Ryan McMaken expone una solución al problema de la inmigración, dando al sector privado un papel más importante en la decisión de quién viene, y quitando la arbitrariedad planificada centralmente al Estado.
Artículo de Mises.org:
Ahora es común leer los argumentos que afirman que los inmigrantes, en términos generales, son buenos para la economía o buenos para “Estados Unidos” de alguna otra manera.
“Los migrantes y los refugiados son buenos para las economías“, afirma la revista Nature. “La inmigración abierta es buena para la salud de las personas y la economía”, afirma otro escritor. “1.500 economistas a Trump: los inmigrantes son buenos para la economía de los Estados Unidos”, insiste la CNN.
Ahora, no soy de los que defienden la libertad de contratación e intercambio entre ciudadanos estadounidenses y extranjeros. En otras palabras, si un empleador privado desea ofrecer un trabajo a un ciudadano extranjero, ese ciudadano extranjero debe ser libre de aceptar. Del mismo modo, si un propietario estadounidense desea celebrar un contrato de arrendamiento con un extranjero, esa debe ser la prerrogativa del propietario.
Tenga en cuenta que en estos casos, sin embargo, las partes privadas involucradas son individuos específicos. El propietario y el empleador no han celebrado acuerdos con algún concepto vago de “inmigrantes”. Están haciendo negocios con ciertas personas que son inmigrantes.
En el corazón de esta realidad hay un hecho muy importante: los inmigrantes no son homogéneos. Cada persona tiene diferentes habilidades, diferentes necesidades y diferente suerte. Además, los inmigrantes ni siquiera son homogéneos dentro de ciertos grupos nacionales. Un no criminal de clase media de habla inglesa de México claramente tiene poco en común con un asesino de una pandilla del mismo país.
Por lo tanto, no podemos decir que los inmigrantes en general son buenos para la economía o buenos para cualquier otra cosa. Algunos lo son. Algunos no lo son.
Por esta razón, por supuesto, también sería un hecho incorrecto decir que “los migrantes y los refugiados son malos para las economías” o “los inmigrantes causan delitos” o “los inmigrantes son una carga para la cartera pública”. Sin duda, esto es cierto sobre algunos inmigrantes. Pero ciertamente no es cierto para todos ellos. Por lo tanto, cada vez que veo un titular que dice “Los inmigrantes son buenos para Estados Unidos”, me pregunto: “¿Se refieren a todos ellos?”
Pero, ¿cuáles son los vecinos y clientes encantadores, y cuáles son las futuras cargas para el contribuyente?
Este ha sido siempre el problema central de la política de inmigración.
Un enfoque diferente
Contrariamente a los mitos acerca de que Estados Unidos tiene fronteras totalmente abiertas en el siglo XIX, muchos estados de los Estados Unidos emplearon, de hecho, una variedad de planes legales para evitar la entrada de ciertos inmigrantes que se creía que eran pobres que serían una carga para la cartera pública. (Los estados hicieron esto porque la mayoría de las personas en el momento acordaron que al gobierno federal no se le concedió el poder de los asuntos de inmigración). Nueva York y Massachusetts fueron especialmente notables por los esfuerzos para rechazar la entrada de ciertos inmigrantes que se cree que no pueden trabajar.
Estas leyes se remontan a los tiempos coloniales, e incluso a Inglaterra, donde se diseñaron leyes deficientes para evitar que los forasteros se asentaran, sin ser invitados, en una nueva aldea o distrito donde pudieran explotar los recursos de alivio de la pobreza destinados a los locales.
No fue hasta más tarde que los gobiernos federales comenzaron a establecer cuotas generales e incluso a basar las leyes de inmigración en el país de origen en lugar de en los rasgos específicos de los inmigrantes.
Así, a partir de la década de 1880, el gobierno federal comenzó a adoptar cada vez más un enfoque prohibicionista, el caso más notable de los cuales fue la Ley de Exclusión de China de 1882.
Los sistemas de cuotas como este, sin embargo, siempre han olido la planificación central y el anticapitalismo. Participan en la prohibición y regulación generalizada de clases enteras de inmigrantes, independientemente de los deseos o necesidades de los empleadores nativos, las familias y los grupos caritativos que puedan estar interesados en recibir a estos inmigrantes.
