La cara oculta de la violencia de género

Manuel Llamas expone la cara oculta de la violencia de género, analizando en pensamiento único impuesto en esta materia, y mostrando tres verdades políticamente incorrectas "poco difundidas y aún menos conocidas por el conjunto de la población", con una conclusión evidente para cualquier mente mínimamente abierta. 

Artículo de Libertad Digital:

Tribunal Supremo | Cordon Press

El alud de críticas que levantó recientemente el magistrado del Tribunal Supremo Antonio Salas por atreverse a cuestionar el pensamiento único, la verdad revelada por la todopoderosa progresía patria, acerca de las causas que originan la mal llamada "violencia de género" vuelve a poner de manifiesto la terrible dictadura de lo políticamente correcto que, por desgracia, se ha instaurado en España. Todos aquellos que osen poner en duda ciertos dogmas ampliamente extendidos, aunque no por ello veraces, deben ser sacrificados en la pira del escarnio y la burla pública.

¿El delito de Salas? Señalar que el machismo no es, por sí solo, el único factor que explica el maltrato y los asesinatos cometidos en el ámbito de la pareja, así como criticar la desigualdad jurídica que instauró la Ley contra Violencia de Género aprobada por el Gobierno del PSOE en 2004. ¿La reacción de la opinión pública y publicada? Blasfemo, hereje, fariseo, machista, misógino… ¡A la hoguera!

Pero el "machismo" no es, ni de lejos, el único mantra que la izquierda, en general, y el feminismo, en particular, han logrado colar, tan hábil y sibilinamente, en el imaginario colectivo de los españoles. Así, en esta materia existen, al menos, tres verdades políticamente incorrectas poco difundidas y aún menos conocidas por el conjunto de la población.

1. España, a la cola en violencia de género

La primera y, quizá, más importante es que, a diferencia de lo que pudiera parecer, España es uno de los países con menor tasa de "feminicidios" del mundo (muertes violentas de mujeres). La violencia en las relaciones de pareja existe, sin duda, y, desde luego, constituye un grave problema que es preciso combatir, pero ello no quita que su incidencia real en España se sitúe a una gran distancia de la inmensa mayoría de países, incluidos los europeos.

El último Informe Internacional sobre la Violencia contra la Mujer que elaboró el Centro Reina Sofía arroja varios datos relevantes al respecto. "España es uno de los lugares más bajos en el ranking internacional sobre violencia en general y sobre violencia contra la mujer en particular". Así, la tasa media de feminicidios cometidos por cualquier agresor superó los 19 por millón de mujeres en 2006 para el conjunto de los 44 países analizados, pero España ocupa el puesto 36, con 5,15 mujeres asesinadas, la mitad que en la UE (11,66) y ocho veces menos que en América (39,6).

El resultado es similar si se acota el análisis a los feminicidios cometidos en el ámbito de la pareja: la tasa media de los 35 países analizados se reduce, en este caso, a 5,04 por millón de mujeres mayores de 14 años, mientras que en la UE se sitúa en 3,94, lo cual contrasta con las 2,81 muertes por millón que registra España (puesto 24), a la cola de los países europeos.

Cabe recordar que en 2006 ya había entrado en vigor la famosa Ley contra la Violencia de Género ¿Cómo ha evolucionado esta problemática desde entonces? Para ello se puede acudir a la macroencuesta que publicó en 2014 la Comisión Europea. Una vez más, los datos, correspondientes a 2012, son significativos: el 12% de las españolas mayores de 15 años reconoce haber sufrido "violencia física" al menos en una ocasión por parte de su pareja a lo largo de su vida, lo cual es terrible, pero la cuestión es que se queda lejos del 20% de media existente en la UE. De hecho, España ocupa el último puesto del ranking europeo en esta categoría, asociada directamente con el maltrato.

