Daniel Rodríguez Asensio analiza el chiringuito del PSOE en Andalucía, su dificil situación económica y el reto del nuevo gobierno para recuperar económicamente la región.
Artículo de Libre Mercado:
La presidenta de Andalucía, Susana Díaz | EFE
Andalucía tiene ante sí una oportunidad histórica. La población ha hablado en las urnas y el mensaje es lo suficientemente claro como para que lo escuchen los responsables políticos: exigen cambio tras casi 40 años de gobierno socialista fallido.
Ya hemos comentado en esta columna -lean- las razones por las que una de las regiones con mayor capacidad de prosperar y ejercer de motor económico para España es la octava más pobre de la Unión Europea. Un fracaso tan estrepitoso puede ser explicado desde múltiples ópticas, aunque todas ellas mantienen un elemento común: un sector público hipertrofiado, que expulsa la actividad privada de la región.
Andalucía es un ejemplo de manual del buenismo político dominante y de una socialdemocracia adulterada. Seguro que muchos de ustedes han oído, tanto en la campaña andaluza como en muchos otros foros, aquello de "no podemos rebajar los impuestos como nos gustaría porque hay que mantener el Estado de Bienestar".
El Estado de Bienestar en la región, según la definición falaz de los intervencionistas, costó 29.600 millones de euros en 2017. De ellos, las funciones realmente atribuibles a las competencias autonómicas que quedan dentro del ámbito del Estado de Bienestar, supusieron un 50,5% del total. Poco más de 16.100 millones. En el otro 45% aparecen partidas como gastos atribuibles a "regulación", que acumulan la friolera de 2.650 millones, que se destinan a políticas de éxito probado -nótese la ironía- como las de "apoyo al sector agrícola y ganadero" -PAC- por valor de 1.700 millones de euros. El resto es un maremágnum de epígrafes imposibles de descifrar, que esconden uno de los mayores abusos de la historia contemporánea de nuestro país: la Administración Paralela.
Unas 24.000 personas, a mayores de los 243.000 funcionarios que mantiene la región en nómina, contratadas a dedo por el Gobierno andaluz. Más allá de las etiquetas, su función real es la de conformar un ejército de votos cautivos, que dependan de la Junta para mantener sus empleos.
Si usted considera que la empresa Aparthotel Trevenque, S.A., que se dedica al alquiler de apartamentos turísticos, o la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel) son elementos fundamentales para el Estado de Bienestar de la región, por poner solamente dos ejemplos, puede dejar de leer este artículo. Le informo de que existe una casilla en la declaración de la renta en la cual, si le sale a devolver, puede informar a Hacienda de que renuncia a ese derecho de cobro.
Si, como la mayoría de las personas racionales, entre las que me incluyo, piensa que esto es un despilfarro a costa de los ciudadanos andaluces, debe exigir a PP, Ciudadanos y VOX que pacten para acabar con el régimen coercitivo reinante en la región. Lea detenidamente el siguiente documento de la Junta de Andalucía para despejar cualquier duda.
Desafortunadamente, no existen cifras oficiales actualizadas del despilfarro que hay bajo este paraguas. El último informe del Tribunal de cuentas, publicado en noviembre del presente año, analiza las cuentas regionales del año 2015. En él se detallan las subvenciones que reciben las fundaciones y empresas públicas de cada región del país. Andalucía, y especialmente sus empresas públicas, está claramente a la cabeza. Casi 2.700 millones de euros. Si a éstos les sumas otros 2.500 millones de euros que detalla el Presupuesto andaluz de 2015 como "transferencias de financiación" -es decir, subvenciones blanqueadas y aseguradas por el BOJA- la factura ya supera los 5.200 millones de euros.
En el Presupuesto de 2018 de la Junta de Andalucía, la partida destinada a este tipo de entes ascendió a 3.500 millones de euros. 500 millones más que en 2015. Bajo un supuesto conservador, en el que que las subvenciones encubiertas en otras partidas presupuestarias, y recogidas por el Tribunal de cuentas, se hayan mantenido constantes, estaríamos ante una bolsa presupuestaria de 6.200 millones de euros. Casi 740 euros por andaluz al año. Para que se hagan una idea, el presupuesto del Gobierno de España para Sanidad está en torno a los 4.200 millones de euros, y el de educación, 2.600 millones.
Y, por si esto fuera poco, el Tribunal de Cuentas ya alertaba en 2015 que estaba observando una migración de recursos desde las subvenciones hacia los créditos a entes públicos para evitar engrosar la cifra de déficit y cumplir, de forma artificial, los objetivos del Gobierno de España. Andalucía no ha sido menos y los ingresos financieros de la Junta de Andalucía bajo la partida "PREST.CONCED.ENTES SECT.PUBLIC" ascendieron en 2018 a 15,3 millones de euros, el triple que en 2015.
Bajar impuestos debe de ser algo prioritario para el nuevo gobierno de la región. La racionalización del gasto público es un elemento fundamental para devolver la prosperidad a Andalucía. La región vive con respiración asistida del Gobierno de España y de otras entidades públicas. Con datos de 2015:
- La generación de recursos propios per cápita está un 16% por debajo de la segunda región que menos genera -País Vasco- y es casi la mitad que en Madrid.
- Es la región que más subvenciones europeas recibe -6.600 millones en ese año y más de 100.000 millones acumulados en los últimos 18- y la segunda, tras Extremadura, en términos per cápita.
- La capacidad de generación de recursos al amparo del sistema de financiación autonómica es baja porque está penalizado por un nivel de actividad económica claramente deficitario.
Andalucía es la región que más fondos recibe del Fondo de Garantía de servicios públicos fundamentales, 3.800 millones de euros, lejos de la segunda, Canarias, con 2.300. Además, ha sido una de las mayores beneficiadas por el Fondo de Liquidez Autonómica, que ha asumido el 75% de su deuda.
Andalucía no necesita un nuevo modelo de financiación autonómica. Con un equipo gestor capaz de devolver la racionalidad presupuestaria a la Junta es más que suficiente para poder abandonar los vagones de cola. En 2017, el déficit fue de 350 millones y cumplió con el compromiso del 0,7% del PIB. Pero, cuidado, mantiene una deuda del 22% de su PIB y la partida de pago de intereses de la deuda ya supone casi el 14% de su presupuesto.
Entramos en un período de subida de tipos de interés y cada vez va a ser necesario un superávit primario -excluyendo el pago de interés- mayor para poder devolver a las cuentas andaluzas al equilibrio. Los partidos constitucionalistas tienen una oportunidad histórica de avanzar hacia la prosperidad de la región y no pueden dejarla pasar.
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