sábado, 19 de septiembre de 2015

Los funcionarios recuperarán desde mañana todos los «moscosos» y días libres suprimidos y se les abonará la paga extra

Otra cesión ante otro lobby, en este caso el funcionarial, en perjuicio del conjunto de los ciudadanos y su poder adquisitivo y rentas.
 
Otra muestra más de lo que es la política, el arte de robar a unos para dárselo a otros y robar a otros para dárselo a unos para conseguir apoyos políticos y mantenerse u obtener el poder.
 
La política es una lucha entre grupos de presión y poder para obtener mediante leyes intrusivas y que atentan contra las libertades y las propiedades de las personas, es decir, mediante la violencia y la coacción beneficios propios a costa de los intereses del conjunto de la sociedad. El empleo de las herramientas del Estado para obtener rentas que no provienen de un intercambio voluntario (lo que ocurre en un mercado libre) sino de imposiciones, presiones y uso de la fuerza. La preeminencia de la coacción frente a la voluntariedad, la preeminencia del Estado ante el mercado, la preeminencia de la imposición a la libertad, la preeminencia de un juego de suma cero ante un juego de suma positiva. La preeminencia del egoísmo negativo ante el egoísmo positivo (del que ya hablara Adam Smith). La preeminencia del robo al intercambio voluntario y doblemente satisfactorio. La preeminencia de la injusticia (muchas veces mal llamada social) a la justicia real. La preeminencia del sometimiento del ciudadano al poder político y a los grupos de poder y presión. La preeminencia del servicio del ciudadano cual súbdito al servidor público frente al sometimiento del político y funcionario público al servicio del ciudadano que es quien le paga y del cual vive.
 
En definitiva, otra muestra más del estatismo creciente al que está sometido el ciudadano, que se queja de sus consecuencias, pero que sigue demandando más sin querer cambiar sus causas, pues el éxito de la propaganda proestatal sigue calando década a década en el ciudadano, cada vez más perdido y confuso (y defraudado por falsas promesas), especialmente cuando es consciente de que puede sacar dádivas y beneficios parciales y rápidos aprovechándose de las mismas herramientas del Estado en su favor, en una constante guerra de intereses entre unos grupos y otros y en perjuicio de todos, especialmente los grupos no organizados y más débiles, pues las guerras no llevan a otra cosa que miseria generalizada.
 
Y sirve como muestra evidente también de la generalizada hipocresía entre aquellos de critican a unos lobbies (empresariales, financieros, políticos, sindicales...) mientras defienden exactamente lo mismo si les beneficia a ellos mismos.
 
Pero esta es la consecuencia natural de la creciente intromisión del poder político en todos los ámbitos de la sociedad civil, de la creciente regulación y burocratización de la sociedad, tendente NO a simplificar y clarificar los ámbitos de convivencia y de protección de los derechos naturales de las personas (derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad de expresión, a la libre asociación, a la integridad personal...), sino a atentar contra dichos derechos centrándose NO en asegurar éstos, sino en crear o conceder otros artificiales y que son incompatibles con los primeros, pues implican transgredirlos.
 
Pero desgraciadamente seguimos yendo en la dirección errada...
 
En este sentido, el gobierno (PP) cederá una vez más a la presión de otro lobby (con el dinero de terceros para intentar ganar su apoyo electoral, que no es otra cosa que el fin de un partido político) concediéndole la recuperación de todos los días de libre disposición previos (moscosos -6 días-, días adicionales de vacaciones -hasta cuatro días-, días de permiso por antigüedad...), más la recuperación del 26% ya de la paga extra del 2012 (recortada por la quiebra técnica del insostenible tamaño del Estado, precisamente por inflar el tamaño del Estado y el gasto público muy por encima de la capacidad de la economía privada española y que sufren a sus espaldas contribuyentes y empresas con crecientes impuestos, tasas, multas, licencias, deuda pública...provocando el cierre masivo de empresas, despido de trabajadores, el encarecimiento y mayores dificultades para realizar una actividad económica (y generar riqueza), los menores salarios del sector privado...
 