Lo más curioso de este estudio, sin embargo, es que cuando se pregunta a los encuestados acerca de la percepción que tienen sobre la violencia de género en sus respectivos países, España se sitúa entre los primeros puestos, ya que el 53% piensa que este problema es "bastante común" y el 31% "muy común", frente al 51% y el 27% de media que presenta la UE, respectivamente. De este modo, la apreciación social acerca de este drama es casi inversamente proporcional a su incidencia real. Pese a que la violencia contra las mujeres en España es baja, la sensación general de la opinión pública es que es muy alta; mientras que en los países del norte de Europa, donde la violencia es alta, su percepción es muy inferior.

¿A qué se debe esta divergencia? Tal y como recordaba el catedrático José Sanmartín Esplugues en el citado informe del Centro Reina Sofía, "los medios de comunicación no sólo pueden inducir imitación o insensibilización ante la violencia real, sino también -y sobre todo- lo que pueden hacer es sesgar la visión de la realidad, haciendo que se perciba, por ejemplo, más violenta de lo que ya es de por sí". Pero más allá del papel de los medios, también es muy posible que este particular sesgo al alza tenga que ver con la mayor concienciación y sensibilización que, hoy por hoy, tiene la sociedad española con respecto al maltrato hacia las mujeres. En todo caso, sean cuales sean las causas de esta mayor percepción, los datos objetivos demuestran que el problema, aun siendo grave, es menos común de lo que se piensa.

2. La violencia de género permanece estable

De hecho, si se amplía la perspectiva histórica hasta el inicio de la democracia, que es cuando se instaura expresamente en España el principio jurídico esencial de plena igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, se descubre que la denominada violencia de género -antes, violencia doméstica- ha permanecido más o menos estable a lo largo de las últimas décadas. Así al menos lo demuestran las macroencuestas específicas sobre esta materia elaboradas periódicamente por el Gobierno.

En 1999, el 12,4% de las mujeres mayores de 18 años declaraba haber sufrido "frecuentemente" o "a veces" algún tipo de violencia familiar, desde reproches o hacer oídos sordos, hasta insultos, desprecios, enfados sin llevar razón o maltrato propiamente dicho, tanto físico como psicológico. En esta categoría se encuadrarían las denominadas maltratadas "técnicas", aquellas que, pese a padecer una situación de mayor o menor sometimiento en el ámbito familiar, no se consideran a sí mismas como maltratadas. Su número ascendía en esa fecha a algo más de 2 millones de mujeres. Por otro lado, el porcentaje que sí reconocía abiertamente haberse sentido maltratada por algún familiar o pareja durante el último año se reducía al 4,2%.

Hasta 2006, su incidencia se redujo ligeramente hasta el 9,6% y 3,6%, respectivamente. Aunque en 2011 cambia en algunos aspectos la metodología de la encuesta, la problemática se mantiene en términos similares: el 9,7% de las mujeres de 18 o más años (1,9 millones) se encontraba en situación de maltrato técnico y el 3% se reconocía maltratada por su pareja o expareja (unas 590.000).

En la última encuesta disponible, la correspondiente a 2015, vuelve a cambiar la metodología, pero siguen sin observarse grandes variaciones en los resultados. Así, del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 12,5% sufrió algún tipo de violencia física y/o sexual de sus parejas o exparejas en algún momento de su vida; y el 2,7% (540.000) admitía haber sufrido violencia física y/o sexual de sus parejas o exparejas en el último año. Son datos muy similares a los que refleja la encuesta de la Comisión Europea de 2012 citada anteriormente.

Hasta 2006, los datos se refieren a violencia doméstica y mujeres de 18 o más años en el último año; en 2011, a violencia por parte de parejas o exparejas en el último año; en 2015, a mujeres de 16 o más años que hayan sufrido violencia en el ámbito de la pareja alguna vez en su vida (maltrato técnico) o en el último año (maltrato reconocido).

Así pues, a pesar de los cambios metodológicos, se observa que la incidencia de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar o de pareja a lo largo de las últimas dos décadas oscila entre el 9% y el 12% si se alude a cualquier tipo de sometimiento o agravio, y entre el 2,7% y el 4% a maltrato explícito y reconocido por parte de la afectada en el último año. Así pues, este problema permanece más o menos estable a lo largo del tiempo e incluso desciende cuando se circunscribe al maltrato expresamente reconocido.

