El intervencionismo no baja la luz, la sube

Daniel Lacalle analiza cómo el intervencionismo no baja la luz, sino que la sube, mostrando el problema de la política energética española. 

Artículo de El Español: 

Anything's a plan that could be on your mind it could vanish in a tragical way”. Mike Oldfield.

Cada vez que un sistema eléctrico genera desequilibrios por culpa del intervencionismo, llega alguien que propone como solución intervenir más.

En España no aprendemos. Y lo más divertido es que los intervencionistas proponen como solución dos modelos, el alemán o el italiano, que lo que han llevado es a precios de la electricidad más caros y un sistema más ineficiente.

Este es el método. Exagerar un problema, solucionarlo con más intervencionismo y, cuando falla, proponer más intervencionismo y culpar a algún enemigo exterior. 

Primero, exagerar un problema. Decir que la electricidad ha subido un 40% en un año cuando la evidencia es que ha subido en los últimos doce meses un 5,5% y, como explicamos aquí, por culpa de muchas medidas intervencionistas, lean “Sube la luz, políticos no ayuden más”.

Se estima que el Estado ingresará unos 1.150 millones de euros por la subida del precio de las emisiones de CO2, de ellos, ni 750 millones se van a reinvertir en el sistema eléctrico.  Tampoco se va a bajar el IVA de la electricidad, que sigue tratándose como un bien de lujo. Si se bajase el IVA y el Estado usara el ingreso extra por CO2 para ayudar a los consumidores se conseguiría un efecto de bajada real y mesurable, anual, de más de seis veces por encima de lo que los intervencionistas creen que van a conseguir imponiendo más medidas depredadoras.

El mercado español no ha tenido incrementos de precio superiores a los países de nuestro entorno, de hecho actualmente los precios mayoristas en España se encuentran por debajo del mercado europeo. A cierre de este artículo, los precios del mercado del 26 de noviembre de 2018 para el primer trimestre del 2019, mostraban  61,45 euros/mwh para España comparado con 70,7 para Italia, 70,6 para Francia, 73,95 para Reino Unido y 67,1 para Holanda. Es muy típico del intervencionismo imprudente recomendar decisiones de reformar e intervenir el mercado y la retribución de los generadores sobre la base de que el precio del mercado de generación se ha incrementado en unos meses concretos sin mirar el contexto ni el impacto de decisiones similares en otros países.

Tras la exageración, por supuesto, se recupera el mantra de que la subida de precios supone un manantial de beneficios sobrevenidos y mayores márgenes de los generadores nucleares, hidroeléctricos y renovables, que suman tres cuartas partes del suministro (un 68% en 2017).

La metodología aprobada en 2014 para la remuneración de las instalaciones renovables incluye un mecanismo automático para neutralizar las fluctuaciones en el precio del mercado de generación. Por lo tanto las renovables no “se forran” por el incremento de precio. 

La hidráulica y la nuclear, tampoco. Un 85% de la generación de las centrales nucleares y más del 50% de la generación hidroeléctrica está sujeto a contratos bilaterales físicos con precio fijado. Además, la energía nuclear y la hidroeléctrica ya sufren impuestos especiales que llevan a que (en el caso de la nuclear) pague casi todo lo que gana en impuestos.

La mayoría de los consumidores industriales y comerciales y la mitad de los consumidores domésticos están suministradas con contratos con precio fijo, de tal modo que no les afectan las fluctuaciones en el precio del mercado. Son los clientes de la tarifa del gobierno aquellos que están obligatoriamente expuestos a la volatilidad del mercado.

En el caso de las hidroeléctricas, de cada 10 euros que se incrementa el precio de mercado, Hacienda se lleva al menos 6 euros (2,55 de ellos por el impuesto hidráulico, 0,70 del impuesto sobre el valor de la producción, 1,69 por el impuesto de sociedades y 1,06 por los impuestos sobre los dividendos). En el caso de las nucleares, en 2017 el incremento del precio se consumió en un 100% en impuestos.

Introducir más intervencionismo, como ha demostrado Italia -con la mayoría del mercado controlado por empresas estatales o municipales- y Alemania, no solo es contraproducente, sino que retrasa, como ha ocurrido en esos países, la transición energética. Alemania depende más del carbón (lignito) y gas, como explicamos aquí, e Italia, con un sector dirigido políticamente y un mix mayoritariamente de gas e hidráulico, tiene mayores precios de electricidad.

Lo triste es que se den soluciones siempre que cercenan la inversión y las decisiones de capital en nuestro país. Si el gobierno espera 40.000 millones de euros de inversión en tecnologías limpias a 2030, no lo va a conseguir con un sistema en el que se penaliza el eficiente y se introducen constantes aumentos del riesgo regulatorio, que dispara el coste medio de capital y detrae inversión.  Es muy peligroso -como llevamos alertando desde 2007 en esta columna, que se creó precisamente hablando de energía- que siempre se pretenda hundir a un sector a favor de otro para después hundir al favorecido y empeorar en calidad, precio y suministro.

Ya lo dijimos hace unos meses, el abuso en la tarifa eléctrica no es otro que el constante atropello al consumidor desde la planificación central y la política. Una tarifa donde más del 60% son impuestos y costes decididos por los políticos. Hoy pagamos en la factura de la luz las subvenciones descontroladas, los impuestos adicionales, IVA de artículo de lujo y costes regulados disparados.

El burócrata siempre piensa que sus errores los deben pagar los demás, empresas y consumidores, a los que siempre nos dice que tenemos margen. Cuando caen las inversiones y suben los precios, ese mismo burócrata se nos presenta como solución. Fascinante.