Mirar al dedo

Antonio Salazar sobre el esperpéntico caso de la abuela de Fuerteventura, la reflexión que hay que llevar a cabo sobre la intrusiva legislación cuyos burócratas responsables nunca asumen las consecuencias de sus constantes disparates, y la responsabilidad de la sociedad para que esto ocurra, sin entender sus causas.

 

Artículo de ABC:

 

Un principio básico de cualquier sociedad que aspire a una convivencia pacífica es la existencia de un marco jurídico estable, seguro, previsible e igual para todos. Es claro que no nos encontramos en ese tipo de sociedad y no hay que volverse locos para demostrar el aserto. El asunto de la abuela de Fuerteventura es paradigmático.

 

Condenada a prisión por negarse a derruir una construcción en su propiedad (sí, en su propiedad), el clamor popular consiguió que fuese liberada. Incluso, el desideratum, algunas formaciones —PSOE o Podemos— solicitaban que se prevaricase para proceder a su excarcelación, mas no criticaban las normas urbanísticas y de planeamiento absurdas que la llevaron a prisión, creadas en este país con el fin de conseguir subordinar la propiedad privada a mera concesión administrativa. 

 

Lo que se argüía era lo injusto que resultaba para una persona en las condiciones de Josefa ingresar en prisión. La solución, además del indulto, no pasaba, decían, porque recuperara su propiedad, respetando las decisiones que pudiera ella tomar en su terreno y sin afectar a terceros, sino buscarle una vivienda social con la que ser compensada.

 

Obviamente todo esto nos debería llevar a una reflexión porque no parece muy normal que se hagan normas y se excluya de su cumplimiento a determinadas personas según su posición social. Peor aun, que se legisle pensando en dañar a objetivos concretos —empresarios, cadenas hoteleras— para terminar observando cómo los que pueden terminar afectados son personas sin posibles para defenderse legalmente.

Lamentablemente, el caso de Josefa lo hemos desaprovechado una vez más para poder cuestionar la legislación soviética que existe en Canarias sobre el suelo, dictada por unos burócratas planificadores que jamás han de asumir las consecuencias de sus disparates y que creen tener una primacía moral para determinar en qué momento es más importante la flora o fauna de este archipiélago que los proyectos vitales de personas humildes como Josefa.

 

La solución no puede ser una vivienda social; es inaceptable observar la cara de compungido del presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, mientras acompañaba a la pobre señora, como si aquella institución no hubiese tenido nada que ver con el fondo (y las formas) del asunto.

Un nuevo espectáculo de una sociedad perezosa incapaz de entender ni atender las razones por las que estas cosas pasan. Que brama si se indulta a un empresario, pero que se moviliza si ese mismo tipo de delito se le imputa a quien no lo es. Es la norma la que está mal, pero preferimos mirar al dedo.