Y especialmente cuando la crisis ha desangrado al sector privado, dejando prácticamente intacto al público.
 
Así con datos de Hacienda (sin Navarra y País Vasco) entre 2008 y 2014, el sector privado (que sostiene con sus impuesto al público) perdió 2 millones de trabajadores (-16,4%), frente al público que perdió 92.000 solamente, o un 3,6% (más esfuerzo para los cada vez menos trabajadores que se mantenían).
Y por supuesto, los salarios en el sector privado cayeron en mayor medida que los salario públicos, prácticamente intactos (y además recuperan lo escasamente perdido, que es imperceptible en el conjunto de años, que tendrán que ser proporcionados exprimiendo aún más al sufrido contribuyente, tras subidas de impuestos del IRPF continuas llevadas a cabo por el PSOE y el PP para mantener el chiringuito público). Lo que se observa bien al observar la evolución de las bases imponibles del IRPF, que muestran cómo el volumen de sueldos públicos sujetos a retención bajó tan sólo en 3.400 millones, casi un 4% menos, mientras que los privados se hundieron en unos 53.000 millones (-18,8%).
Y a esto se le añade que los sueldos en el sector público son tremendamente superiores, cerca del 30% superiores a los del sector privado (¿no queríamos igualdad salarial y distribución de rentas y no élites extractivas?).
 
Pero algunos pretenden hacer ver hipócritamente y por intereses personales que la factura de la crisis la ha padecido el empleado público, y no el sector privado...
 
Pero como todo lobby tiene que creerse sus propias mentiras y justificarse para defender sus intereses personales, que en ningún caso coinciden con los de la sociedad...
 
Se hace eco de esta nueva cesión el siguiente artículo.
 
Artículo de ABC:
 
Los funcionarios recuperan desde este sábado 19 de septiembre todos los días de libre disposición, los denominados moscosos, días adicionales de vacaciones y días de permiso por antigüedad recortados por el Gobierno desde 2012. Estas libranzas se podrán disfrutar hasta el 31 de enero -hasta ahora extendía al 15 de enero- para que no haya problemas en la prestación de servicios y se consolidan para años sucesivos, tal y como ha publicado hoy el BOE.
 
La resolución incluye la devolución íntegra de los seis moscosos de los que se disponían antes de 2012, hasta cuatro días adicionales de vacaciones en función de la antigüedad.
 
Con 15 años de servicio se tendrán 23 días hábiles de vacaciones (uno más de los establecidos con carácter general), mientras que con 20 años de servicio se dispondrán de 24 días hábiles de vacaciones; con 25 años de servicio se tendrán 25 días de vacaciones, y con 30 años o más, se dispondrá de 26 días hábiles de vacaciones.
 
Para el sindicato de funcionarios CSIF, esta resolución "sin duda va en la buena dirección", aunque han confiado en poder completarla con nuevas medidas dirigidas a favorecer la conciliación de la vida familiar (bolsas de horas), flexibilidad para situaciones de enfermedad o violencia de género, o eliminar los descuentos en la nómina por baja médica.

En un comunicado, CSIF ha asegurado que va a mantener negociaciones con la Administración a lo largo de los próximos días, intensificando los contactos para incluir nuevas mejoras para los empleados públicos durante el trámite de los presupuestos generales del Estado para 2016, que inician ahora su trámite en el Senado.
 
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, confirmó la semana pasada que el abono del 26% de la paga extra, suspendida en 2012, será abonada "a principios de octubre" y que el resto de la extra será devuelta en dos partes en 2016, tal y como recogen los Presupuestos.
 
Montoro puntualizó que el contenido del Real Decreto afectará a la Administración General del Estado, pero también se dará disponibilidad al resto de administraciones territoriales para que puedan llevarla a cabo

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