Bernat García muestra el gravísimo peaje que habría que pagar el gobierno catalán con un gobierno de la CUP, mostrando lo más destacado de sus promesas electorales.
Una recopilación de disparates que llevan al absoluto desastre en todas y cada una de sus propuestas económicas, y de los que muchos nunca aprenden (pues están muy lejos de entender sus consecuencias, por bien que les pueda sonar)...
Artículo de Expansión:
Cuando un joven diputado catalán amenazó con una sandalia y llamó gángster a Rodrigo Rato, muchos se preguntaron: ¿qué es la CUP? Ahora se lo preguntan más, porque aquel reducto de tres folclóricos parlamentarios se ha convertido en la llave de gobierno en la Generalitat independentista. Las Candidaturas de Unidad Popular, fuerza asamblearia de ascendencia marxista y pancatalanista (Països Catalans), nacieron en la década de los 80 pero empezaron a instalarse con fuerza en los consistorios en 2003. No se andan con chiquitas: defienden la salida del euro, la Unión Europea y la OTAN y hablan de la “fallida” Syriza y la “claudicación” de Tsipras. Su programa electoral pasa por la colectivización de la propiedad privada, la nacionalización de la empresa estratégica y la limitación de las importaciones con aranceles. Estas son sus promesas políticas:
Plano internacional. La CUP “rechaza formar parte de la Unión Europea, el euro, la OTAN y el Euroejército”. En cambio, proponen una “solidaridad internacionalista” que busca como principales socios los siguientes países: Venezuela, Cuba y los países del ALBA (Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América), Colombia, el Sáhara, Palestina, Kurdistán y “Euskal Herría”. En cambio, promueven una relación euromediterránea de “pueblos libres”. Apuestan por una “lucha” contra el tratado de libre comercio, TTIP, y colaborar con las campañas de boicot a empresas transnacionales y Estados que “violan los derechos humanos”.
Modelo económico. El objetivo es “colocar el centro de la economía en las necesidades humanas y el entorno que posibilita la vida”. La CUP promoverá la “colectivización” de la propiedad privada, la “refiscalización” de empresas y capital, y la reversión de las externalizaciones. La apuesta principal es la de cooperativismo al servicio de las clases populares. Todas las concesiones y contrataciones deberán darse prioritariamente a cooperativas.
La banca. “Promoveremos la nacionalización de aquellas entidades financieras sustentadas por el capital público: las entidades nacionalizadas y/o intervenidas serán de propiedad pública y estarán gestionadas democráticamente”. Por otro lado, se propugnará por “la intervención de los consejos de administración de todas aquellas entidades financieras que hayan recibido, de una forma u otra, dinero público”. En este apartado podrían incluirse el grueso de entidades catalanas. Se aboga por la creación de un banco público catalán, y se obligará a todas las Administraciones a depositar parte de sus fondos en entidades “éticas”.
Impago de la deuda. Para “desmantelar la embestida neoliberal”, la CUP quiere una “disposición planificada” para la salida del euro y la UE. Promete romper con “las imposiciones del Estado español” y también de la troika. Para ello se realizará una “auditoría popular de la deuda” para decidir colectivamente. Mientras se hace, la CUP suspenderá “inmediatamente el pago de la deuda y se decretará el impago definitivo de la usura legalizada, hasta resolver las necesidades de las clases populares”. Se potenciará una red de entidades públicas “desobedientes” con la deuda.
Renacionalización. Impulsar procesos de “nacionalización y municipalización de empresas”. Esto incluye quitar de “las élites dominantes del país” la gestión de fuentes de energía, agua y otros recursos naturales, así como infraestructuras y redes de comunicación. Se suspenderán además los procesos de privatización en marcha y recuperación de otros. Aquí se incluye la nacionalización de las concesiones de las vías de peaje gestionadas por operadoras en la actualidad, que pasará a ingresar la Administración. “Renacionalización de los activos estratéticos”. Se aplicará una “moratoria” para los “megaproyectos depredadores”.
Medios de comunicación. Se les reclamará a los medios privados el uso de “la lengua propia de los Països Catalans”, y se impulsará la “creación y consolidación de una agencia de noticias internacional pública”.
Fiscalidad. La CUP aboga por una fiscalidad “centrada en las rentas del capital, las empresariales y las financieras, los poseedores de grandes patrimonios. Se abogará también por un “peaje social” que se aplique a las empresas que prestan servicios energéticos básicos (agua, luz y agua), y las empresas concesionarias de infraestructuras. Aplicación de una renta básica universal.
Mercado laboral. Se promete “el rechazo, boicot y promoción de la desobediencia institucional a las reformas laborales y a la legislación española”, para “construir en un futuro un corpus de derechos laborales que bloquee cualquier tentativa neoliberal”. La CUP exige incluir en la futura Constitución catalana una jornada semanal de 30 horas, un acceso a la jubilación ordinaria a los 60 años, y la posibilidad de tomar un año sabático pagado por cada 10 años trabajados, con derecho al puesto de empleo. Se prohibirán además las empresas de trabajo temporal y las agencias privadas de colocación. Prohibición, por supuesto, del despido libre.
Policía y prisiones. El partido reclama una “reducción radical del presupuesto destinado al orden público; supresión de la BRIMO (Brigadas Móviles), entre otras. También se creará un “órgano de control ciudadano de los mandos policiales”. Además se “trabajará por la expulsión de la Guardia Civil y la Policía Nacional”. También habrá una “eliminación progresiva del armamento letal”. El modelo penal de la CUP rechaza la privación de la libertad como punición, y solo lo aplicaría en casos “extremos de riesgo grave de actuaciones criminales”.
Alquiler. Se regulará el precio del mercado privado del alquiler y se limitarán las subidas “indiscriminadas” de renta, para que en ningún caso se destine más del 30% de la capacidad adquisitiva. Además, “hay que detener la venta de suelo público” y evitar que “los fondos buitre adquieran patrimonio”. Además, “prohibición inmediata de todos los desahucios de alquiler, hipoteca o ocupación por motivos económicos”. Su Gobierno obtendrá pisos vacíos “por la vía de la cesión obligatoria”.
Sociedad. “Ante la actual ofensiva neoconservadora, integrista católica, homófoba, transfóbica y sexista”, “perpetuando así el sistema patriarcal y capitalista”, la CUP hará efectivo “el aborto libre y gratuito”.
Energía. Desmantelación total de las centrales nucleares, hacia un modelo de renovables. Ello implica una reducción del uso energético: con una reducción “drástica” en el “ocio privado y elitista, campos de golf, piscinas”. Los sistemas de producción y distribución energéticos deberán ser públicos o gestionados por cooperativas ciudadanas.
Comercio y agricultura. La CUP promete “tierra para todos” y proteger “la estructura minifundista”. Además reclama “limitar las importaciones como acto de soberanía”, y propone la creación de aranceles a la entrada de alimentos del exterior.
Efectivamente, si la independencia no saca finalmente a Cataluña de la UE, puede que la CUP lo haga.
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