Algo similar sucede cuando se analiza la evolución de mujeres víctimas mortales por violencia de género, cuyo número, por desgracia, ha oscilado entre los 60 y 70 casos anuales desde 1999, sin que la polémica Ley contra la Violencia de Género, cuya entrada en vigor se produjo en 2005, haya logrado reducir esta lacra.

Fuente: Asociación de Mujeres Juristas Themis (hasta 2001), Ministerio del Interior y Ministerio de Sanidad.

3. Incentivos para presentar denuncias falsas

La gran discrepancia, sin embargo, llega cuando se atiende el número de denuncias por maltrato. Según los datos oficiales, su evolución se mantuvo más o menos estable en los años 80 y 90, oscilando entre las 15.000 y las 20.000 denuncias anuales durante todo este período. Sin embargo, se disparan por encima de las 70.000 a principios de la pasada década para, posteriormente, casi volver a duplicarse a partir de 2005, coincidiendo con la puesta en marcha de la Ley contra la Violencia de Género.

Fuente: Instituto de la Mujer; Ministerio del Interior; Poder Judicial

El primer salto tiene una explicación lógica y clara, ya que en junio de 1999 se aprobó una reforma que cambia varios artículos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuestiones referidas a los malos tratos. Así, por primera vez, se contempla como delito el maltrato psicológico, que es una forma de violencia mucho más habitual que la física. Además, a diferencia de lo que sucedía hasta entonces, el delito de violencia contra la mujer se extiende también a los casos de exparejas, que antes se consideraban como una falta o delito ejercido por cualquier otro tercero. La inclusión de estos dos cambios se materializa en un aumento sustancial de las denuncias por violencia de género, ya que los casos de maltrato psicológico y por parte de exparejas empiezan a contabilizarse como tales.

Sin embargo, no sucede lo mismo con el salto que se registra en 2007, cuando las denuncias pasan de 70.000 en 2005 a más de 126.000, tras la aprobación de la Ley contra la Violencia de Género. La naturaleza de este cambio legal no consiste tanto en la recalificación de actos o comportamientos delictivos como en el pionero sistema de prevención y castigo a los maltratadores y el amplio régimen de protección y ayudas a las víctimas. Y ello, en base a un principio que vulnera de forma flagrante la igualdad ante la ley: la famosa "discriminación positiva". La idea consiste en aplicar penas distintas en función de si el delito lo comete un hombre o una mujer, así como en conceder todo tipo de ayudas económicas y ventajas jurídicas a las denunciantes, antes incluso de que se dicte sentencia.

La norma ha sido criticada por numerosos y prestigiosos juristas, incluido el propio Consejo General del Poder Judicial, que en 2004 elaboró un informe muy crítico sobre la ley por introducir el principio de discriminación positiva a favor de la mujer, pero el Tribunal Constitucional acabó avalándola en 2008, aunque por escaso margen (siete votos a favor y cinco en contra). Entre otras medidas, crea tribunales exclusivos para resolver este tipo de delitos e invierte la carga de la prueba, presuponiendo la culpabilidad masculina, hasta que se demuestre lo contrario, con la mera denuncia de la presunta víctima.

Según señala la Asociación Europea de Abogados de Familia, uno de los resultados más perversos de su aplicación es que "las acusaciones por malos tratos planean sobre la mayoría de los procesos de separación, y muchos abogados se han especializado en introducirlos como elemento de presión". Y añade que los incentivos para caer en este tipo de prácticas son numerosos:

- Con una simple denuncia, el expediente de separación pasa del Juzgado de Familia, civil, a Violencia de Género, penal.

- Se aplican una serie de medidas cautelares desproporcionadas, que van desde la orden de alejamiento a la salida inmediata del domicilio, la suspensión del régimen de comunicación y estancias con sus hijos. Todo esto antes de haber sido juzgados.

