viernes, 14 de diciembre de 2018

El pacto de la ONU firmado por Sánchez considera ‘delito de odio’ criticar la inmigración ilegal

Es un brutal ataque a la soberanía de los pueblos, la libertad de prensa y la libertad de expresión. 
Un nuevo robo institucionalizado a los ciudadanos de un país por parte de los políticos para dirigirlo a terceros discriminando a los nativos de múltiplos maneras (tratando desigualmente a las personas en función de su lugar de nacimiento), e imponiendo una severa censura (con fuertes multas y castigos) a quien pretenda protestar o plantear alternativas o quejas por razonadas que sean. 

Un nuevo paso a la dictadura globalista (no confundir con globalización) en la que las élites políticas imponen a la fuerza a sus súbditos qué hacer, cómo, cuándo, por cuánto y con quién. 
Obviamente, muchos países no se han adherido a un pacto, que no puede ser más intrusivo y peligroso. Por supuesto, España no ha sido uno de ellos. 

María Jamardo se hace eco en el siguiente artículo. 
Artículo de Ok Diario: 
inmigrantesInmigrantes Ilegales rocían con cal viva a Guardias Civiles en la valla de Ceuta
El Pacto Mundial para las Migraciones de la ONU suscrito por Pedro Sánchez en Marruecos reconoce la inmigración como un Derecho Humano, anula la distinción entre inmigrante y refugiado, las diferencias entre inmigrante legal e ilegal y considerará “delito de odio” la crítica a esta última.
El texto del acuerdo tipifica como delito la crítica a la inmigración ilegal y prohíbe a la prensa que transmita una “imagen negativa de los migrantes” abriendo la puerta, incluso, a que pueda plantearse el cierre de los medios de comunicación que publiquen o difundan información con un enfoque inadecuado.
Los países firmantes se comprometen a capacitar a los inmigrantes para que denuncien cualquier tipo de ofensa que sufran -que será entendida en todo caso como “delito de odio”- y conozcan todos los mecanismos para que el Estado les indemnice si eso ocurre. Y todo ello, incluso, con carácter previo a su entrada en el país destino.
De igual modo exige a los gobiernos que suscriben el pacto, la creación de medidas para acelerar la regularización de los inmigrantes en el plazo más urgente posible, dotándoles de personalidad jurídica válida y documentación oficial adecuada. Así como el compromiso de que se minimicen las detenciones policiales de los inmigrantes que hayan entrado de forma irregular en su territorio, con el objeto de “no criminalizar” la inmigración ilegal. Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado temen que bajo esta premisa pueda justificarse la regularización masiva y “encubierta” de los solicitantes de asilo que desbordan, actualmente, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Además, establece nuevas causas, entre las que se encuentran los factores climáticos, para la acogida. El país receptor se compromete a facilitar la reunificación familiar en todos los casos y también a reconocer a los inmigrantes capacitaciones profesionales aunque no las hayan adquirido formalmente. En este sentido se fijan inversiones estatales, bonificaciones laborales y exenciones fiscales para fomentar el emprendimiento de los inmigrantes, de las que no se beneficiarían los emprendedores nacionales.
Desde la ONU se ha insistido sobre la necesidad de adherirse al Pacto, pese a que no se trata de un acuerdo vinculante para los Estados que lo suscriban. Extremo, este último, que ha permitido a Sánchez firmar la inclusión de España en el mismo sin necesidad de plantear el contenido, ni su impacto, al debate parlamentario. Pese a la trascendencia del cambio de paradigma de la política migratoria española que supondrá su cumplimiento.
EEUU, Hungría, Chile, Austria, Croacia, República Checa, Israel, Australia, Polonia, Bulgaria, Eslovaquia e Italia han decidido desmarcarse y no suscribirlo. Discrepan del alcance y consecuencias de la firma y ven el contenido del pacto como un ataque a la soberanía estatal.

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