Una prohibición generalizada de los inmigrantes del país X es tan compatible con una economía libre como una prohibición de las importaciones del país Y. No es más que un caso en el que los políticos deciden arbitrariamente qué tipo de actividad económica se les permitirá a los estadounidenses participar.
Además, incluso en los días en que los estados intentaron rechazar la entrada a presuntos “indigentes, vagabundos y posibles convictos”, la entrada a veces podría depender del uso de la vinculación. En estos casos, aquellos que intentaron “importar” a los inmigrantes se les exigió que depositaran una fianza en virtud de la cual el estado podría ser compensado en caso de que los nuevos inmigrantes terminaran en libertad, ya sea en prisión o en la casa de los pobres.
Los norteamericanos razonables reconocieron que, si bien algunos inmigrantes pueden generar riesgos para la población nativa, muchos no lo hicieron. Esto, por cierto, es cierto para todas las importaciones, humanas y de otro tipo. Después de todo, las importaciones agrícolas siempre han traído consigo el riesgo de especies invasoras o enfermedades que amenazan los cultivos nativos. La respuesta a estas amenazas ha sido abordar las importaciones riesgosas sin prohibir el bien.
En un contexto moderno, resucitar y enfatizar estrategias como éstas, mientras se evita un enfoque prohibicionista, ayudaría a disminuir el papel del Estado en la vida de los ciudadanos y los migrantes por igual.
Por esta razón, la política de inmigración debería adoptarse para permitir una mayor flexibilidad, libre asociación e intercambio de mercado, al tiempo que se abordan temas como la criminalidad y lo que una vez se llamó “pauperismo”:
- Ingreso acelerado o inmediato para cualquier inmigrante que pierda todo acceso a subsidios y servicios financiados con fondos públicos, incluidas escuelas públicas, Medicaid y programas similares.
- Un programa de patrocinio, unión y “adopción” para individuos privados, empleadores y organizaciones caritativas que están dispuestos a “responder” financieramente por los inmigrantes. En caso de que estos inmigrantes se conviertan en delincuentes o usuarios de fondos públicos, las entidades patrocinadoras serán responsables. Los inmigrantes que no puedan encontrar un patrocinador en estas situaciones serán deportados.
- Abolir los techos de inmigración, pero restringir la entrada a inmigrantes que están patrocinados y en condiciones de servidumbre, han perdido el acceso a programas públicos o pueden demostrar independencia financiera.
El objetivo es permitir una mayor libertad para que los ciudadanos estadounidenses participen más libremente en el comercio y otros intercambios con inmigrantes en todo el mundo, al mismo tiempo que limitan los riesgos para los contribuyentes. Esto también naturalmente limita el volumen total de inmigración, sin límites gubernamentales arbitrarios, ya que los patrocinios y la vinculación estarán limitados por la disponibilidad de recursos privados.
Este plan, por supuesto, no logrará complacer a los entusiastas anti-inmigrantes que simplemente no quieren ninguna libertad de movimiento a través de la frontera. Piensan que sus sentimientos personales sobre la demografía y la cultura estadounidenses justifican el uso del poder del gobierno federal para anular los acuerdos privados y la libre asociación. Por otro lado, este plan también dejará de complacer a los estadounidenses que están dedicados a maximizar la afluencia de inmigrantes por razones ideológicas y políticas. Para ellos, la inmigración es un medio para reformar la cultura estadounidense para que se adapte mejor a sus preferencias. Y cuanto más esté subsidiado por el Estado, mejor. Ambas partes recurren al Estado para forzar sus propias preferencias de inmigración en otros y para anular las decisiones del sector privado, que los activistas de ambas partes desconfían.
Sin embargo, para muchos estadounidenses, sus preocupaciones a menudo se limitan a temores sobre la criminalidad y las tensiones en los recursos financiados por los contribuyentes. Pero al igual que con muchas otras cosas, estos problemas se pueden abordar moviéndose más en la dirección de los mercados privados y permitiendo que los flujos de inmigración sean determinados más por el sector privado, ya sea con fines de lucro o caritativos.
El artículo original se encuentra aquí.
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