- La mujer que denuncia obtiene a los tres días una resolución en la que se le reconoce prácticamente al 100% de los casos la custodia de los hijos y una pensión alimenticia, así como el uso de la vivienda.

- La mujer que denuncia, aunque tenga medios económicos sobrados, puede beneficiarse de un abogado pagado por la Administración.

- Incluso sin denuncia, el uso torticero de esta Ley como instrumento de coacción influye, de manera determinante, en muchos de los acuerdos que se adoptan.

"Cualquiera que esté en contacto con la terrible realidad de las rupturas matrimoniales, los pleitos de divorcio, los pleitos por la custodia de los menores, los pleitos por la liquidación del régimen económico de gananciales, sabe hasta qué extremos la ley ha envilecido cualquier afecto conyugal", indican desde la entidad. En la actualidad, "una de cada cuatro separaciones matrimoniales o de pareja va acompañada de denuncia por malos tratos, y en las que no, la amenaza de denuncia suele estar presente", concluyen.

Los abogados de familia no son los únicos que denuncian este tipo de prácticas ilegales, perversas e inmorales. Las asociaciones de padres que reclaman la custodia de sus hijos, los hombres afectados por la Ley de Violencia de Género y hasta el Sindicato Independiente de la Policía coinciden en que existe un grave problema con el tema de las denuncias falsas, pero rara vez son escuchados y aún menos atendidas sus reclamaciones.

El Poder Judicial, por el contrario, alega que el número de denuncias falsas es marginal, puesto que apenas supone el 0,008% del total, pero este dato se refiere exclusivamente a los pocos casos incoados por denuncia falsa y probados como tales. La cuestión, sin embargo, es que este mismo argumento se podría aplicar a las denuncias por violencia de género.

Así, según los propios datos del Consejo General del Poder Judicial, de las 129.000 denuncias presentadas en 2015, tan solo 29.000 acabaron en sentencia condenatoria, el 22% del total, mientras que el resto fueron sobreseídas o archivadas por falta de pruebas -el 12% fueron retiradas por las propias denunciantes-. Así pues, siguiendo este mismo criterio, también se podría decir que el 78% de las denuncias son falsas.

La verdad es que ni una cosa ni otra. Ni las denuncias falsas son testimoniales ni casi todas las que se presentan son falsas. Entre las cerca de 100.000 denuncias anuales que quedan exentas de condena por falta de pruebas habrá de todo, pero resulta bastante razonable pensar que una parte no pequeña de éstas son falsas como consecuencia de los perversos incentivos que introduce la ley. Sólo así se explicaría el repentino y sustancial incremento de denuncias entre 2005 y 2007.

Un ley injusta, inútil y dañina

A la vista de estos y otros datos, se pueden alcanzar una serie de conclusiones que, si bien son relevantes, son desconocidas para el gran público. En primer lugar, que, pese a la opinión generalizada que existe al respecto, España es uno de los países con menor tasa de feminicidios y de violencia de género del mundo. En segundo lugar, que este problema, pese a ser grave, se ha mantenido más o menos estable a lo largo del tiempo, si bien es cierto que la concienciación social y política sobre esta cuestión ha aumentado mucho, propiciando con ello cambios legales para endurecer las penas a los maltratadores y ampliar la protección a las víctimas.

Ahora bien, dicho esto, también es evidente que la Ley contra la Violencia de Género aprobada por el PSOE en 2004 y mantenida por el PP desde entonces constituye un engendro jurídico de naturaleza profundamente injusta e inconstitucional, puesto que vulnera el derecho fundamental de igualdad ante la ley. Un engendro que, además, ha resultado del todo punto inútil para reducir el número de víctimas.

Y lo peor es que, por el camino, ha generado toda una serie de incentivos perversos para presentar denuncias falsas con el fin de sacar rédito, ya sea económico o personal, dejando a su paso todo un reguero de víctimas masculinas invisibles, cuyas libertades básicas y derechos fundamentales están siendo pisoteados de forma absolutamente despreciable y vergonzosa. Las injusticias jamás se combaten con otras injusticias.