Copagos socialdemócratas

Juan Rallo analiza la cuestión del copago en sanidad, que ha supuesto tanto revuelo, comparando el mismo con las socialdemocracias nórdicas. 

Como bien dice, para los defensores del "Estado del Bienestar", nada de esto les debiera provocar rechazo. La medida es un paso más no hacia la destrucción del Estado del Bienestar, sino precisamente hacia su consolidación para evitar su quiebra. 

Artículo de El Confidencial:

Imagen de archivo de una farmacia. (EFE)

El Ministerio de Sanidad ha lanzado el globo sonda de reformar el copago farmacéutico en España para que los pensionistas con ingresos superiores a 18.000 euros anuales paguen más que ahora. Bajo la normativa vigente, aquellos jubilados con rentas inferiores a ese límite abonan un copago equivalente al 10% del precio del medicamento, con un máximo total por mes de 8,23 euros; quienes superan tal marca pero no llegan a 100.000 euros anuales deben contribuir igualmente con un 10%, pero limitado al máximo de 18,52 euros mensuales; y, finalmente, quienes ganan más de 100.000 euros pueden verse obligados a abonar hasta el 60% del precio, pero en todo caso limitado a un máximo de 61,75 euros mensuales. Por consiguiente, bien podría terminar sucediendo que los pensionistas, salvo los de rentas más bajas, pasen a hacer frente a un mayor copago farmacéutico.

Inmediatamente, el Gobierno se ha visto asediado por una horda de críticos que lo acusan de seguir desmantelando el Estado de bienestar: mayor copago, menor accesibilidad a una sanidad efectiva y mayores desigualdades sociales. Tal ha sido la polémica generada, que el propio ministerio ha tenido que salir a la palestra a desmentir sus planes... de momento. Y es que, pese a los unánimes reproches, los copagos disuasorios no son una forma de desmantelar el Estado de bienestar sino que, por el contrario, constituyen un mecanismo consustancial al mismo para salvaguardar su viabilidad.

El Estado de bienestar se basa en desvincular la recepción de ciertos servicios (como sanidad o educación) de su pago directo por parte del beneficiario: cada ciudadano soporta una cierta cantidad de impuestos y adquiere un derecho genérico a percibir cualquier cantidad de prestaciones del sector público. El problema, claro está, es que las necesidades de cualquier persona por esos servicios no están dadas, sino que en parte dependen del coste que deba soportarse: a menor coste para el usuario, mayor demanda; y a mayor demanda, mayor gasto público. De ahí que, para garantizar la sostenibilidad del Estado de bienestar evitando que colapse por una sobredosis de gastos y de impuestos, sea necesario articular en ocasiones un sistema de copagos de carácter disuasorio.

El propósito fundamental de tales copagos no suele ser el de cofinanciar el servicio, pues estamos hablando de cantidades bastante moderadas, sino el de desincentivar su uso menos necesario: es decir, que aquellos que ni siquiera estén dispuestos a pagar un 10% del precio de un medicamento (restringido a un máximo de ocho o 18 euros mensuales) eviten demandarlo. Aunque, a decir verdad, si se pretende que la elevación del copago no tenga ningún efecto recaudatorio y sea neutral sobre los ingresos de los jubilados, debería ir acompañado de una rebaja de su IRPF: que paguen más vía copago cuando consumen, pero que paguen menos vía IRPF cuando ingresan.

En todo caso, incrementar el copago únicamente elevará el listón del gasto mínimo innecesario que el Estado de bienestar declina sufragar. Y, de momento, sí parece estar logrando efectos moderadores sobre la demanda de medicamentos, pues desde 2012 ha contribuido a reducir el gasto total de esta partida en alrededor de un 15%.

Nada, por cierto, que no se halle plenamente arraigado en ese paradigma de los estados de bienestar europeos: las socialdemocracias nórdicas. Tanto en Dinamarca como en Suecia o Finlandia existen importantes copagos farmacéuticos que ayudan a contener su demanda superflua y redundante. En Dinamarca, si el gasto anual en fármacos se ubica entre 119 y 190 euros, el copago es igual al 50%; si se sitúa entre 190 y 410, el copago es del 75%, y si supera los 410 euros, del 85%, con un límite máximo de 478 euros anuales. En Suecia, si el gasto en medicamentos es inferior a 94 euros anuales, se soporta el 100% del coste; si sube entre 94 y 177, se abona adicionalmente el 50%; entre 177 y 345, el 75%, y entre 345 y 450 euros, el 90%: esto es, el copago anual máximo son 356 euros. Por último, en Finlandia se soporta un coste de 1,5 euros por receta y un 42% del precio del medicamento, hasta los 672,7 euros anuales.

En comparación, el copago español no desentona con el de las socialdemocracias nórdicas: 222 euros anuales como máximo para los jubilados con ingresos entre 18.000 y 100.000 euros; esto es, un copago entre el 1,2% y el 0,22% de los ingresos anuales. En Dinamarca, la pensión media antes de impuestos asciende a 41.400 euros, de modo que el copago máximo de 478 euros anuales equivale a una media del 1,15% de la renta anual; en Suecia, la pensión media es de 22.500 euros, de modo que el copago máximo de 356 representa una media del 1,6% de la renta anual, y en Finlandia, la pensión media es de 22.750 euros, por lo que el copago máximo de 672,7 euros supone una media de hasta el 3% de la renta anual. Comparen: un máximo del 1,2% en España con una media entre el 1,15%-3% en las socialdemocracias nórdicas. Y recordemos que en tales sociedades los impuestos —también los que sufren los pensionistas— son mucho más altos que en España, por lo que el coste efectivo después de impuestos todavía es más elevado.

Por consiguiente, la elevación del copago farmacéutico en España hasta unos niveles relativos más cercanos al de nuestras socialdemocracias europeas no es nada sorprendente: solo denota que el Partido Popular está dispuesto a apuntalar la socialdemocracia en nuestro país adoptando aquellas reformas que racionalizan algunos de sus excesos. El copago estatal no destruye el Estado de bienestar, lo consolida.