Efectivamente, la competencia fiscal entre comunidades (así como entre Estados) es básica para el ciudadano. El expolio creciente por parte del despilfarrador político le lleva a subir impuestos sin cesar (oprimiendo al ciudadano cada vez más). Uno de los frenos al creciente expolio es la competencia fiscal y la huida de contribuyentes (o empresas) hacia legislaciones menos lesivas, lo que les obliga a mantener unos límites en sus subidas impositivas.
El objetivo de las exigencias de la armonización fiscal entre comunidades (o Estados) no es otra que impedir la competencia fiscal (establecer un monopolio fiscal sin posibilidad de huida) para encarcelar definitivamente al ciudadano (y empresa) bajo el poder del político eliminando las cortapisas y límites para subir sin miedo los impuestos, pues la armonización no es otra cosa que esconder la consecuencia inmediata: las subidas de impuestos uniformes (nunca verás una armonización a la baja), lo que lleva a un mayor control político de la vida del ciudadano, un incremento del poder del político, un incremento del expolio y robo de dinero del ciudadano a manos del político, y en definitiva, un incremento de la opresión del ciudadano, haciéndoles más dependientes del Estado y los que manejan sus hilos, que es en definitiva lo que busca el político. Hacerse más poderoso e imprescindible, impidiendo al ciudadano ser autosuficiente y salir por sí mismo de la miseria a la que le lleva destinado el político.
Artículo de El Economista:
La Unión de Contribuyentes ha defendido hoy la competencia fiscal entre comunidades autónomas, porque "es una buena herramienta para proteger a los contribuyentes y frenar el despilfarro", frente a la petición de armonización fiscal realizada por la presidenta Andaluza, Susana Díaz.
En un comunicado, el presidente de la Unión de Contribuyentes, Juan Pina, ha respondido así a las declaraciones realizadas ayer por Díaz en la VI Conferencia de Presidentes, y ha considerado que "los ataques a la competencia fiscal buscan siempre una armonización al alza".
La organización que defiende los derechos e intereses de los contribuyentes ha reiterado su preferencia por una fiscalidad sencilla y transparente, gestionada fundamentalmente por las administraciones más próximas a los ciudadanos y dentro de un marco de competencia entre ellas para atraer y retener a las empresas, e incluso a los contribuyentes individuales.
Por ello, la organización propone un sistema de diecinueve conciertos económicos que favorezca la competencia real entre las diecisiete comunidades y las dos ciudades autónomas.
Ha rechazado que en España se pueda hablar de "dumping fiscal" porque, pese a las "ligeras diferencias de tributación en cada comunidad autónoma", es uno de los países que mayor carga tributaria soportan en Europa.
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