La mili y los impuestos

Juan Pina analiza la cuestión de la incorporación obligada al ejército y su misma lógica para rechazar otras obligaciones que le impone a la fuerza el Estado.

Artículo de Voz Pópuli: 

Una joven norcoreana vestida con el atuendo militar del país. EP

Somos muchos quienes recordamos con horror aquella carta de declaración de guerra que nos envió el Estado en nuestra juventud, informándonos de que debíamos incorporarnos obligatoriamente a su ejército. Algunos tuvimos la fortuna de librarnos, pero la mayoría no pudo evitar aquella aberración, que en muchos casos se traducía en novatadas crueles, vejaciones de todo tipo o trabajo gratuito en tareas tan estratégicas para la defensa como la de recadero de ciertos oficiales. Aquella carta abría los ojos a muchos jóvenes, que en aquel momento comprendían que el Estado era, sencillamente, su enemigo. El secuestro legal discriminaba por sexos. La suma que se pagaba a los reclutas era una broma de mal gusto. Las condiciones de vida en los cuarteles distaban mucho de lo razonable, y el mal estado de los vehículos y del armamento provocaban algunos accidentes evitables. La objeción de conciencia llevaba aparejado un servicio aún más largo a las ONGs que, guardando en algún cajón sus escrúpulos, aceptaban aquella mano de obra involuntaria que tan bien les venía. El Estado ni siquiera necesitaba a todos aquellos soldados forzosos y desganados, con los que ni siquiera sabía qué hacer. Se llegaron a contar por miles los jóvenes insumisos a los que el Estado condenaba a la muerte civil y pretendía arrestar para ponerles a la fuerza el uniforme.

Fue el CDS de Adolfo Suárez el que, ya desde mediados de los ochenta, plantó cara al servicio militar obligatorio y propuso reducirlo a los tres meses del periodo de instrucción, ya que el resto del tiempo exigido a los soldados no servía para formarles, sino simplemente para utilizarles como trabajadores sin coste en tareas administrativas de escaso nivel. El coro de los demás partidos políticos, desde Izquierda Unida a Alianza Popular, pasando por el gobernante PSOE de Felipe González, oscilaba entre la ironía y la indignación ante la propuesta de aquellos moderados social-liberales que se atrevían a cuestionar una institución tan atornillada a lo peor de nuestra cultura. Pero la insistencia de los centristas y el apoyo masivo de la juventud hicieron que las posiciones de los demás fueran variando poco a poco. En la campaña de las elecciones generales de 1989, el partido del ex presidente ya acalaraba que su propuesta sobre la fatídica mili era de “tres meses ahora, voluntaria después”, porque el objetivo final era unirnos al creciente número de países que habían acabado con aquella lacra o estaban en vías de conseguirlo. Al mismo tiempo, de la propia organización juvenil del CDS nació una asociación específica contra el servicio militar obligatorio y para el apoyo a los soldados, que alcanzó una fuerte influencia social. Fueron esa entidad, el propio CDS, el movimiento asociativo juvenil y otras muchas organizaciones de la sociedad civil, junto a numerosos periodistas y líderes de opinión, quienes consiguieron que el servicio militar dejara de ser obligatorio en España. A José María Aznar, simplemente, le tocó derogarlo. Los conservadores justificaron la medida ante sus mayores, los jubilados del régimen anterior, como una decisión pragmática, derivada de los tiempos que corrían y de la evolución de los ejércitos, pero no cabe duda de que les dolió tener que hacerlo.

Hoy ya no se recluta soldados de forma obligatoria en unos ciento diez países, la mitad de los existentes. En la otra mitad del mundo, las situaciones son muy diversas, pero el servicio militar obligatorio sigue costando vidas, haciendo perder mucho tiempo a mucha gente y expresando el sometimiento más extremo del individuo al Estado. Ahora que tan de moda está inventarse derechos de enésima generación para las cosas más insospechadas, se echa en falta incorporar a las solemnes declaraciones un derecho a la no incorporación forzosa al ejército ni, por supuesto, a ningún otro departamento del Estado.

Los objetores e insumisos de los ochenta y noventa solían responder a perfiles de ideología de izquierda, junto a algunas minorías religiosas. Pero la base ética de la resistencia a la leva es en realidad profundamente libertaria y racionalista. El Estado, sencillamente, carece de legitimidad para secuestrar a una persona, imponerle trabajos forzados o exponerle a graves riesgos. Para resistirse a la mili hasta el punto de tener que esconderse y vivir en la clandestinidad, no era necesario ser comunista. Al contrario, entre los países que hoy mantienen algunos de los peores servicios militares obligatorios se cuentan los regímenes comunistas que aún persisten.

La lógica que llevó al rechazo masivo y a la ulterior abolición del servicio armado forzoso es la misma lógica que el ciudadano debería seguir al considerar cuantas otras obligaciones le pretenda imponer el Estado. El Estado puede tener justificación para impedir, no para obligar. Es decir, al cumplir sus funciones mínimas de protección de la propiedad y libertad de sus ciudadanos, puede como mucho impedir a alguien hacer algo que atente contra esos dos bienes jurídicos. En cambio, lo que no puede hacer legítimamente es obligar a alguien a hacer algo. El servicio militar obligatorio era un caso extremo, de obligación activa con múltiples agravantes de peligrosidad, condiciones inhumanas, desarraigo, etcétera. Pero persisten otras obligaciones activas, y fundamentalmente la de trabajar aproximadamente la mitad de nuestro tiempo para costear el Estado. No se nos hace trabajar directamente para el Estado, pero sí trabajar donde sea para pagar al Estado y que sean otros quienes desarrollen esos trabajos. Lejos de eliminarse, la esclavitud se ha sofisticado. Más allá de los efectos económicos adversos de la tributación, es importante comprender que su base ética misma es extraordinariamente débil. Si los ciudadanos interiorizaran esa noción, si hoy les produjera tanto reparo saquear fiscalmente a sus vecinos como ayer les horrorizaba mandarlos al cuartel por la fuerza, seguramente podríamos avanzar hacia una sociedad más libre y próspera.