domingo, 16 de diciembre de 2018

El Consejo Escolar del Estado denuncia que la ley Celaá margina el español e incumple la Constitución

No es ninguna sorpresa. Lo que denuncia el Consejo Escolar del Estado es algo obvio en distintas regiones de España donde el nacionalismo (e independentismo) restringen toda libertad lingüística imponiéndola la política, donde la lengua castellana es marginal incumpliéndose el artículo 3 de la Constitución, que señala "que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla".
La ley de Ceilá (PSOE) precisamente va en dicha línea de acabar con este derecho y dar total libertad de actuación a los nacionalistas periféricos. 

Artículo de Libertad Digital: 
Isabel Celaá | EFE
El Consejo Escolar del Estado ha propuesto que la Administración del Estado fije una porción mínima del uso de la lengua castellana en toda España, "como lengua oficial que es". El máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa ha incluido esta recomendación en su informe de ponencia sobre el anteproyecto con el que el Ejecutivo quiere derogar la Lomce y crear una nueva ley educativa.
Precisamente el Consejo de Ministros de este viernes ha dado una primera lectura al anteproyecto que defiende la ministra de Educación, Isabel Celaá. La ministra ha especificado en la rueda de prensa posterior al Consejo que ahora es tiempo de consulta, ya que el Consejo Escolar del Estado y otras instituciones deben hacer sus dictámenes sobre el texto.
El informe del Consejo, al que ha tenido acceso EFE, consta de 33 páginas y el apartado 60 lo dedica a la lengua castellana en la enseñanza.
"Se da la circunstancia negativa en algunos puntos del Estado de asignar un uso marginal a la lengua castellana, de forma que no parece la lengua oficial de todo el Estado, y se incumple el artículo 3 de la Constitución cuando señala que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla".
Además añade: "Al ser la lengua castellana patrimonio común de todos los españoles, no parece conveniente que la Administración central haga delegación total de su uso vehicular en el ámbito educativo a las administraciones autonómicas". Y es la reforma de Celaá prevé que sean las administraciones las que determinen el numero de horas en lengua castellana.


Otras recomendaciones del Consejo pasan por una coordinación entre comunidades de las políticas educativas, fijar una financiación del sistema educativo, que las becas sean un derecho subjetivo y se elimine "el adelanto de dinero por parte de las familias" y que toda la ley incluya el concepto de "ruralidad", como garantía de igualdad educativa, social, económica y demográfica.

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