cualquier entidad dispuesta a competir ofreciendo ese mismo servicio a los consumidores. Es decir, la deslealtad es la de quienes se agrupan en gremios para cartelizarse con el apoyo del Estado: son ellos quienes están perjudicando a los consumidores, impidiéndoles escoger aquel servicio de transporte de viajeros que mejor se adapte a sus necesidades. Por ello, y a diferencia de lo que sostienen las muy interesadas voces del gremio de taxis o autobuses, la forma de restablecer una justa competencia no es entregándoles en bandeja un mercado oligopolizado merced a sus licencias, sino suprimiendo la necesidad de contar con tales licencias (o, subsidariamente, otorgándolas de manera automática a todo aquel que cumpla unos mínimos requisitos objetivos).
Sólo abriendo el mercado —no sólo a Uber o BlaBlaCar, sino a cualquiera persona física o jurídica capaz de proporcionar servicios de transporte valorados por los consumidores— terminaremos de una vez con la única y genuina deslealtad que se está ejerciendo en el sector: la del gremialismo cartelizador.
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